Al menos seis defensores ambientales han sido asesinados en distintos países de América Latina desde que la OMS declaró la pandemia. El proyecto investigativo Tierra de Resistentes recogió una base de datos con 2.367 hechos victimizantes en los últimos once años (2009-2019) y 29 reportajes sobre la vida de quienes defienden la naturaleza.
La violencia no se fue de cuarentena”. Esa frase, repetida por líderes sociales y ambientales en Colombia, es tristemente cierta en muchos países de América Latina. Al menos seis defensores ambientales han sido asesinados en distintos países de América Latina desde marzo 11, fecha en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la enfermedad como una pandemia.
Esta cifra evidencia cómo, a la preocupación de muchas de estas comunidades por la posible llegada del Covid-19 a regiones rurales con precarios servicios médicos y limitada presencia estatal, se suma la persistencia de la violencia. Esto a pesar de que una de las claves para reducir la transmisión de muchas enfermedades infecciosas es justamente, según vienen planteando varios científicos, preservar los ecosistemas como los que estos líderes cuidan y defienden.
Defender las selvas, montañas, bosques y ríos de América Latina nunca había sido tan peligroso. Seis de los 10 países más hostiles para líderes y comunidades que defienden el ambiente y sus tierras ancestrales citados en el informe que el Relator Especial Michel Forst presentó a Naciones Unidas en 2016, están en América Latina. Por eso, un equipo de 50 periodistas, desarrolladores y foto/videógrafos de diez países (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú y Venezuela) se juntaron para indagar sobre episodios de violencia contra líderes ambientales y sus comunidades.
El resultado de este proyecto investigativo es una base de datos con 2.367 hechos victimizantes en los últimos once años (2009-2019) y 29 reportajes en profundidad.
Indígenas sitiados en Brasil, Perú y Colombia
El mes desde que se declaró la pandemia ha sido igualmente letal para los indígenas en los países de la cuenca amazónica. El 31 de marzo fue asesinado Zezico Rodrigues Guajajara, un respetado líder del pueblo guajajara que vive en el territorio indígena de Araribóia, en el estado amazónico de Maranhão, en Brasil.
Zezico regresaba a su aldea de Zutiwa en moto cuando desconocidos armados con una escopeta lo atacaron, según reportó el portal Amazônia Real. Aunque no hay mayor información sobre los autores, las sospechas recaen sobre madereros ilegales locales que lo habían amenazado en el pasado, según la ONG Amazon Watch que trabaja en la región.
Este líder, que es el quinto indígena guajajara asesinado en cinco meses y había sido recientemente electo coordinador de la Comisión de Jefes y Líderes Indígenas del Territorio Indígena de Araribóia (Cocalitia), era uno de los promotores históricos de los Guardianes del Bosque, un grupo de 120 voluntarios indígenas que protegen el territorio de Araribóia de la tala y el comercio ilegal de madera. También se le reconoce por proteger al pueblo awá-guajá, que vive en aislamiento voluntario dentro del mismo territorio de Araribóia.
Datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) apuntan a que el estado de Maranhão es el líder nacional en conflictos rurales, con 2.539 casos entre 1990 y 2018. En cuanto a los indígenas guajajara, 49 han sido asesinados en Maranhão desde el año 2000 – sin que ningún crimen haya sido solucionado.
En Perú también se registró el asesinato de un indígena. El 12 de abril, un disparo acabó con la vida de Arbildo Meléndez Grandes, jefe de la comunidad nativa de Unipacuyacu, en el límite de las regiones de Ucayali y Huánuco. Fue asesinado por uno de sus nuevos trabajadores, que lo ayudaba en un proyecto de reforestación, mientras cazaba en el monte para abastecer a su familia.
“Desde que asumió el cargo ha recibido amenazas”, dice su esposa Zulema Guevara Sandoval, en una conversación con Mongabay Latam. Cuando lo nombraron presidente de Unipacuyacu, Meléndez decidió impulsar la titulación del territorio comunal, un pedido que permanecía sin ser atendido por más de 20 años. Esta labor resultaba incómoda para los invasores a los que solía enfrentar constantemente y que querían introducir cultivos ilegales de hoja de coca en su territorio. Unipacuyacu es una de las comunidades indígenas que defienden su bosque del narcotráfico y de mafias ilegales que siguen operando a pesar de mantenerse vigente el estado de emergencia en Perú desde mediados de marzo.
Las cosas están igualmente complejas en Colombia. El 23 de marzo fueron asesinados Omar y Ernesto Guasiruma Nacabera, dos indígenas embera de la comunidad de Buenavista, en el departamento de Valle del Cauca. Esa noche, según documentó Mongabay Latam, desconocidos llegaron a su casa en zona rural del municipio de Bolívar y los invitaron a una supuesta reunión urgente. Les dispararon a 20 metros de la puerta y huyeron dejando heridos de gravedad a otros dos familiares.
Otro pueblo indígena, los embera del resguardo Pichicora Chicué Punto Alegre-Rio Chicué, en el Pacífico colombiano, están atrapados en medio de las balas desde el 3 de abril por el enfrentamiento entre dos grupos armados. Uno de éstos, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), teóricamente decretó un cese al fuego durante todo abril, pero su enfrentamiento armado con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) ha significado el confinamiento total de estos indígenas que viven en el municipio de Bojayá, en el departamento de Chocó. Los embera reportado la explosión de 10 granadas y tienen prohibido resguardarse en otras poblaciones.
El covid-19 subraya la importancia de los defensores ambientales
El hecho de que los ataques continúen en medio de la expansión del Covid-19 es revelador por otra razón: justamente la magnitud de esta crisis de salud pública está subrayando el rol que puede haber jugado la degradación ambiental en su transmisión y, por ende, la importancia de la labor de los defensores ambientales.
Aunque todavía hay mucho por entender sobre cómo este nuevo coronavirus generó una pandemia y una recesión económica igualmente extendida, hay varios indicios que apuntan a la acelerada pérdida de ecosistemas como un factor de peso.
Muchos científicos están señalando que hay una relación entre la transformación de hábitats y la pérdida de biodiversidad, motivada por la construcción de vías, la minería o la expansión de la frontera agropecuaria para producir alimentos, y la proliferación de especies que pueden propagar los virus zoonóticos a los humanos.
“Los científicos nos advierten que la deforestación, la agricultura industrial, el comercio ilegal de vida silvestre, el cambio climático y otros tipos de degradación ambiental aumentan el riesgo de futuras pandemias, elevando la probabilidad de graves violaciones de los derechos humanos”, advirtió en abril David R. Boyd, el relator especial de Naciones Unidas para el medio ambiente y especialista en gestión de recursos naturales.
La evidencia sugiere que la pérdida de biodiversidad con frecuencia aumenta la transmisión de patógenos y que justamente reducir la prevalencia de enfermedades infecciosas es un servicio que prestan los ecosistemas más biodiversos, planteó un estudio publicado en 2010 en la revista Nature por trece científicos de nueve universidades y tres institutos científicos.
“La propia biodiversidad parece proteger en muchos casos a los organismos, incluidos a los humanos, de la transmisión de enfermedades infecciosas. La preservación de la biodiversidad en estos casos, y quizás en general, puede reducir la incidencia de los patógenos establecidos”, concluyó el equipo liderado por Felicia Keesing, una ecóloga de Bard College especializada en enfermedades infecciosas.
Esa pérdida de biodiversidad está fuertemente ligada a la deforestación y a la destrucción de ecosistemas para ampliar hatos de ganado vacuno o cultivos industriales de soja o palma de aceite, que son algunas de las materias primas que los países de América Latina han convertido en el eje de sus exportaciones.
Por ejemplo, en la región norte Brasil, que abarca los estados amazónicos, el censo de cabezas de ganado creció un 22% en una década, en comparación con el 4% promedio del resto del país, según una investigación de nuestro periodista Gustavo Faleiros para Infoamazonia y Diálogo Chino.
Los datos demuestran que parte de ese acelerado crecimiento de la ganadería se explica porque el sector se ha convertido en un poderoso motor de deforestación. Un informe de la iniciativa Trase, un consorcio de investigadores que se dedica a estudiar el impacto de los commodities, mostró que la exportación de carne de res genera una deforestación de entre 65 y 75 mil hectáreas por año en Brasil. De ese total, 22 mil hectáreas fueron atribuidas a exportaciones realizadas hacia China, el primer comprador de carne brasilera hoy.
Ese cambio en el uso del suelo y esa fragmentación de ecosistemas, ocasionados por el reemplazo de bosques y cobertura vegetal por cultivos extensivos, crea oportunidades para la transmisión de la malaria y otras enfermedades ocasionadas por parásitos zoonóticos, encontró otro estudio del año 2000 hecho por cuatro investigadores de la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins.
“En otras palabras, nuestro creciente apetito mundial alimentará las poblaciones de las especies mejor diseñadas para matarnos con nuevos virus”, dice con agudeza Georgina Gustin en un reportaje del portal InsideClimate News. En una de las regiones más biodiversas del mundo, donde la pérdida de biodiversidad es un reto tan grande como los efectos del cambio climático, los defensores ambientales se convierten en un activo invaluable.
Comúnmente son vistos por algunos sectores sociales como opositores al desarrollo económico, cuando en realidad estos líderes y estas comunidades están protegiendo ecosistemas que ya prestan servicios fundamentales, desde provisión de agua hasta calidad del aire, al resto de la sociedad. A esa lista se podría añadir, según el estudio de Keesing y colegas, la posible prevención de transmisión de virus zoonóticos.
Esto demuestra que con frecuencia son mejores guardianes de ese patrimonio colectivo que los propios gobiernos, los militares o los policías.
Tomado de El Espectador
