Lima, 9 de agosto de 2022.- Es uno de los mayores desafíos sociales de América Latina, donde poco parece haber cambiado en los últimos dos siglos: las comunidades indígenas en el continente viven entre el olvido estatal y una violencia que parece ser lo único que no cambia de un Gobierno a otro.
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora este martes, llega al continente, de nuevo, con muchas deudas y una necesidad: atender las necesidades de sus comunidades ancestrales.
BRASIL: LA AMENAZA DE BOLSONARO
Los indígenas han denunciado el incremento de la violencia y un creciente hostigamiento hacia sus comunidades en Brasil, especialmente desde la llegada a la Presidencia del líder ultraderechista Jair Bolsonaro, en enero de 2019.
«Desde la redemocratización nunca hemos vivido un escenario tan violento como el de ahora, sólo es comparable con los años de la dictadura militar (1964-1985)», afirmó a Efe Dinamam Tuxá, uno de los coordinadores ejecutivos de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).
Los datos son preocupantes. Los casos de invasiones, explotación ilegal de recursos y daños al patrimonio en tierras indígenas por parte de madereros, mineros, cazadores y pescadores ilegales se han disparado desde 2019, cuando ya aumentaron un 137 % en relación a 2018.
Ese tipo de agresiones no pararon ni en 2020, primer año de la pandemia del coronavirus, cuando se reportaron 263 casos, según los últimos datos disponibles del Consejo Indigenista Misionario (CIMI), órgano vinculado al Episcopado brasileño, que también denunció el asesinato de 182 indígenas ese año, un 61 % más que en 2019.
En paralelo, los índices de deforestación e incendios en la Amazonía brasileña también ha seguido una tendencia creciente en los últimos tres años y medio.
Tuxá sostiene que ese «retroceso» es un «reflejo directo del discurso de odio que promueve Bolsonaro», partidario de la minería en reservas indígenas y quien ha impulsado la flexibilización de las leyes ambientales y recortado el presupuesto de los órganos que fiscalizan la Amazonía.
El líder indígena no es muy optimista con el futuro próximo. Cree que una eventual victoria del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de octubre «suavizará» la situación, pero no la «sanará» por completo.
«El impacto de las políticas de Bolsonaro va a notarse por algunos años», indicó.
COLOMBIA, LOS INDÍGENAS EN EL CENTRO DEL CONFLICTO
Después de décadas de conflicto armado en el que las masacres, desplazamientos y homicidios fueron aún más profundos que con otro tipo de poblaciones, como acaba de revelar la Comisión de la Verdad, en Colombia aún estas comunidades siguen sufriendo día a día el embate de la violencia.
En este país se sigue produciendo un «genocidio físico y cultural», en palabras del vocero de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Óscar Montero, quien aseguró a Efe que en lo que va de año han sido asesinados al menos 85 indígenas.
En sus palabras, ellos son los que «le están poniendo el pecho y la frente a la violencia estructural que hay en los territorios, es decir al narcotráfico, al rearmamiento de las disidencias de las FARC y al paramilitarismo».
Todo ello en un contexto en el que la situación del conflicto armado está casi en los índices del peor año desde el acuerdo de paz y la situación en los territorios habitados por pueblos indígenas es crítico.
Las organizaciones esperan que la situación mejore con el nuevo gobierno de Gustavo Petro, que se comprometió a implantar el acuerdo de paz, quiere emprender diálogos con otros grupos armados y ha nombrado a una indígena, Leonor Zalabata, al frente de la embajada colombiana ante la ONU.
En todo caso, revertir de forma inmediata la situación es tremendamente arduo y nada indica que la violencia vaya a menguar a corto plazo.
ECUADOR, UN GRITO POR LA AMAZONÍA
Desde la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), la organización con sede en Quito que agrupa a los pueblos originarios de los nueve países que comparten la Amazonía, se lanzó este martes una cuenta regresiva para que se proteja el 80 % del mayor bosque tropical del mundo para 2025.
El objetivo es evitar que la progresiva deforestación del pulmón verde del planeta supere la barrera del 20 %, que consideran como un punto de no retorno.
Al mismo tiempo, los indígenas ecuatorianos viven este día inmersos en los diálogos abiertos con el Gobierno tras las protestas que lideraron en julio por la carestía de la vida y contra la gestión económica del presidente Guillermo Lasso.
En esas movilizaciones que se prologaron durante 18 intensos días, ganaron el pulso al Ejecutivo en una de sus principales demandas: derogar un decreto que promovía la actividad petrolera y limitar las nuevas concesiones mineras.
PERÚ, UN DESAFÍO PARA UNO DE CADA CUATRO CIUDADANOS
En Perú, donde el 25 % de la población se identifica como indígena u originaria, los desafíos para reconocer la diversidad cultural como un hecho de valor y proteger los derechos de los pueblos indígenas aún son múltiples.
Así lo lamenta en una entrevista con Efe Melania Canales Poma, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), quien agrega que la situación continúa intacta tras la llegada al poder de Pedro Castillo.
Recuerda que el actual mandatario, todavía como candidato, y pese a que «nunca se ha identificado como indígena, (aunque) puede tener la cara de indígena», se jactó de velar por las poblaciones históricamente relegadas.
«No lo han dejado trabajar (…) Ha estado acosado en todo este racismo, clasismo, esta discriminación. Aparte, tenemos un Congreso autoritario (…) que está buscando sus intereses», lo justifica Canales.
Para la mujer, quechua y oriunda de la región andina de Ayacucho, urge «voluntad política» para garantizar los derechos a una salud y educación interculturales, sobre todo, Insiste, después de que la pandemia revelara que la salud es solo un derecho de los ricos en Perú, donde hay 55 pueblos indígenas, 51 de ellos amazónicos y 4 andinos.
La presidenta de Onamiap menciona, además, la necesidad de realizar una reforma política que permita que poblaciones indígenas tengan mayor participación en los espacios de poder, sin la necesidad de depender de los partidos políticos.
«Ni siquiera tenemos representación ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo, ni el Poder Judicial», señala Canales, tras opinar que el país requiere una nueva Constitución «que verdaderamente recoja cosas del pueblo y no solamente del sector que tiene el poder».
CHILE, LA CRISIS MAPUCHE
En Chile, el pueblo mapuche atraviesa uno de sus momentos más tensos en décadas. Varias regiones rurales del sur, de donde procede esta etnia, han experimentado en el último año una escalada de violencia con ataques incendiarios, tiroteos y huelgas de hambre de indígenas.
Estos episodios se enmarcan en un histórico conflicto que enfrenta a algunas comunidades mapuches con el Estado chileno y grandes empresas forestales que explotan bosques ancestrales reclamados por los indígenas.
Para Salvador Millaleo, uno de los más reconocidos abogados expertos en asuntos indígenas, es una disputa de larga data que se ha avivado recientemente por el actuar del Gobierno del progresista Gabriel Boric, que, pese a que prometió que no lo haría, militarizó la zona el pasado mayo.
«El tema mapuche es un conflicto de baja intensidad, localizado y con pocos fallecidos. No podemos hablar de terrorismo, pero es necesario que se enfrente con políticas de Estado para establecer diálogo con las comunidades, y eso no se ha logrado», señaló a Efe.
En paralelo al recrudecimiento de esta disputa, los pueblos originarios han logrado conquistas históricas. En 2021 fueron por primera vez incluidos en la redacción de la nueva Constitución con 17 escaños repartidos entre 10 etnias (mapuche, aymara, diaguita, lickanantay, quechua, rapa nui, yagán, kawéskar, colla y chango).
El proyecto constituyente -que se someterá a plebiscito en septiembre- estableció que Chile sea «un Estado plurinacional» y que los pueblos originarios tengan derecho «a la autonomía y al autogobierno», un hecho ampliamente celebrado entre las comunidades y organizaciones proindígenas.
MÉXICO, UN GRITO CONTRA LA VIOLENCIA
En México, donde más de 23 millones de habitantes se asumen como indígenas, una de las cifras más altas de la región, los pueblos originarios afrontan la proliferación de grupos armados, en particular en Chiapas, el estado con mayor población indígena.
Las disputas del crimen organizado por el control del territorio han incrementado los desplazamientos forzados de los pueblos originarios, según informes de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Los desplazamientos internos en Chiapas se triplicaron en 2021, derivado de la violencia por grupos armados, y los municipios donde se refleja este fenómeno son Aldama, Chalchihuitán, Venustiano Carranza, Chenalhó, Pantelhó y, últimamente, La Trinitaria y Frontera Comalapa.
Este es el caso de Juan Santis Méndez, un indígena tzotzil que salió de su comunidad por cuestiones de seguridad ante el enfrentamiento entre civiles llamados Los Machetes y un grupo armado del crimen organizado, Los Herrera, el 8 de julio de 2021, en Pantelhó.
Está refugiado en San Cristóbal de Las Casas con un grupo de 200 indígenas más, quienes solicitan la protección del Gobierno local y estatal invocando la reparación del daño, restitución de tierras e indemnización.
«Teníamos miedo, llegaron a mi comunidad y echaron bomba y bala, temíamos por la vida de los niños, por eso salimos huyendo para el monte, hoy para regresar nos piden una multa de 50.000 pesos (unos 2.500 dólares) que no tenemos», explicó a Efe.
BOLIVIA, UNA ESPERANZA ATENUADA
Bolivia es uno de los países con mayor población indígena. Según el último censo de 2012, entre el 41 % y el 49,3 % de su población se identificó con alguno de los 36 pueblos o naciones reconocidas por la Constitución de 2009, que declaró al país como Estado plurinacional.
En los últimos años la presencia de la población indígena se ha hecho visible en cargos públicos electivos o de designación de la mano del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
Precisamente esta cuestión es tema de división entre algunos pueblos indígenas que piden una mayor participación política al margen de un partido.
Asimismo, sienten que sus derechos y formas de vida no son respetados pese a estar reconocidos en la Constitución y consideran que una de las razones es que no hacen parte de los grupos que apoyan al oficialismo.
Muestra de esto ha sido la confrontación de los pueblos de tierras bajas (Amazonía y el oriente boliviano), considerados críticos con el Gobierno, que exigen medidas contra el avasallamiento y el respeto a sus territorios ante comunidades llegadas de otras regiones, especialmente aimaras y quechuas, en su mayoría afines al oficialismo.
Esas comunidades, denominadas interculturales, también han presentado pedidos por la titulación de tierras y reformas al régimen legal agrario ante lo que consideran beneficios a los empresarios agroindustriales, al mismo tiempo que niegan ser avasalladores.
EFE
