El estallido social chileno hizo este viernes una exhibición de músculo, después de unos días de tibieza, con una masiva marcha en el centro de Santiago que estrecha el cerco sobre el presidente Sebastián Piñera, que no encuentra la manera de apaciguar una crisis que dura ya tres semanas.
La manifestación tuvo su epicentro en la Plaza Italia de la capital en un ambiente mayormente festivo, pero no fue ajena a algunos graves incidentes, en especial el saqueo e incendio de un edificio patrimonial.
La marcha reavivó la protesta ciudadana, que desde el pasado 18 de octubre reclama en las calles profundas reformas por un país más justo, especialmente en salud, educación y pensiones, y que ve en Piñera el principal escollo para lograrlo.
En el resto de país también se concentró la ciudadanía. En particular, las movilizaciones fueron significativas en Viña del Mar y Valparaíso (ambas en el centro); Coquimbo y La Serena (las dos en el norte) y en Concepción (sur).
La renuncia del mandatario, así como la convocatoria de un plebiscito para iniciar un proceso constituyente son algunos de los principales reclamos de los ciudadanos.
El Gobierno lanzó una agenda de reformas sociales, que los ciudadanos consideran insuficiente, y una batería de medidas para reforzar la seguridad y recuperar el orden público, alterado con los actos vandálicos que algunos manifestantes violentos provocan casi a diario y en cuyo marco han fallecido ya al menos 20 personas.
En paralelo, al mandatario le persigue la sombra de la represión ejercida por las fuerzas del orden y por el Ejército -que durante la primera semana de protestas se encargó de la seguridad-, y al país llegó una misión de la ONU para analizar la presunta comisión de violaciones de derechos humanos por parte de estos agentes del Estado.
MANIFESTACIÓN PACÍFICA Y GRAVES DESMANES
«La tercera será la vencida», rezaban los mensajes que se compartían por redes sociales llamando a concentrase esta tarde en la capital del país en la tercera edición de la llamada «Marcha más grande de Chile 3», con el objetivo de replicar las multitudinarias manifestaciones de los viernes desde el 25 de octubre, cuando se congregaron en ese punto más de un millón de personas.
La cifra oficial contabilizó 75.000 manifestantes que expresaron sus proclamas con cánticos, cacerolas y pancartas en un ambiente pacífico y festivo, sólo oscurecido por los desmanes que se producían en un rincón de la Plaza Italia.
Así, a escasos metros de la concentración pacífica echaba a arder un edificio patrimonial de la Universidad Pedro de Valdivia, que data de comienzos del siglo XX y que fue objeto de un saqueo y posterior incendio por parte de algunos encapuchados, según dijo a la prensa Felipe Guevara, el intendente (gobernador) de la región Metropolitana, en la que se ubica Santiago de Chile.
Guevara denunció también que algunos manifestantes comenzaron a distribuirse por otros puntos de la ciudad causando algunos desmanes, entre ellos el incendio del Registro Civil del barrio santiaguino de Providencia, además de generar barricadas y fogatas callejeras.
«Esto no va a quedar impune. Si alguno de estos delincuentes creen que se la van a llevar gratis, se equivocan. Tenemos testigos, cámaras de televigilancia, detenidos, drones, y por lo tanto la labor de inteligencia y policial que estamos haciendo ya está dando sus frutos», advirtió el intendente.
El intendente hizo un llamado a la gente pacífica para «aislar a estos delincuentes» y «retirarse del lugar» cuando una persona «comienza a tener actos no deseados».
SEGURIDAD Y DENUNCIAS POR REPRESIÓN
Si la agenda social de Piñera no ha contenido las manifestaciones ciudadanas, su insistencia en mantener el orden público -para lo que este jueves llegó a convocó al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), un órgano asesor que sienta en la misma mesa a las autoridades del Estado y a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas- tampoco está resultando y los saqueos, barricadas e incendios no cesan.
Y tampoco para el goteo de denuncias por la presunta comisión de derechos humanos por la acción represora de las fuerzas del orden.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile ha interpuesto ya ha interpuesto 262 acciones judiciales, entre ellas 5 querellas por homicidio, 6 por homicidio frustrado, 52 por violencia sexual y 171 por torturas y tratos crueles, entre otras.
Por su parte, la Fiscalía de Chile informó ha abierto hasta la fecha 1.089 investigaciones penales en todo el país por denuncias de violencia institucional desde el comienzo del estallido social, entre presuntos abusos de poder, torturas, lesiones graves, abusos sexuales y cuasidelitos de homicidio y homicidio.
Además, la ONU denunció el uso arbitrario e indiscriminado de balines y perdigones para contener las protestas en Chile, lo que calificó como una violación «grave» de los derechos humanos, y pidió a las fuerzas de seguridad del país que dejen de usar esos proyectiles de manera «inmediata».
EFE.
