Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juzgado penal municipal de Ibagué, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de dos mujeres y tres hombres, como presuntos responsables del secuestro de una reconocida empresaria ibaguereña.
Los afectados con la medida fueron Rosa Isabel Torres Zapara, de 19 años de edad; Santiago Torres Parra, de 23 años; José Luis López Alzate, de 23 años; y los hermanos Evelin y Steven Flórez Vallejo, de 20 y 22 años, respectivamente.
En la tarde del 18 de marzo último, en la Avenida Guabinal de la ciudad de Ibagué, la víctima fue interceptada por varias personas armadas que la subieron a su carro y salieron con rumbo desconocido. Al parecer, a las afueras de esta ciudad los ilegales abandonaron el carro de la mujer y se movilizaron en otros 2 vehículos hacia el departamento de Antioquia.
Según la investigación adelantada por el Gaula de la Policía, horas después del secuestro se realizó un retiro de la cuenta bancaria de la víctima, desde el municipio de La Dorada (Caldas).
Al día siguiente, la mujer fue obligada a llamar a sus familiares para pedirles que le consignaran 23 millones de pesos, pero minutos después los presuntos victimarios llamaron de nuevo a la familia y exigieron la suma de 250 millones de pesos a cambio de su liberación.
Por información de fuente no formal, se logró establecer que la empresaria habría sido llevada hasta una finca en la vereda Montegrande del municipio de Sopetrán, en el occidente de Antioquia. Entretanto, en un operativo de allanamiento y registro realizado el 20 de marzo reciente por funcionarios del Gaula de la Policía Tolima y Antioquia se logró la liberación de la víctima y la captura de las 5 personas que al parecer la tenían retenida en contra de su voluntad.
Igualmente, durante la diligencia las autoridades incautaron los dos vehículos en los que se habrían desplazado los secuestradores de la mujer desde Ibagué, armas de fuego, municiones y los teléfonos celulares, de los cuales se estaría haciendo la exigencia económica.
La Fiscalía también investiga si los presuntos responsables son integrantes de la organización criminal denominada La Oficina.
Los procesados no aceptaron los cargos imputados por un fiscal destacado ante el Gaula Antioquia por los delitos de secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas de fuego agravado.
