Los activistas colombianos víctimas de la “violencia” de su propio Estado

Protesta social en Medellín, foto Jorge Chávez.
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Madrid, 15 junio de 2022.- “Yo soy un caso de esos ataques en los que el actor que ataca es el mismo Estado”. Así denuncia la coordinadora general y estratégica del Colectivo Mujeres al Derecho de Colombia (COLEMAD), Luz Estella Romero, la “violencia” que el Estado de su país ejerce contra las activistas de los derechos humanos y la paz.

“Desde 2012, somos una organización perseguida por ejercer la defensa de los derechos humanos. Trabajamos por defender esos derechos económicos, sociales, ambientales y territoriales que toda una criminalidad organizada, que incluye al Estado, nos ha intentado arrebatar”, relata a Efe la abogada en una entrevista en Madrid.

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Natural de Barranquilla, Romero lleva diez meses en el País Vasco (norte español) con el estatus de protección internacional temporal concedido por España, tras abandonar su país en 2021 a consecuencia de las persecuciones y amenazas que recibió junto a su familia.

Sin embargo, no pierde la esperanza de regresar a su hogar tan pronto como el “Estado colombiano” le garantice que puede hacerlo en condiciones de seguridad.

“Este año, el colectivo ha emitido tres alertas tempranas en las que advertimos que las mujeres activistas y constructoras de la paz están amenazadas”, lamenta la letrada, al tiempo que agrega que “los violentos tienen un poder que supera” a su “sistema de autoprotección”.

Sobre la función de protección de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano, Romero lo tiene claro: la respuesta que obtuvo a las denuncias que interpuso trajo consigo un “aumento de la persecución”.

“PREVENIR PROTESTAS SOCIALES”

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La jurista asegura que Colombia se encuentra bajo un gobierno que “ha generado todo un marco de políticas públicas y legislativas con normas totalmente ilegales e inconstitucionales”, que contravienen los tratados internacionales ratificados por el país, en aras de darle “más poder“ a sus fuerzas armadas para “prevenir protestas sociales”.

Incluso acusa al Estado de ser el responsable de casos de “violencia sexual contra mujeres que estaban ejerciendo su derecho a la protesta” cuando fueron llevadas a las CAI (comisarías), que fueron filmados por los mismos uniformados, según asegura.

“Cuando tus fuerzas violan el resguardo de la ciudadanía y tus mismos efectivos, uniformados o no, ejercen actos de este tipo, evidentemente hay una responsabilidad estatal en ese ejercicio criminal de la violencia”, sentencia.

Al mismo tiempo, denuncia que en regiones rurales y zonas como el Caribe, el Estado no solo “no existe”, sino que “subroga y entrega el ejercicio del control territorial a bases militares, policiales y del paramilitarismo que sigue vivo”.

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“En las regiones colombianas del Caribe y el Pacífico -ilustra-, la disputa por la tierra y la riqueza es causa y efecto del conflicto armado, y en el caso de la violencia contra las mujeres, desafortunadamente, es una historia de tiempos de paz y de tiempos de guerra que permanece”.

ACUERDO DE PAZ Y PANORAMA ELECTORAL

Sobre la aplicación del Acuerdo Final de Paz de 2016, entre el Estado y las FARC, Romero insiste en que “muy poco se está cumpliendo”, en tanto que “las propias alocuciones del Gobierno nacional son contradictorias”.

Añade, por el contrario, que “lo que necesita el país es transitar hacia una realidad efectiva y transformadora desde las bases”.

Al mismo tiempo, la jurista apunta que muchas de las mujeres a las que respalda COLEMAD “en procesos judiciales de reclamación de la restitución de los derechos” y que buscan “la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición” caen en manos de “funcionarios locales y nacionales, donde son revictimizadas por la misma metodología que imparte el Estado”.

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“El hecho de que no sean escuchadas es en sí mismo es una violación de la participación. Esta (la participación) tiene que ser deliberativa e inclusiva y debe tener las voces de las mujeres. Mientras esto no sea así, no habrá verdad, justicia y reparación con justicia de género”, deduce.

Ante la inminente celebración de segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el próximo 19 de junio, entre el izquierdista Gustavo Petro y el independiente Rodolfo Hernández, la activista reconoce que “ninguno de los candidatos representa todavía una agenda de los derechos de las mujeres”. Actualmente, el presidente es el derechista Iván Duque.

No duda que “es mejor (un presidente) que sea progresista, que respete el marco del Estado Social de Derecho y los tratados internacionales”.

Sin embargo, admite que la situación de las mujeres “no la va a resolver un presidente en un país en el que hay todo un entramado que se generó para crear inequidad y en el cual las mujeres han sido instrumentalizadas o invisibilizadas del todo”.

Maribel Arenas

EFE

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