Desde las 9:00 a.m. del miércoles 29 de abril no hay rastro de John Fredy Restrepo Monsalve ni pistas de su paradero. El día anterior salió de su vivienda en la vereda La Aguada, en Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, hacia la cabecera municipal para comprar víveres. Pasó esa noche en la casa de un familiar en ese municipio y a la mañana siguiente volvió a salir. Desde entonces nadie lo ha vuelto a ver en la zona.
La alerta sobre su desaparición la emitió la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac), de la que Restrepo hacía parte. Desde esa asociación confirmaron que se trata de un dirigente comunal que ha desempeñado distintos cargos de liderazgo en esa zona, conocida como el Cañón de Iglesias, entre Tarazá e Ituango.
John Fredy Restrepo llegó a La Aguada en 2013, proveniente del vecino corregimiento de Santa Rita (Ituango), de donde es oriundo. Tan solo al año siguiente, en 2014, la asamblea comunitaria de la vereda lo eligió como coordinador del comité de conciliación de la Junta de Acción Comunal, cargo que desempeñó hasta finales de 2016. A su vez, en 2015, según cuenta William Muñoz, presidente de Asocbac, pidió afiliarse a esa asociación campesina y desde entonces es integrante de ella.
En 2017 regresó a Santa Rita, donde está su familia, a trabajar en su finca y allí estuvo hasta el año pasado. A principios de este año volvió a La Aguada a establecerse en una parcela y allí se dedicó al cultivo al que se dedican las familias en esa zona: la coca. Por ello se había inscrito al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), al que están inscritas 5.000 familias entre Ituango y Tarazá, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Restrepo vive en esa vereda con su esposa y una hija de tres años.
William Muñoz, de Asocbac, dice que no saben quiénes podrían ser los responsables, pues se trata de una zona donde confluyen varios grupos armados. Según la Corporación Jurídica Libertad, allí hacen presencia los Caparrapos, las Autodefensas Gaitanistas y la disidencia del frente 18 de las extintas Farc. De hecho, hace solo una semana, a finales de abril, se presentaron combates entre los Gaitanistas y los Caparrapos en Tarazá, particularmente en los corregimientos de La Caucana y el Guáimaro. También durante la primera semana de abril se presentaron fuertes enfrentamientos en esa zona, que es estratégica al conectar el Bajo Cauca con el Nudo de Paramillo.
A eso se le suma el antecedente de una amenaza colectiva a Asocbac en general, recibida a principios de 2017, cuando desde esa asociación se le apostó de lleno a la implementación del Acuerdo de Paz. Resultado de esa amenaza se han producido varios desplazamientos en el corregimiento La Caucana a integrantes o afiliados a esa organización campesina.
Igualmente, según datos del Observatorio a la labor de líderes de la Corporación Jurídica Libertad y la Fundación Sumapaz, desde que empezó la cuarentena por el COVID-19, el pasado 25 de marzo, se tienen registros de al menos cinco amenazas individuales a líderes sociales en Tarazá y Caucasia. A su vez, el 27 de abril fue asesinado en Cáceres, también en el Bajo Cauca, Carlos Mario Cañaveral, líder social de la zona. También han tenido que salir desplazados de Tarazá tres líderes sociales porque su vida corría peligro.
Afiliados al programa de sustitución, en la mira de los grupos armados
Las cifras son dicientes: en 2018 fueron asesinados en el Bajo Cauca 14 líderes, de los cuales ocho hacían parte del PNIS. En 2019, de 11 líderes asesinados, siete pertenecían a ese programa. Winston Gallego, de la Corporación Jurídica Libertad, asegura que la mayoría de líderes amenazados en la zona tras la firma del Acuerdo de Paz hacían parte del programa y lideraban procesos de sustitución de cultivos de coca.
Pero más allá de las cifras, Gallego explica que en varios casos las amenazas se han presentado porque los campesinos se niegan a pagar la extorsión cobrada por los grupos armados a los dineros que reciben por cuenta del programa de sustitución. Según las denuncias, esos grupos cobran el 10% de los pagos bimensuales que reciben las familias inscritas al PNIS por $2 millones.
En algunos casos, los grupos le exigen al líder de la JAC recoger el dinero de los pobladores de su vereda para entregárselo a los armados. Ante la negativa de esos líderes, los amenazan y en ocasiones han tenido que abandonar su vereda. A su vez, esa situación los pone en riesgo ante las mismas autoridades pues puede ser interpretada como si los líderes se apropiaran de los recursos de los afiliados al programa.
Tomado de El Espectador
