El Acuerdo Final de Paz -AFP-, responde a un desarreglo estructural de fondo. Justamente, este desarreglo se vincula a la temporalidad y a la respectiva gubernamentalidad, que conforme al pacto debe ser transformada y, naturalmente, sustituida por otra nueva “temporalidad» y gubernamentalidad, lo que comprende territorio, población y manejo de la autoridad.
El Acuerdo Final de Paz se refiere a la necesidad imperiosa de fijar políticas en ciertas materias. Dejando de lado disquisiciones históricas, la alusión expresa a esas políticas sirve de indicio de lo que originó o profundizó el conflicto en el país.
Si se hace ese ejercicio, puede decirse que la confrontación tuvo esencialmente cuatro detonantes:
(i) Desigualdad en el acceso a la tierra y condiciones de vida indigna. En el 2012, la pobreza rural alcanzaba el 46,8% de la población. La pobreza extrema en las ciudades ascendía 3%, mientras que en el campo estaba por encima del 20%. La concentración de la tierra productiva, mantenía el rasgo de ser manifiestamente inequitativa. Las fincas de más de 500 hectáreas correspondían al 0,4% de la población, y ese pequeño grupo de personas controlaba el 61,2% de la superficie agrícola. El 25% de los propietarios en el país era dueño del 95% de los predios rurales privados. El coeficiente Gini en el campo se situaba en el 0,89, en una escala de 0 a 1, en la que 1 corresponde a máxima desigualdad.
(ii) Profunda desconfianza en las instituciones democráticas y acceso restringido a la participación política. Para 2016, solo el 24% de las personas habilitadas para votar confiaba en las elecciones y solo el 10% en los partidos políticos. La tasa de violencia por razones políticas o por militancia en partidos políticos era alta. El Centro Nacional de Memoria Histórica registró 6201 víctimas pertenecientes a la Unión Patriótica, 730 víctimas del partido liberal, 664 del movimiento Esperanza, Paz y Libertad, y 357 del partido conservador.
(iii) El cultivo ilícito de drogas como motor de la violencia. Entre 2005 y 2015, el 20% del territorio nacional se había visto afectado de forma permanente por cultivos de coca; tendencia que se veía reflejada con mayor fuerza en los departamentos más afectados por el conflicto.
(iv) Discriminación contra grupos étnicos. Entre 2002 y 2009 se perpetraron 1400 homicidios contra miembros de grupos indígenas. Los departamentos con mayor concentración de población indígena presentaron mayores porcentajes de pobreza (Chocó, Sucre y Cauca). Las estadísticas de educación, salud y empleo también son significativamente peores en regiones con alta concentración de indígenas y afrodescendientes.
Deliberadamente no he querido referirme a los estudios e investigaciones que se han adentrado en las problemáticas señaladas. No es el objeto de este escrito.
Con estas cifras simplemente se quiere recordar las líneas maestras de un entramado socioeconómico y cultural, que no puede ser más elocuente sobre la existencia de desarreglos inhumanos profundos en la configuración histórica de la sociedad colombiana y del menguado papel del Estado como expresión y vehículo de justicia material.
El AFP no solo toma nota de esta situación, sino que se propone transformar lo que se ha denominado aquí “paisaje de fondo del conflicto».
El acuerdo final contiene diversos conjuntos de arreglos institucionales pactados, concebidos para cambiar algunos de estos fenómenos, lo que de realizarse daría lugar a una nueva “temporalidad» y a una “gubernamentalidad» permeada por los derechos humanos y la igualdad.
Las partes acordaron que la política agraria debía ser más equitativa; lograrse la apertura democrática para acabar la ligazón entre política y armas; ponerle fin al cultivo ilícito de drogas como motor de la violencia, tanto sociopolítica como común, y ofrecer mayor protección a los integrantes de los pueblos originarios, especialmente afectados por el conflicto interno.
Específicamente, se acordó:
(i) Una Reforma Rural Integral. Para el efecto, se creó el fondo de tierras, los planes nacionales rurales (salud, educación, electrificación, entre otros), los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (“PDET») y el Sistema Especial de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
(ii) Una ampliación democrática que permitiera el surgimiento de fuerzas políticas diversas, el robustecimiento del debate democrático y el fortalecimiento del pluralismo, como elementos esenciales para superar la exclusión política y la ausencia de garantías para el ejercicio democrático de todos los sectores de la población. En concreto, algunas de las disposiciones estaban enderezadas a facilitar la creación de nuevos partidos políticos, fortalecer los mecanismos para promover la transparencia en los procesos electorales así como suscitar una mayor participación electoral. De otro lado, se acordó poner en marcha un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política y garantías de seguridad para líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos, entre otras garantías.
(iii) Un enfoque de desarrollo rural en la lucha contra el narcotráfico. Se creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) y los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA). También se indujeron estrategias contra el crimen organizado ligado al tráfico de estupefacientes y planes para atender el consumo desde un enfoque de salud pública.
(iv) La incorporación de una perspectiva étnica y cultural con el fin de revertir las injusticias y garantizar la libre determinación, la autonomía y el gobierno propio, la participación, la consulta y el consentimiento previo libre e informado, entre otros derechos de los indígenas, Rrom y gitanos, y negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros (NARP)]
A la política, el pacto impone deberes ineludibles en cabeza del ejecutivo y del legislativo con el fin de auspiciar una nueva temporalidad en el marco de un Estado social de derecho presente y activo, concentrado en sentar las bases para disolver vulnerabilidades históricas, insoportables e intolerables para las personas y los colectivos. ¿Cuál es el papel del derecho?
