El municipio de El Tambo queda a solo 35 kilómetros de Popayán, la capital de Cauca, pero a una hora por carretera por el regular estado de la vía. Inicialmente, el objetivo es llegar al corregimiento de San Joaquín, uno de los sitios más calientes del municipio, aseguran sus habitantes. Caliente, para ellos, es sinónimo de peligro. Así lo cuenta Laureano Martínez, uno de los líderes del Comité de Impulso que lleva cinco años esperando por la anhelada reparación integral para las víctimas del conflicto armado. Con su rostro arrugado por el paso de los años, al menos 70, pero la lucidez de un hombre que ha vivido, afirma: “En Popayán a uno le preguntan: ¿usted de dónde es? De San Joaquín, uno contesta. Uy, qué gente tan mala, le responden”.
Según él, la imagen del corregimiento se dañó con la llegada de los paramilitares del bloque Calima de alias Martín Llanos, quienes arrasaron con todo a inicios de los 2000.
La primera noche la pasé en el municipio Timbío, a media hora del corregimiento, porque, ante la advertencia, no quise transitar por la vía destapada y oscura después de las 10 de la noche. A las 10 de la mañana llegué a San Joaquín y lo primero que vi a la entrada fue el cementerio de puertas abiertas. Es domingo y ahí están Víctor Eugenio Pérez, acuerpado y canoso, y su esposa María Edilma Guerrero, que sostiene una sombrilla para cubrirse del sol canicular. Se inclinan y, mientras cambian los claveles rojos que cada semana traen a la tumba de su hijo, me confiesan que en 2013 se lo llevaron las autodefensas y 26 días después apareció muerto.
A pocos metros de ahí, arrodillado y limpiando otra tumba, está Julio César García. Es un hombre de pocas palabras y solo atina a decir: “Entre menos uno sepa, mejor. Aquí es mejor tener la boca cerrada”.
Celio Urresti fue alcalde de El Tambo hasta diciembre de 2019 y vive en el corregimiento de San Joaquín. Recuerda que el 4 de enero de 2012 las Farc atacaron el municipio y un cilindro bomba cayó en la puerta de su casa, donde estamos parados dialogando. Los combates duraron seis horas y dañaron parte de la escuela de primaria, que, aunque parezca increíble, estaba ubicada al frente de la estación de Policía. Los cilindros también rompieron el techo de la casa de Olivia Bambagüe: “Casi matan a mi papá. El cilindro cayó al lado de la cama donde se encontraba dormido”.
Ese mismo año los paramilitares también atacaron el corregimiento. Según Juan Carlos Salazar, docente del Colegio Agroindustrial San Joaquín, el segundo más grande del suroccidente colombiano, se trató de una estampida que les produjo sufrimiento humano y profesional. “Se llevaron los cerdos, las vacas y las gallinas. Los criaderos, como usted los puede ver, quedaron vacíos. Ya no tenemos cómo hacer prácticas con los estudiantes”, asegura el profesor Salazar.
Después de las 6 de la tarde son muy pocas las personas que caminan por las calles polvorientas del corregimiento. Han pasado los años, pero el temor no se va. Como dice Tulio Alonso Tascón: “La gente no olvida”. En algunas veredas los muertos siguen llegando. Las disidencias hacen presencia y parecen invisibles ante la Fuerza Pública.
Por la mañana del lunes visité a Marleny Muñoz, conocedora de la idiosincrasia de sus coterráneos. Es la coordinadora de la Mesa de Víctimas del municipio El Tambo. Ella tiene todos los registros y asegura que, ante el incumplimiento por parte del Estado, las víctimas siguen siendo afectadas por los actores armados: “La parte donde hay dinero es en las zonas alejadas, donde no hay carreteras pero sí cultivos ilícitos, y hasta allá llegan a trabajar los hombres, especialmente, para llevar el sustento a sus casas”.
El exalcalde Urresti cuenta que durante su mandato insistió en que hay que reeducar al adulto en convivencia social, porque no se ha aprendido a vivir en comunidad. Afirma que la pobreza en el municipio ha dado pie para que los cultivos ilícitos tengan un gran potencial: “Somos los mayores productores de coca del departamento y estamos en deuda con el país, pero el Estado está en deuda con nosotros”.
El profesor Juan Carlos Salazar asegura que “el pensamiento de los jóvenes de acá se ha urbanizado, porque ven que el campo no tiene futuro para ellos, entonces deciden estudiar unas carreras que nada tienen que ver con el campo y esto se va quedando solo”.
En el municipio El Tambo hay 12.000 víctimas y en el corregimiento San Joaquín son 218 familias censadas las que esperan la construcción de un colegio, atención psicosocial y la dotación de una planta tostadora para poder aprovechar su producto estrella: el café variedad castillo.
El profesor José Antonio Ante dice que la Ley de Víctimas le prometió al Colegio Agroindustrial, hace cuatro años, un sistema de producción pecuaria que consistía en 500 gallinas, 200 pollos de engorde, cinco novillas preñadas, 20 colmenas de abejas, 10 conejos y apoyo para cultivos de plantas medicinales. Todavía están esperando.
En pocas palabras, las víctimas son el propósito de todos los políticos, pero cuando llegan a los cargos las promesas de campaña se olvidan.
Tomado de El Espectador
