Los «falsos positivos» en Colombia empezaron en el Palacio de Justicia

Bogotá, 6 noviembre.- El asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán en la operación militar de recuperación del Palacio de Justicia en Bogotá fue un «falso positivo», afirma su hija Helena Urán Bidegain quien critica la inoperancia judicial al cumplirse 35 años de la toma del edificio por un comando de la guerrilla del M-19.

«Los ‘falsos positivos’, como se han llamado, empezaron en el Palacio de Justicia. El caso de mi papá quiso ser un falso positivo; ahora con todas las cosas que se han descubierto, ya no se puede decir que son manzanas podridas, eso es un problema de toda la institución», afirma Urán en una entrevista con Efe desde Berlín, donde reside, a propósito de la presentación de un libro sobre esa tragedia.

La política de «falsos positivos» salió a la luz en 2008 cuando se denunció que miembros del Ejército habían reclutado a miles de jóvenes de barrios pobres de Bogotá y otras ciudades con falsas promesas de trabajo y luego los llevaban a otros lugares del país donde eran ejecutados a sangre fría y presentados como guerrilleros muertos en combate para obtener permisos y premios de sus superiores.

La hija del magistrado acaba de publicar «Mi vida y el Palacio», editado por Planeta y con prólogo del expresidente uruguayo José «Pepe» Mujica, en el que relata como vivió con su madre y sus tres hermanas, todas de corta edad, la tragedia de la toma del Palacio de Justicia, donde fue asesinado su padre, un brillante abogado de 43 años formado en Uruguay, Bélgica y Francia, que trabajaba como magistrado auxiliar del Consejo de Estado.

TRAGEDIA NACIONAL Y FAMILIAR

«Llegó un momento en que sentí como que era un deber (…) porque me di cuenta de que esta historia, si bien se ha contado en otros libros, desde la crónica periodística, o en diferentes artículos, aún no estaba contada desde la mirada de alguno de los que lo vivió», afirma.

Por eso espera que otras personas «entiendan un poco mejor lo que significa vivir y ser víctima de la violencia política y todo lo que cuento en el libro, la experiencia del exilio y vivir con la impunidad».

La toma del Palacio de Justicia, situado en un costado de la céntrica plaza de Bolívar, comenzó al mediodía del 6 de noviembre de 1985 cuando 35 guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) irrumpieron en la edificación y tomaron cerca de 300 rehenes, entre magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, funcionarios, empleados de la cafetería y visitantes.

El objetivo era hacer un juicio político al entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986) por incumplir el cese al fuego de los acuerdos de paz firmados un año antes.

En cuestión de minutos el Ejército desplegó una enorme operación que incluyó centenares de hombres, tanques y helicópteros para retomar a sangre y fuego el palacio, lo que acabó 27 horas después, el 7 de noviembre, con 94 muertos, entre ellos once magistrados de la Corte, decenas de heridos y once desaparecidos, y la edificación reducida a escombros.

SED DE VENGANZA

Lo desproporcionado de la operación militar pudo ser porque el Ejército «estaba muy humillado» por golpes del M-19, como el robo de unas 5.000 armas de la guarnición militar del Cantón Norte (1978) y la toma de la Embajada de República Dominicana (1980), y «no es difícil sacar la conclusión de que fue un momento como que cayó como anillo al dedo para acabar con los guerrilleros».

Una vez concluida la operación, el magistrado Urán salió con vida del palacio, porque así se ve en imágenes de televisión de la época, pero estuvo desaparecido varias horas hasta que finalmente su cadáver desnudo, clasificado como NN y con impactos de bala, apareció el 8 de noviembre en la sede de Medicina Legal, «en el cuarto que ellos (los militares) llamaron el cuarto de los guerrilleros».

«Tenían clarísimo quién era mi papá y cuando él sale creo que es ingenuo pensar que lo confundieron con un guerrillero porque su billetera con toda su documentación: el carné de abogado, el del Consejo de Estado, el pase (licencia) de conducir de Indiana (EE.UU.) en donde habíamos estado en meses anteriores, todo lo que lo identificaba estuvo escondido durante 22 años en una bóveda secreta de una guarnición militar, el Cantón Norte, lo cual indica que inteligencia militar supo quién era él», denuncia.

ENGAÑADOS DURANTE AÑOS

Hasta 2007 la familia creyó la versión oficial de que el magistrado había caído en el fuego cruzado en el palacio, pero tras ese hallazgo hecho por la fiscal Ángela María Buitrago, que recibió el caso en 2005, supieron que tras salir vivo y presumiblemente trasladado al Museo Casa del Florero, adonde eran llevados todos los evacuados para identificar a posibles guerrilleros, el jurista fue conducido de nuevo a la sede de la justicia y asesinado.

«Lo único que nosotros sabemos es que él salió vivo, venía en compañía de dos soldados y después ya no sabemos», dice su hija y añade: «si lo mataron en la Casa del Florero o si inmediatamente lo entraron por el garaje y lo ejecutaron ahí, no sé. No tenemos ninguna información que nos dé pistas al respecto».

En su opinión, su padre pudo haber sido asesinado porque «pensaba diferente al establecimiento», como «muchos de los magistrados de esa época. Era una Corte muy respetuosa de los derechos humanos» y tan solo unos meses antes «la Sección Tercera del Consejo de Estado, donde trabajaba mi papá, había condenado de manera histórica al Estado por la tortura de una médica junto con su niña de seis años» por parte de militares.

Por otra parte, el magistrado Urán reflexionaba en sus escritos sobre el papel de las Fuerzas Armadas, «era claramente antimilitarista y a él le venían siguiendo la pista ya de tiempo atrás», recuerda.

DÉCADAS DE IMPUNIDAD

Pese a que en 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró al Estado colombiano responsable por los desaparecidos del Palacio de Justicia, «así como por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial» del magistrado Urán Rojas, su asesinato, declarado crimen de lesa humanidad por la Fiscalía, sigue impune.

«La justicia ha fallado completamente en este caso pues a 35 años todavía no hay ni una persona de la cual se haya resuelto su situación jurídica por el caso de mi papá», afirma y explica que además de tres generales ya retirados «que están ahí implicados», considera que también hay civiles comprometidos.

La autora del libro se pregunta «cómo es posible que los magistrados que reemplazaron a los que cayeron en la toma del Palacio de Justicia no se hayan posicionado, no hayan sentado una postura clara y hayan exigido que la justicia penal esclarezca los casos».

«Es inaceptable e incomprensible pero en esta historia hay muchas cosas incomprensibles», concluye.

Jaime Ortega Carrascal