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Los hilos detrás del escenario de la justicia en Medellín

Redacción Análisis Urbano

Desde hace años Corpades y la Agencia de Prensa Análisis Urbano discuten públicamente los temas de seguridad, violencia, guerra y paz urbana-rural en Medellín, Valle de Aburrá y el resto de Antioquia. Se ha recalcado hasta la saciedad que la paz total es el mejor de los escenarios, camino ideal, y que además, para fortalecerla, es necesario pasar de la estrategia basada en captura, decomiso y control de la criminalidad a una que lleve a su desmantelamiento real, lo que ocurrirá en la medida que la institucionalidad esté dotada de los instrumentos idóneos para hacerlo: Ley de sometimiento a la justicia con garantías, pero sin impunidad y leyes anticrimen que persigan los bienes, el dinero y los beneficiarios de ese poder criminal.

La intención ha sido mostrar aciertos y desaciertos de la institucionalidad; por eso creemos que se puede expresar el inconformismo frente a actuaciones de la fuerza pública, las administraciones municipales, departamental y nacional, incluyendo, obviamente, a la Fiscalía General de la Nación.

Esta vez mostraremos que hay criterios con argumentos para demostrar que desde el ente fiscalizador a veces se abusa del poder sin respetar siquiera al fiscal general o a la vicefiscal. Es el caso de Claudia Carrasquilla, directora especializada contra las Organizaciones Criminales, que gusta hacer alarde del poder que ostenta y perseguir a quien no acata sus decisiones o agacha la cabeza por fuera del ente investigador. 

El siguiente texto ha sido escrito a ocho manos, en otras palabras, muchas personas han hecho su aporte buscando contrarrestar las falsas premisas de que aquí se habla por hablar, que no hay elaboración para criticar, investigar, denunciar o analizar.

James A. Baldwin, reconocido defensor de derechos civiles afroamericano manifestó: «Es cierto, en cualquier caso, que la ignorancia aliada con el poder, es el enemigo más fiero que la justicia puede tener». Esto lo confirmaría el activista si escuchara las intervenciones mediáticas de Carrasquilla, quien ha hecho gala de un ego sin límites, acompañado de un precario conocimiento jurídico en materia procesal y todo con el fin de salir a atacar sin más a quienes la contradicen y, recientemente, a uno de los destinatarios del sistema penal. En sus alocuciones desconoce el principio basilar del procedimiento penal como es el de lealtad procesal y buena fe (art. 12, CPP), el mismo que obliga a los intervinientes a obrar en la actuación penal limpiamente, sin trampas; y que en la Sentencia 1014 de 1999 la Corte Constitucional describe así: «…Esta presunción, aplicada al proceso judicial, implica que unos y otras actúen de conformidad y cumplan con los principios procesales de moralidad: lealtad, buena fe, veracidad, probidad y seriedad…».

Valores como el respeto, la honestidad y la justicia, en la mayoría de los casos, se adquieren desde la más tierna edad en el seno familiar, hacen parte también del proceso educativo los colegios y las universidades que se encargan de su introyección con enseñanzas éticas, e incluso religiosas. Por eso, podría pensarse que no había necesidad de que el legislador lo enlistara dentro de los principios procesales, porque se supone que quienes intervienen en el sistema adversarial conservan esos códigos de ética, es decir, son personas correctas, morales.

Sin embargo, pareciera que Carrasquilla adoleciera de este básico principio. Basta  escucharla controvertir con lo que no está de acuerdo, por ejemplo, la vinculación de miembros de la institucionalidad en actividades criminales —ella lo niega de tajo, pese a las capturas que permanentemente se presentan de funcionarios públicos incluidos miembros de la Fiscalía—, la  existencia de delegados de carteles mexicanos en Medellín y el Valle de Aburrá, a sabiendas de que es verdad, y desmintiendo en la práctica al fiscal general, a la inteligencia estatal, recientemente al Director de Fiscalías de Medellín Raúl González  Flechas.

Ahora le dio por irse lanza en ristre contra el preacuerdo propuesto por sus fiscales a  Gustavo Villegas, exsecretario de Seguridad de Medellín, quienes decidieron unilateralmente retirar el cargo de concierto para delinquir agravado y dejarle el de abuso de autoridad por omisión de denuncia, para tasar una pena de 33 meses de prisión y un periodo de inhabilidad en el ejercicio de funciones públicas. Negociación que el acusado aceptó y la juez de conocimiento aprobó luego de un análisis legal y constitucional ajustados los planteamientos.

Carrasquilla indica hablar en nombre del fiscal general en sus entrevistas radiales y televisivas dadas por este asunto, dejando una molesta sensación, pues si ella es la interlocutora del Fiscal General, es prioritario que Martínez Neira revise las calidades jurídicas y personales de sus directores, toda vez que la funcionaria, en sus desafortunadas intervenciones desconoce los mínimos jurídicos en materia de preacuerdos. A más de que no contenta con realizar semejantes elucubraciones penales, se ubica contra sus subalternos indicando que faltaron a la ley, sometiéndolos a la picota pública, cuando bien actuaron conforme a derecho. ¿Qué era lo que pretendía Carrasquilla? ¿Que esos funcionarios faltaran a la ley para ayudarla en su propósito? Sin duda, no es otro que condenar al exfuncionario así las pruebas no sean serias.

Y es que llama la atención la actitud asumida por ella en relación con este proceso en contra del exsecretario de Seguridad de Medellín. En sus intervenciones ha dicho que este proceso empezó en la Unidad Nacional de Bandas Criminales de Medellín, en julio de 2016,  la misma Unidad de la que ella hacía parte como fiscal 27 Especializada y de donde salió para asumir la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín en septiembre del mismo año, iniciando acercamientos y reuniones laborales con quien era un funcionario de la Alcaldía de Medellín: Villegas, de quien ella, para ese momento, ya conocía que supuestamente estaba siendo investigado por presuntos nexos con bandas criminales. Pero a pesar de ello coordinó enviar un fiscal de Bacrim, unidad que ella no dirigía y que no hace parte de la Dirección Seccional de Medellín, para que recibiera los ciudadanos que ostentaban orden de captura y se estaban entregando en la Secretaria de Seguridad, en cabeza de Villegas.

Detenidos que asumió dicha unidad, pese a que muchas de las órdenes de aprehensión eran de otros despachos; eso sí, de la Dirección Seccional de Físcalias de Medellín. Una funcionaria correcta, con ética, hubiera tomado distancia de la Secretaría de Seguridad y de sus funcionarios, no hubiese asistido a reuniones, ni hubiese hecho uso del vehículo entregado por la Alcaldía, para su seguridad, cuando ya tenía clara la posible vinculación delictual.

Pero sin el menor escrúpulo, en julio de 2017 se para al lado del alcalde de la ciudad para notificar la captura del Secretario de Seguridad. Al día siguiente fue ascendida por el fiscal general de la Nación al cargo de directivo que hoy ostenta. Es claro que esta designación no se debió a sus excelentes resultados en la seccional, pues sus intereses no apuntaban a mejorarla , muy por el contrario entorpecer el trabajo que se venía haciendo, no solo  desde la persecución del delito, sino en abierta persecución a fiscales y funcionarios subalternos, a quienes trasladó por decenas, desmejorándolos en sus condiciones laborales y por eso la motejaron “tsunami”, apodo del que se precia, cuando es claro que es el resultado de la arbitrariedad que la caracteriza.

Nada distinto ha hecho en la Dirección que preside; ordenando traslados a sitios lejanos, desintegrando la unidad familiar y ahora, sin el menor escrúpulo, indica que buscará tumbar la negociación porque no es de su agrado, pues requería que Villegas colaborara y que dispondrá investigar a quienes hasta hace pocos meses eran sus compañeros

Valdría la pena que la directora explicara qué es lo que le interesa tanto de este caso. No conocemos de otro asunto al que ella le dedique tantos ataques mediáticos. Sería bueno saber si con la misma vehemencia ha buscado tumbar los preacuerdos de jefes criminales donde ella misma realizó y estuvo involucrada.

Importante sería saber cómo Carrasquilla intervino en procesos desde 2012 como fiscal 27 especializada y tuvo que ver en la captura de alias Frank, Pesebre, El Ronco, Tuto, Riñón, W, Piercing, Jotalibán, Elkin Chata, Jonás, Álex Mentiras, Blanca Senovia Madrid Benjumea —esposa de Otoniel, jefe de las AGC—, además de 80 policías y otros jefes del crimen de Bello y que, posteriormente, cuando fue nombrada en 2016 como directora de Fiscalías de Medellín, lideró las capturas de personajes como Soto y Chamizo.

Bueno sería preguntarle a la «Fiscal de Hierro» cuál fue el rasero que ella aplicó cuando era fiscal especializada para negociar, si pedía permiso para hacerlo y cuál fue la colaboración eficaz que obtuvo, pues reconocidos jefes del crimen urbano de la ciudad a quienes ella no solo investigó, sino con quienes negoció, lograron preacuerdos que les permitieron el otorgamiento de bajas condenas, prisión domiciliaria y libertad condicional. En otras palabras, acuerdos jugosos donde el crimen ganó y la institucionalidad perdió.

Ahora que se acerca la lectura de la sentencia condenatoria y quedará en firme el preacuerdo de la Fiscalía con Gustavo Villegas y avalado por la justicia, se deben recordar columnas como la de Aldo Cívico, quien propone que se analice por parte de los organismos judiciales y disciplinarios cuál es la responsabilidad de Carrasquilla y los funcionarios que intervinieron en la privación de la libertad de Villegas, pues si los elementos con que contaba la Fiscalía no apuntaban desde el comienzo en el grado de probabilidad exigido a la ilicitud de concierto para delinquir agravado, la solicitud de orden de captura, la formulación de imputación y consiguiente acusación por parte de los Fiscales, estuvieron cargados de  subjetividad y no son el producto de raciocinios objetivos, transparentes, legales, derivados de los actos investigativos, resultando por tanto temerarios y de mala fe.

Tampoco se podría olvidar el editorial del periódico El Colombiano del 14 de febrero de 2018 donde se afirma que: «No obstante, la Directora de la Unidad contra Organizaciones Criminales, Claudia Carrasquilla, hablando a nombre del fiscal General, dice que hay que deshacer este “preacuerdo”. Y a pesar de que no se trata de un principio de oportunidad, dice que no hubo colaboración con la justicia. Sin embargo, aparte de su molestia, el “nivel central” tendría que ser más específico, y concretar si realmente tienen pruebas sólidas para desestimar este acuerdo y sustentar si hubo delitos más allá de los aceptados».

El editorial continúa más adelante con esta afirmación en la que apunta directamente al caso Villegas: «La ciudadanía de Medellín pide certezas. Que, en lo posible, la verdad procesal se ajuste a la verdad real. Hay una persona procesada y encarcelada a quien se le imputaron delitos tan graves como concierto para delinquir, supuestamente urdidos junto con “la Oficina”. De haber sido probados, derrumbarían su buen nombre y su honorabilidad. Pero, ciñéndose a los principios constitucionales, es la Fiscalía, y luego un juez, quienes tienen que demostrar que es culpable. Lo único que hay hasta ahora es una omisión de denuncia y una extralimitación de funciones, conductas que si bien acarrean consecuencias penales, no indican que como secretario de Seguridad trabajara al servicio de una poderosa estructura criminal. La Fiscalía está dando tumbos y, tristemente, también hizo el oso».

Carrasquilla ha venido mostrando un interés, ese sí “inaudito”, en el proceso en contra de Gustavo Villegas, buscando entorpecer una decisión judicial porque a ella no le sirve la negociación.

Todo lo anterior permite inferir que hay una persona con mucho poder que está actuando con criterios mediáticos cargados de molestias y malas intenciones sin tener argumentos sólidos para respaldar tan temerarias afirmaciones, esa persona es Claudia Carrasquilla, directora especializada contra las Organizaciones Criminales.

Apunte Urbano

A la funcionaria Carrasquilla no le queda bien estar deslegitimando a sus compañeros de lucha por no complacer sus posturas sin fundamento. Daniel Tapias, Andrés Cabrera y Víctor Arroyave, fiscales de la Unidad Contra Crimen Organizado, son reconocidos trabajadores, diligentes y honestos. Todo nuestro respaldo a sus actuaciones.

 

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