Por: Gustavo Bolívar
A raíz de la publicación en el portal “La Nueva Prensa” de una investigación de los periodistas Julián Martínez y Gonzalo Guillén sobre el “drama familiar” que vivió la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, por allá en 1.997, los defensores de la señora Ramírez empezaron a esgrimir una frase que hizo carrera durante la semana: “No hay delitos de sangre”.
Fue la manera que encontraron sus seguidores para referirse a aquellas ovejas negras que no faltan en muchas familias, como el hermano de la vicepresidenta, que un día resolvió no ser el “atenido” de la casa y montó un emprendimiento non sancto, que consistía en cagarse la vida de personas necesitadas ofreciéndoles un empleo bastante denigrante: embutirse 60 o más capsulas de heróina envuelta en dediles de guantes quirúrgicos para introducirlas primero por sus gargantas y luego por las fronteras de los Estados Unidos. No sé si les habrá advertido a sus víctimas que podían morir durante el viaje o del riesgo que corrían de ser capturados y pasar varios años en la cárcel.
Lo cierto es que el “emprendimiento” salió mal, una de las víctimas, la odontóloga colombiana Alejandra Vargas Osorio, fue capturada con heroína en su estómago, negoció un acuerdo con la DEA que incluía entregar a Bernardo Ramírez y este terminó preso. La Señora Marta Lucía, como lo hubiera hecho cualquiera de nosotros si tuviera ese dinero, firmó una fianza de 150.000 dólares para respaldar la libertad condicional del sentenciado. Hasta aquí todo está bien. En ese entonces la susodicha trabajaba en el sector privado y no tenía la obligación de exponer su vida a nadie.
Las cosas cambiaron en 2002 cuando fue nombrada ministra de defensa por el expresidente Alvaro Uribe (Espero que me pida réplica por nombrarlo, tengo ese trauma). Ahí sí, la nueva ministra debió sincerarse con la ciudadanía y contar que tenía un impedimento para combatir el narcotráfico porque tenía un hermano narcotraficante. Tuvo otra oportunidad de hacerlo en 2018 cuando sometió su nombre como candidata a la presidencia y luego a la vicepresidencia de Colombia. Los electores necesitan que sus candidatos sean transparentes, libros abiertos, sin esqueletos en sus armarios. De no hacerlo, traicionan la confianza de todo un país. Pues la actual vicepresidenta no lo hizo y se expuso a que pasara lo que pasó: Que un par de periodistas sin rótulos ni compromisos, ni propiedad de ningún grupo, publicaran la noticia con los resultados que ya todos sabemos. Unos pidiendo su renuncia por esa falta ética, porque en realidad no hay ningún delito en su accionar, y otros eximiéndola con el argumento que expuse al inicio: “No hay delitos de sangre”. Tampoco los hay, dicen, en las investigaciones que tiene su esposo por haber construido el edificio Torre 85 con plata del narcotraficante y paramilitar Guillermo León Acevedo, alias “Memo Fantasma”. Es decir, ni Marta Lucía tiene culpa de lo que haga su hermano, ni de lo que haga su esposo.
Pues bien, con este argumento, que no es del todo cierto, durante las últimas tres décadas los narcotraficantes, los paramilitares, algunos militares condenados y los corruptos de este país que no han podido aspirar por encontrarse presos o involucrados en investigaciones, nos han embutido a sus hijos, esposas, amantes, primos, tíos, cuñados, yernos, nueras y tengo un registro de un abuelo, en alcaldías, gobernaciones, el Congreso y hasta en la presidencia.
Son cientos los casos y quizás los más famosos sean los de los parapolíticos, en que el condenado o condenada aspira a gobernar o a legislar en cuerpo ajeno.
Para no ir tan lejos, en una columna de Ariel Avila para el Espectador, cuyo link les dejo aquí https://www.elespectador.com/noticias/politica/los-140-candidatos-herederos-de-la-ilegalidad/ se habla de 140 herederos de la ilegalidad para las elecciones de 2015. (CIENTO CUARENTA).
Para las elecciones siguientes, las de 2018, según la MOE, el 40% de los candidatos que inscribieron sus nombres para el Congreso tuvieron relaciones directas o indirectas con estructuras criminales.
Casos abundan, en el pasado y en el presente, y para no alargar el asunto nombraré solo unos pocos que certifican que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad”, como dice nuestra Constitución Nacional.
Teresita García, hermana del Gordo García, condenado a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo, ocupó su curul en el senado.
El parapolítico Chico Zúñiga hizo elegir a su esposa, Rosa Cotes, como Gobernadora de Magdalena y luego ella a su sobrino en el mismo cargo.
Vicente Blel, condenado por parapolítica, heredó su electorado a su hija, la senadora Nadia y a su hijo Vicente, hoy gobernador del departamento de Bolívar.
Frank Holguín Ortiz, padre de la senadora Paola Holguín, fue testaferro de Pablo Escobar, según varias publicaciones y una columna de Yohir Akerman.
El parapolítico, coronel (r) Hugo Heliodoro Aguilar, célebre por participar en la cacería y posterior asesinato de Pablo Escobar, al igual que Blel, tiene a un hijo en una Gobernación, la de Santander (Mauricio), y a otro hijo en el Senado (Richard).
El parapolítico Ciro Ramírez heredó su curul en el Senado a su hijo Ciro en representación del Centro Democrático.
A ese mismo partido pertenece la senadora María del Rosario Guerra, hermana de José Guerra de la Espriella, condenado por el proceso 8.000 y de Antonio Guerra de la Espriella cuestionado por sus nexos con el paramilitarismo. Así mismo, la parlamentaria es prima de Miguel Alfonso Guerra, condenado por firmar el pacto de Ralito.
Aquí abro un paréntesis para anotar, con toda objetividad y sin mezquindad alguna, que tanto Richard Aguilar, como Ciro Ramírez y María del Rosario, a pesar de estar en orillas ideológicas distintas a la mía, son excelentes Senadores. Asisten a todas las plenarias, hacen debates, se lucen en las ponencias y se muestran muy estudiosos de cada proyecto de ley.
Sigo. Mussa Besaile, célebre corrupto, intermediario entre Odebrecht y el Congreso de la República, heredó su capital político y el capital económico que se requiere para una elección de esta magnitud a su hermano Johnny Besaile. Oscar Villamizar, representante a la cámara por el Centro Democrático, es hijo de Alirio Villamizar, condenado por recibir notarías a cambio de votar en favor de la reelección de Alvaro Uribe Vélez (Otra réplica señor presidente).
A veces no heredan el poder a sus familiares sino a sus abogados como es el caso de la actual Senadora Dayra de Jesús Galviz, quien fuera abogada de Enilse López “La gata”.
También se cuentan por decenas los intentos fallidos como el de Milene Jaraba Díaz, candidata a la Gobernación de Sucre, impulsada por su cuestionado esposo, el excongresista Yahir Acuña, investigado por vínculos con paramilitares. Olga Lucía Suárez Mira, hermana de Oscar Suárez Mira, condenado a 9 años por vínculos con paramilitares. Arleth Casado de López, esposa de Juan Manuel López Cabrales, condenado por firmar el pacto de Ralito, también intentó llegar al Senado, sin éxito. Doris Vega de Gil, cónyuge de Luis Alberto “el Tuerto Gil”, se suma al grupo de las esposas de parapolíticos que no alcanzó una curul. Tampoco alcanzó curul Julio Guerra junior, hijo de Julio César Guerra Tulena, exgobernador de sucre, suspendido de su cargo por entregar a de manera irregular a “La Gata” el negocio de Chance de su departamento. Alfredo Ramos Maya, hijo de Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia investigado por presunta participación en parapolítica y mencionado en los sobornos al Cartel de la Toga, aspiró a ser alcalde de Medellín pero fue derrotado por el candidato independiente Daniel Quintero. Y ni qué decir del aspirante al Senado Julio Elías Vidal, hermano de uno de los más corrompidos, el múltiple ladrón Bernardo “El Ñoño Elías”.
No obstante haberse quemado, estos herederos de criminales aportaron cientos de miles de votos a sus partidos para alcanzar más curules o para lograr el umbral.
La lista es tan larga que se necesitarían varías columnas, muchos corridos prohibidos, o demasiados saludos musicales en vallenatos para hacerles el honor a todos de mencionarlos.
Cabe aquí la reflexión final. Aunque es verdad que no existen delitos de sangre, la responsabilidad jurídica es individual, ¿qué hacer cuando un corrupto despliega una portentosa campaña para elegir a un familiar con dineros robados a los colombianos o con burocracia mal habida a través de contratos de chantaje electoral?.
¿Qué hacer cuando un parapolítico hereda su curul o su cargo de elección a un familiar?. ¿No está esa curul untada de sangre?
Lo peor es que se seguirán presentando y como ninguno tiene votos de opinión, se me hace imposible que los tengan, salvo contadas excepciones, tendrán que acudir nuevamente a dos prácticas que les garantiza curules, alcaldías y gobernaciones: la compra de votos con plata de banqueros, o narcos, o contratistas corruptos y, el chantaje electoral vía burocracia y contratos de prestación de servicios. Lo que llamo la bandidocracia.
Ñapa: Cabe destacar y casi agradecer, que a los hijos del expresidente Uribe aún no se les haya dado por heredar el poder electoral de su padre. Las demás mañas ya las heredaron. (Otra réplica, señor presidente).
Tomado de Cuarto de Hora
