Los megaincendios, que sólo en 2019 han calcinado más de 20 millones de hectáreas en todo el mundo, «superan toda capacidad de extinción» y refuerzan la «necesidad de invertir en políticas de gestión forestal sostenible», ha advertido hoy el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales de España.
A lo largo del año pasado, este tipo de siniestros arrasó «más de 10 millones de hectáreas en Australia, 5 millones en Bolivia, 3 millones en la Rusia siberiana y 2,5 millones en la Amazonía brasileña», de acuerdo con el comunicado de esta institución, que añade como agravante la emisión de «billones de toneladas de gases de efecto invernadero».
A pesar de registrarse en condiciones y lugares diferentes, estos fuegos tienen una característica en común y es que están «fuera de toda capacidad de extinción» porque «en la actualidad no existen medios técnicos ni humanos, a nivel cuantitativo ni cualitativo, que puedan enfrentarse a unos incendios forestales de estas características».
Ésta es una realidad que la ciudadanía «tiene que saber», advierte la nota del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural de España, porque «cada vez más afectan a viviendas o asentamientos que están rodeados de vegetación» en una interfaz urbano-forestal.
España ha sufrido recientemente este tipo de incendios, como el producido en la isla de Gran Canaria el año pasado, que fue «el más grave de 2019, ya que ardieron unas 12.000 hectáreas de gran valor ambiental».
Para tratar de evitar que Europa sufra un desastre ambiental como el que padece Australia desde hace meses, los ingenieros técnicos forestales han pedido a las autoridades de la Unión Europea que establezcan «políticas de gestión forestal sostenibles y ayudas económicas al sector forestal para asegurar la sostenibilidad de los bosques y su contribución a mitigar el cambio climático».
Estas políticas de gestión forestal pretenden «aumentar la resistencia al fuego de las masas forestales y su adaptación a los cambios que se avecinan», además de recuperar la vegetación quemada, ya que la pérdida de sumideros de CO2 «supone más del 75% en pérdida de secuestro de carbono».
Los expertos exigen una legislación forestal «adaptada al siglo XXI» que establezca «la obligación de contar con refugios antiincendios en las viviendas de alto riesgo» e incentive «las quemas prescritas para reducir la carga de biomasa» o combustible forestal.
En este sentido, «impulsar las actividades productivas sostenibles que eviten el abandono de las zonas rurales», es otra de las medidas planteadas por los profesionales del sector para evitar el «infierno forestal de todos los veranos».
EFE
