La Fiscalía tiene pruebas de que el exitoso empresario Julio Gerlein Echavarría habría entregado millonarios cheques a la empresa criminal que le permitió a Aida Merlano conseguir una curul en el Senado comprando votos. Él dijo a los jueces que es inocente.
Que la fugitiva exsenadora Aida Merlano tuviera la capacidad de comprar los votos que le permitieron obtener una curul en el Senado, en marzo del año pasado, no hubiera sido posible sin un flujo de caja constante y generoso. El dinero que le sirvió para pagar no solo los votos con los que compró su elección, sino también para salarios de personal de seguridad, digitadores de información que se albergó en bases de datos, coordinadores cuya misión era organizar el entramado de la corrupción, didactas para enseñar a votar y hasta mercados para diciembre. Hasta ahora, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Fiscalía han señalado que el encargado de esta financiación habría sido el empresario Julio Gerlein Echavarría.
El ente investigador le dio a este diario detalles claves de las evidencias que están en su poder de cómo fue que el barranquillero terminó siendo el eslabón clave en materia financiera de la empresa criminal de Merlano, un calificativo que le dio la Corte Suprema a su esquema de compra de votos. La presunta participación de Julio Gerlein, hermano del exsenador Roberto Gerlein, quien ajustó 48 años en el Congreso, ha sido un tema que el alto tribunal ha pedido investigar. Lo hizo cuando capturó a Aida Merlano, en abril de 2018, y en la condena en contra de la exsenadora que se conoció en septiembre pasado. Para este último llamado, la Fiscalía ya había presentado la acusación en contra del empresario barranquillero.
En el documento, el ente investigador detalló cómo funcionó la empresa criminal de Merlano y, además, dio claves hasta ahora inéditos de cómo fue que Gerlein Echavarría financió la estructura de corrupción electoral por la que ya fue condenada la exsenadora a 15 años de cárcel. La Fiscalía asegura que desde la cuenta de Bancolombia de Julio Gerlein se giraron varios cheques con destino a diferentes personas que no tenían nada que ver con Merlano ni sus ayudantes, así como a identidades falsas. Una vez cobrados los cheques, el papel entraba a una cadena de endoso para, finalmente, llegar a manos de quienes sí tenían vínculos con la organización de Merlano.
La Fiscalía señala que bajo esta modalidad de pago una sola persona podía cobrar hasta 41 en poco tiempo. Para los investigadores, esta estrategia no tenía otro objetivo que el de simular el verdadero destino del dinero, que no era otro que financiar la elección de Aida Merlano en el Senado. Para el ente investigador, no hay duda de que Julio Gerlein sabía muy bien para qué se usaba su dinero y esto, por su condición socioeconómica y su conocimiento del sistema electoral, es una actuación todavía más reprochable. Para soportar la tesis, la Fiscalía asegura tener pruebas de que Edwin Martínez Salas, José Antonio Manzaneda (expareja de Merlano) y Andrés Niño Muñoz cobraron 25 cheques girados por Gerlein.
En total, dice la Fiscalía, el monto de los cheques habría alcanzado los $11 mil millones que habría usado Merlano y su organización para comprar los votos y mantener la sofisticada estructura que desplegó para quedarse de manera irregular con una curul en el Senado. Además, el ente investigador aseguró que el uso de cheques tampoco fue una elección fortuita, sino que fue parte de la estrategia de la red de corrupción para siempre tener dinero en efectivo, simplificar los pagos a los votantes y camuflar la trazabilidad de las transacciones financieras de las que sacó provecho la exsenadora Aida Merlano. Gerlein, dice la Fiscalía, sabía perfectamente para qué se iba a usar el dinero y nadie lo presionó para que lo entregara.
Además del rol de Gerlein como financiador, la Fiscalía sostiene que su papel tenía otras funciones: verificaba de cerca el desempeño de la red de corrupción, se reunía en el Comando Central con los funcionarios para conocer los avances, los planes para recolectar más votos y además se interesaba por conocer los fines de las tareas encomendadas. Por esto, el empresario barranquillero hoy está acusado de haber cometido tres delitos: concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante, cometido en concurso homogéneo y sucesivo, y violación en los topes de los gastos en las campañas electorales en calidad de interviniente.
Aunque la Fiscalía insiste en que la persona que lideró, dirigió y encabezó la organización fue Aida Merlano, la estructura criminal tuvo financiadores, en especial Julio Gerlein, y otros integrantes con roles claramente definidos. Los coordinadores, aún no identificados, pero seguramente exconcejales y diputados, que estaban al frente del personal administrativo dedicado a las labores de seguridad, sistemas, transporte, manejo de las casas de apoyo, pagadores, taquilleros y hasta personal de logística. Con ellos estaban los líderes, encargados de reclutar a los votantes y cancelarles los recursos pactados con la organización.
Era tan sofisticada la empresa criminal para la compra de los votos, que esta contaba con un área de gerencia, otra de recursos humanos, personal administrativo, oficina de sistemas y área de seguridad. Los coordinadores se encargaban de recomendar a quienes pudieran desempeñarse como líderes, desde una premisa: que tuvieran la capacidad de reclutar un alto número de votantes. Los líderes accedían al Comando Central para conocer de cerca las instrucciones y de qué manera llenar una especie de formulario de inscripción con los datos de quién lo recomendaba y el número de votantes que se comprometía a conseguir.
Los líderes recibían talonarios desprendibles y huelleros para diligenciarlos con los datos de los votantes. Una vez conseguidos, la promesa se sellaba con la entrega de $50.000. Luego los líderes regresaban a la Casa Blanca o Comando Central para la revisión de sus talonarios. Allí, los llamados punteadores, a través de una lupa, verificaban que las huellas plasmadas por los votantes en los desprendibles coincidieran con aquellas que aparecían en las fotocopias de las cédulas de ciudadanía que siempre iban adjuntas. Los punteadores también tenían su propia lista de instrucciones para el éxito de la organización.
En adelante, en el área de sistemas, se verificaba que los votantes asignados a determinado coordinador no se cruzaran con otro, es decir, que no se repitieran. Además, en esta sección se debía establecer cuál era el puesto de votación de cada votante, permitiendo de paso un control a futuro sobre los sufragios necesarios para cada sitio. Con una regla ineludible: las personas debían estar zonificadas en máximo tres puestos de votación por líder y, en cada uno de ellos, debían existir como mínimo 10 votantes. Esta oficina de sistemas contaba con al menos 23 digitadores.
Cuando concluía el trabajo de los punteadores y del área de sistemas, comenzaba el proceso de zonificación. Si el trabajo de los líderes estaba bien realizado, recibían $15.000 por cada votante para ser entregado como anticipo, con el correspondiente subsidio de transporte. Luego de la correcta zonificación de las personas, los líderes debían retornar al Comando Central para acceder a los recursos complementarios. En cuanto a los votantes, cuando recibían los $15.000, los líderes debían firmar letras de cambio en blanco como garantía de no apropiarse de los recursos.
Al concluir la zonificación, empezaba la etapa didáctica que consistía en visitar a los votantes en sus casas para enseñarles cómo votar por Aida Merlano al Senado y por Lilibeth Llinás a la Cámara. Después los líderes recibían contraseñas para identificarse el día de los comicios, con suficiente información sobre las casas de apoyo. Estas últimas eran 187 terrazas arrendadas por la organización en Barranquilla y otros municipios donde no solo se hacían las simulaciones de las votaciones, sino que se definía también cómo cancelar en dos porcentajes por los votos comprados.
El día de las elecciones, cuando el votante ejercía su derecho al voto, le entregaba el certificado electoral a su líder y este le daba los $35.000 que se le debían como excedente. Los líderes debían grapar los certificados electorales con los stickers recibidos en el Comando Central, y los punteadores diligenciaban los formatos de constancia de entrega de los dineros. Al terminar el trabajo, cada líder recibía el dinero del 30 % de los votantes que aún no había sido cancelado, más $10.000 por cada sufragante. Si habían cumplido con el 80 %, recibían $10.000 adicionales por votante.
Cabe destacar que todo el tiempo la organización contaba con personal de seguridad y armas de fuego para custodiar las altas sumas de dinero en efectivo que se manejaban en el Comando Central, y el mismo personal debía custodiar que los líderes no se apropiaran de los recursos destinados a los votantes. La Fiscalía constató que varias de las armas tenían permiso oficial para su tenencia, pero otras lo tenían vencido desde años atrás. Las tareas de seguridad debían tener en cuenta que siempre había un flujo constante de capital, y por ello tenían que conocer a las distintas personas que participaban en la organización.
En medio de esta empresa dedicada a la compra de votos, la Fiscalía sostiene que Julio Gerlein Echavarría fue el principal financiador, aunque también era común verlo reunido en el Comando Central con las candidatas Aida Merlano y Lilibeth Llinás, así como con otros políticos atentos a las necesidades de la organización. Para la etapa de juicio, la Fiscalía asegura tener 20 testigos, más los aportes de 26 investigadores, ocho funcionarios técnicos y ocho peritos, más abundante prueba documental de discos duros, carpetas y papelería como evidencia probatoria del fraude.
Hasta el escándalo Merlano, Julio Gerlein era uno de los más destacados empresarios de Barranquilla. Su empresa Valorcon, constituida en 1992, había promovido cerca de 100 proyectos de vivienda y de infraestructura vial o deportiva. Según conocedores de su desempeño, hasta hace pocos años su firma coordinaba 10 de los más grandes proyectos de infraestructura de la región y estaba pendiente de las principales obras del aeropuerto de la ciudad. Ahora el empresario Gerlein, de quien se dice negocia con la Fiscalía, pero insiste en su inocencia, es la pieza clave para descifrar cómo funcionó por muchos años la compra de votos en el Atlántico.
Tomado de El Espectador
