Bangkok, 15 mar – La mayoría de los líderes de las protestas prodemocráticas comparecieron este lunes en el inicio de un juicio en Bangkok en el que hubo un total de 22 manifestantes acusados con cargos que incluyen sedición y lesa majestad.
«Pueden encerrarme, pero no pueden encerrar la verdad», indicó uno de los líderes estudiantiles de las manifestaciones antigubernamentales, Parit «Penguin» Chiwarat, al llegar al Tribunal de lo Penal.
Según explicó su abogado a la prensa local, Penguin dijo ante el tribunal que se declarará en huelga de hambre hasta que le concedan la libertad provisional, algo que han negado a la mayoría de los líderes.
Vestido con las ropas anaranjadas de presidiario, el cabecilla de las protestas realizó desde el furgón policial el saludo de los tres dedos que se ha convertido en el símbolo de resistencia contra las autoridades promilitares.
Otros líderes acusados en el tribunal incluyeron a Panusaya «Rung» Sithijirawattanakul y Panupong «Mike» Jadnok.
Entre los 22 imputados, siete están acusados de lesa majestad y sedición, entre otros delitos, mientras que el resto se enfrenta a cargos de sedición, manifestación ilegal y violación de las restricciones por la covid-19, informó en un comunicado la ONG Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos (TLHR, sigla en inglés).
La lesa majestad, o las ofensas contra la monarquía, se castiga con entre 3 y 15 años de prisión, mientras que la sedición puede acarrear penas de hasta 7 años de cárcel.
Estas acusaciones se refieren a la participación de los manifestantes y sus líderes en una protesta en la que pidieron reformas del sistema, incluida la monarquía, el pasado 19 de septiembre.
Las protestas prodemocráticas, en su gran mayoría pacíficas y lideradas por los estudiantes, comenzaron en julio de 2020 para exigir la dimisión del primer ministro tailandés, la redacción de una nueva Constitución -ya que la actual fue redactada por la anterior junta militar (2014-2019)- y reducir el poder de los militares.
Sin embargo, la demanda más audaz llegó al mes siguiente, cuando exigieron la reforma de la monarquía para que tenga menos influencia política y la enmienda de la ley de lesa majestad, que ha sido criticada por la ONU por ser excesivamente estricta.
Según TLHR, al menos 382 personas, incluidos 13 menores, han sido acusadas desde julio por participar en manifestaciones y expresar sus opiniones políticas, mientras que al menos 68 lo han sido por lesa majestad.