Redacción Análisis Urbano
(Segunda Parte)
Desde hace años, Análisis Urbano viene denunciando el comportamiento irregular y negligente que ha acompañado el accionar de José Ángel Mendoza Guzmán, comandante de la Regional N. 6 de la Policía Nacional, y antes comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Comportamiento que sólo ha dejado una estela de abusos, falsos positivos, y comentarios ligeros que han comprometido la integridad de los desafortunados que han sido víctimas de su labia.
Al brigadier general, que no le gusta ser contrariado y contar de evitarlo pasa por encima de las altas cortes y hasta de la Fiscalía. Ejemplo de lo anterior ocurrió con el supuesto atentado del que iba a ser víctima el alcalde de Itagüí, hace un año, en octubre de 2014.
De acuerdo a la Fiscalía, organismo dedicado a la investigación judicial, aseguró que miembros de la estructura criminal conocida como La Unión, y que tiene el control territorial de Itagüí, pretendía infiltrarse a un evento social de personas de la tercera edad, y con un bastón alterado y convertido en una especie pistola artesanal 9 milímetros, pretendían atentar contra el alcalde de dicho municipio.
No obstante, Mendoza, comandante entonces de la Meval, en contravía de lo afirmado por el órgano per sé de investigación del país, afirmó: “No entendemos de donde aparece la connotación de que se tratare de un ataque directo al señor alcalde de Itagüí”. A micrófono cerrado, supuestamente, el comandante, con su ligereza, continuó desmintiendo a la Fiscalía desestimando así las amenazas existentes contra la vida de dicho mandatario.
El comandante en ese momento no entendió la función investigativa de la Fiscalía, función que si tuvo clara cuando se presentaron las capturas de alias Fredy Colas, ya que en ese instante sí entendió, y al parecer, para él era la Fiscalía la única responsable de la investigación y judicialización del criminal.
Mendoza viola derecho a la información y desobedece lo ordenado por un tribunal
AnálisisUrbano.com, que bien se sabe es un medio alternativo de difusión de información que también hace parte de la ONG Corpades, venía haciendo un estudio del índice de muertes violentas de Medellín y el Valle de Aburrá para entender y dar a conocer a la opinión pública si realmente estaba bajando este tipo de criminalidad en la ciudad, para lo cual se tenía como fuente primaria la información oficial emitida por boletines o funcionarios de la Meval, Medicina Legal y secretarías de Gobierno y Seguridad. En el mes de marzo de 2014 se encontró una inconsistencia en la cifra de este tipo de muertes, públicamente se hablaba de disminución pero los números reflejaban otra cosa. Entonces se emitió una publicación en la que se cuestionaba qué pasaba.
La publicación tuvo eco en la opinión pública, pero generó escozor al interior de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Así que la Meval, que suministra boletines informativos a todos los medios de comunicación sobre estos sucesos ocurridos en el territorio, el 5 de abril de 2014 dejó de enviarle boletines informativos a Análisis Urbano, violandole a este medio el derecho a la información.
La Corte Constitucional dejó claro que la publicidad de documentos evita la arbitrariedad y garantiza la transparencia en las actuaciones de las autoridades. No obstante, cuando se formuló un derecho de petición a la Policía Nacional, el que se cuestionaba por qué la información suministrada dejó de llegar, el brigadier general José Ángel Mendoza, comandante entonces, con vanidad dictatorial y asumiéndose exento de la ley, pasó por encima la Corte, y siguiendo el mandato de su capricho respondió “No se volvió a suministrar la información, toda vez que se pudo establecer un uso inadecuado de la misma”.
Desde Analisisurbano.com, y asumiendo la vocería de otros medios a quienes también se les han vulnerado su derecho a la información sólo por hacer un seguimiento al, muchas veces extraño, comportamiento de la fuerza pública, se inició una defensa por el derecho a la información, cuestionando además el comportamiento del comandante.
Desde las instalaciones de este medio se decidió entabla una tutela para restablecer el derecho violentado, pero José Ángel Mendoza, en una actitud ridícula, no accedió al envío de información argumentando que “corresponden a información de personas de interés particular sólo de interés del titular de la misma”; aunque el boletín llegaba a todos los periodista judiciales de Medellín y correos generales de medios de comunicación.
De tal forma que el 30 de julio de ese año, el Administrativo de Antioquia emitió la sentencia S1-048, donde el magistrado ponente, Álvaro Cruz Riaño, ordenó “al Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá que permita el acceso a la información solicitada por el Director General de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, consistente en los boletines de prensa que son emitidos de forma diaria”.
No obstante, Mendoza, burlándose del mandato accedió a dar la información pero anotó que ésta debía recogerse en instalaciones de la MEVAL porque no sería enviada por medio de boletines electrónicos, tal como lo hace con el resto de medios de comunicación de la ciudad. (La historia completa puede leerse aquí)
De tal forma, la conclusión fue: Análisis Urbano debía ir todos los días a recoger la información en sus dependencias; el único medio que ha denunciado constantemente la connivencia de un sector de la policía con el crimen, por capricho del general, debía exponerse todos los días.
¿Estableció el general red de informantes para capturar estudiantes de la UIS?
De acuerdo a las denuncias recibidas por Análisis Urbano, José Ángel Mendoza cuando fue comandante de la Policía en Bucaramanga, también fue famosos por su política de crear red de cooperantes a sueldo.
Al parecer, en el año 2011, Mendoza se habría reunido con el entonces ministro de Defensa Rodrigo Rivera y juntos, supuestamente, habrían acordado la política en la que se les ofrecería 50 millones de pesos a la comunidad para que delataran a estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS) que hicieran parte de manifestaciones.
Situación delicada si se tiene en cuenta que esta institución tiene un pasado ligado al paramilitarismo, pues su rector, Jaime Camacho, tenía conversaciones y acuerdos con los paramilitares. La pacificación de la universidad habría sido ordenada a este grupo ilegal. Épocas en las que Mendoza comandaba la policía en Bucaramanga.
¿Por qué fue llamado el presidente de Corpades a Bogotá?
Una de las inquietudes que más preocupa al interior de este medio de comunicación es por qué un alto mando de la Policía Nacional citó a sus instalaciones a Luis Fernando Quijano Moreno, analista e investigador del conflicto urbano, director de Análisis Urbano y presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades.
La cita se llevó a cabo en la Dirección General de la Policía en Bogotá, y una vez allí, Quijano fue interrogado por el directivo policial quién sin ningún reparo le pregunto al investigador si era cierto que él en compañía de fiscales y miembros del CTI de la Fiscalía General de la Nación, actuando como fuentes de Análisis Urbano, estaría organizando la presentación de una investigación periodística donde se mostraría con pruebas documentales, fotos y un vídeo la presunta relación del alto oficial con uno de los narcotraficantes más peligrosos, poderosos y de bajo perfil en el bajo mundo del Medellín metropolitano, al cual se le conoce con el alias del ‘Diablo’ o ‘Demonio de la tinta’, apodo que se ganó debido a que tiene fama de cobrar en esta vida o en la otra las deudas de la mafia.
El director de Análisis Urbano argumentó que conocía la existencia del mencionado criminal y tenía adelantada una investigación sobre él, pero que hasta ese momento no tenía claridad sobre la relación del general con el criminal.
Por su parte cuestionó quién estaba detrás de ese rumor cuyo único fin era el de empeorar su situación de seguridad, y crear animadversión con directivos policiales a nivel nacional.
Al parecer, el general de la cita habría dicho que quien estaría detrás de la falsa acusación supuestamente era José Ángel Mendoza, comandante entonces de la Meval. Entre los citados se llegó a la conclusión de que esta sería una posible estrategia de Mendoza para bajar la presión que le estaba ocasionando la veeduría que desde Análisis Urbano y Corpades se le hacía.
Ahora bien, un oficial que, supuestamente, es capaz de poner en riesgo la vida e integridad no sólo de uno, sino de varios personajes del Valle de Aburrá, porque con sus investigaciones y denuncias sólo desmienten los falsos positivos que argumenta en sus declaraciones, no es un general digno de acceder a ningún cargo directivo de la Policía Nacional.
Así mismo, en el segundo semestre del 2014, el trabajo de investigación realizado sobre las Convivir y su alianza con un sector de la institucionalidad, y en especial con oficiales de la policía, llevó a que se conociera de un supuesto plan para atentar contra Luis Fernando Quijano.
El atentado se ejecutaría de la siguiente forma: un grupo de hombres con uniforme de la policía y con motos gemelas realizarían un retén en el cual neutralizarían a la escolta del defensor de derechos humanos antes de que se bajara de los vehículos. En jerga criminal, “neutralizar” significa asesinar, así que luego de asesinada la escolta, los falsos policías darían muerte al protegido. De acuerdo a las indagaciones, los uniformes serían aportados por un coronel y un mayor de la policía porque la escena debía absolutamente veraz, de otra forma la escolta de ningún modo haría un pare ante el retén.
Sobre esta situación se habló en la reunión con el alto oficial en Bogotá y la sorpresa fue mayor cuando surgieron los nombres de quienes podrían andar en malos pasos en la institución policial, en otras palabras en connivencia con el crimen: los nombres dados por el general coincidían con el de un coronel y un mayor de la inteligencia de la Policía que reposaban en las investigaciones que adelanta Corpades.
No debe dejarse de ver que un alto oficial directivo de la Policía Nacional y residente en Bogotá conoce de estos casos de corrupción y, al parecer, José Ángel Mendoza, los ignora porque no ha aplicado correctivos necesarios para depurar la institución. O de qué otra forma se explicaría que estos oficiales corruptos sigan perteneciendo a la policía. Un error más que debe asumir el antiguo comandante de la Meval, ahora director de la Regional 6.
Estos son tan sólo algunos de los ejemplos de la larga estela confusa y de abusos que persigue al mayor general General José Ángel Mendoza. El presidente Santos está a tiempo de impedir cualquier nombramiento indigno para este uniformado, que por demás, debería estar investigado por la víctimas mortales que ha dejado su negligencia e incapacidad de reconocer el control criminal que hace rato tiene cooptado al Valle de Aburrá.
Espere la tercera parte
Las ligerezas del Mayor General Mendoza
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