Desde el 16 de diciembre se empezó a tejer el allanamiento al Batallón de Ciberinteligencia del Ejército, que hoy tiene bajo la lupa a varios militares y a civiles por supuestas interceptaciones ilegales a congresistas y hasta a magistrados.
Ese lunes, asesores del despacho de la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana empezaron a indagar si la Procuraduría y la Dijín los podían acompañar –como policía judicial– a la toma del Cantón de Comunicaciones, al lado de la ludoteca de Facatativá, en donde estaba el objetivo.
“No dieron detalles y solo preguntaron si se podía llevar a expertos en informática forense”, le aseguró al diario El Tiempo una fuente judicial.
El oficio, que llegó el 18 de diciembre en la mañana y anunciaba que ese día se haría el allanamiento, solo decía que estaba motivado en información relevante que le habían entregado días antes al alto tribunal.
En efecto, mientras la Cámara le ponía el acelerador a la reforma tributaria y el Senado estudiaba el ascenso de 40 oficiales, se echó a andar el operativo que tiene de nuevo en entredicho a los servicios de inteligencia castrenses.
La Corte aún no sabe qué tiene en sus manos, pues la información que se extrajo –desde las 2 de la tarde de ese miércoles hasta las 2 de la madrugada del jueves– apenas le fue remitida este miércoles por la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría.
Sin embargo, desde hace 8 días, la revista ‘Semana’ insiste en que allí hay pruebas de un reciente episodio de interceptaciones ilegales que implicaría a uniformados activos y retirados, que se sumaría a otros como el escándalo en la sala Gris y el caso ‘Andrómeda’.
Y aunque aún no ha dado nombres de los involucrados, aseguró que esas actividades precipitaron la salida del comandante del Ejército, Nicacio Martínez.
Los únicos nombres que se conocen hasta ahora son los 12 revelados por el diario El Tiempo: tres tenientes, un teniente coronel, cinco sargentos, un mayor y dos capitanes, que fueron llamados a declarar por la magistrada Lombana y que estaban en la guarnición allanada.
En la lista aparece Milton Eugenio Rozo, comandante del Batallón de Ciberinteligencia, cuyo abogado es Hernando Cucunubá. También figura el mayor Eduardo de la Torre y el capitán Heisen Trujillo.
Esta vez, un informante fue clave para el megaoperativo. Personas cercanas a la investigación aseguran que este dijo que en el allanamiento se iban a encontrar con material que sorprendería y habló de nuevos controles a congresistas.
Entre los supuestos blancos han aparecido los nombres de los senadores Roy Barreras e Iván Cepeda; la magistrada Lombana y dos representantes que se ubican a la izquierda en el espectro político.
Los coroneles
Eso explicaría por qué Lombana les está preguntando a los militares citados a declarar si entre sus blancos había personas de la vida pública, lo que hasta ahora han negado.
Uno de ellos informó a sus superiores que también se indagó si conocían al senador Álvaro Uribe. De hecho, el operativo quedó vinculado al expediente preliminar que se le sigue al expresidente por el caso del llamado ‘hacker’ Andrés Sepúlveda.
Sin embargo, la publicación salió a aclarar que no ha mencionado a Uribe.
Uno de los supuestos blancos le dijo a EL TIEMPO que entre las versiones que habría entregado el informante se –y que está en manos de la Fiscalía– señala a un oficial activo y a dos retirados como los artífices de las supuestas interceptaciones.
Además, que una fundación, vinculada con militares procesados, sería el puente para mover los datos extraídos y entregarlos a ‘clientes’, que están en un organigrama bautizado ‘flujo de información’.
“La fundación, con conexiones en el Congreso, estaría vinculada a un coronel retirado conocido como ‘Calva’ y otro que se presenta como ‘Ramos’”, dijeron.
Pero fuentes en el Ejército reducen el episodio a una guerra entre dos bandos.
Uno, dicen, estaría liderado por ‘Chacal’, un curtido y respetado oficial que no pudo ascender y que asegura que va a depurar al Ejército desde el cargo que hoy ostenta. El otro grupo en pie de guerra por el poder en la institución supuestamente lo lidera ‘Gonzo’, un coronel ligado al batallón allanado, experto en inteligencia.
Al respecto, Nicacio Martínez aseguró que es falso que su salida esté ligada a este caso. Y que las acusaciones en su contra son una “retaliación por denunciar y prevenir hechos de corrupción en el Ejército, con los que mucha gente deja de lucrarse de contratos (…). Hay intereses económicos fuertes”.
Nexos con el búnker
“Uno de esos casos está ligado a un negocio de un hangar que toca a un excomandante. Y el otro gran filón es el nexo de este caso con las chuzadas ilegales desde el búnker”, dijo una fuente.
Y recordó que Luis Carlos Gómez Góngora, exfiscal coordinador de Cian, una de las salas de interceptación de la Fiscalía, firmó una carta con destino a la JEP (en octubre) en la que habla del tema: “Roberto Carlos Montenegro (analista del CTI) exmiembro de inteligencia militar (…) era el encargado de canalizar otros blancos que eran requeridos por la inteligencia militar, que se le daba curso sin ningún requerimiento y que se tramitaban en la Unidad de Terrorismo, en la Dirección de Crimen Organizado, que eran de valor estratégico en el conflicto armado y posconflicto”.
Investigadores admiten que llama la atención que el defensor de Gómez Góngora sea el abogado Cucunubá y que a la vez represente al comandante del batallón allanado y haya asesorado a implicados en Andrómeda.
Al respecto, el abogado es claro en que se trata de su oficio y en que en el Ejército lo conocen por que estuvo en las filas 20 años y 7 días.
Además, le admitió al diario El Tiempo que también asesoró al entonces comandante Nicacio Martínez en un tema puntual por el uso de los gastos reservados del Batallón La Popa: “Me reuní con 3 periodistas para eso”.
Sobre el allanamiento insistió en que ningún militar es indagado: “Es un tema de la Corte, que procesa solo a aforados”.
Pero la Fiscalía ya investiga, la Procuraduría abrió su expediente y hace 4 días inspeccionó de nuevo el Batallón de Ciberinteligencia.
De hecho, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, fue el martes a la Procuraduría y ofreció todo el apoyo del Gobierno para aclarar este nuevo episodio.
Tomado de El Tiempo
