La demanda de EPM por $ 9,9 billones involucra a los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores del proyecto de Hidroituango. Sin embargo esta nota se centra en los constructores: Consorcio Generación Ituango (constituido por Integral S.A., Geotécnicas Solingral S.A.), Consorcio CCC Ituango (conformado por Camargo Correa, Conconcreto, Coninsa Ramon H. S.A.).
El Consorcio Generación Ituango elaboró los diseños y asesoría del proyecto. Fue el responsable del diseño del túnel auxiliar, denominado Galería Auxiliar de Desviación – GAD, que surgió en 2014 como una solución para recuperar el retraso de un año que tenía la desviación del río Cauca y que empezó a construirse 13 meses antes de obtener licencia ambiental (lo cual le generó una multa de $ 5.509 millones en enero de este año, por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA).
Para llenar el embalse había tres túneles de desviación, dos fueron cerrados por cronograma de obra y solo funcionaba GAD mientras se terminaba la presa, que colapsó en abril 28 de 2018. Para evitar que el caudaloso rio Cauca pasara por encima de la presa, la empresa se vio obligada a verter el agua por la casa de máquinas. Situación que generó una emergencia social y ambiental, unos sobrecostos estimados en $ 4,6 billones y un retraso en su entrada en operación y generación de ingresos.
La reconocida firma internacional noruego-chilena Skava Consulting, realizó un estudio de análisis de causa-raíz para determinar los motivos presuntos por los cuales colapsó el túnel auxiliar GAD. En la investigación participaron 7 ingenieros alemanes, suizos y chilenos. Los resultados determinaron que la hipótesis de mayor probabilidad es que la obstrucción del túnel auxiliar de desviación, se debió a la erosión progresiva de zonas de debilidad de la roca, localizadas en el piso del túnel, las cuales no fueron debidamente tratadas por una deficiencia en el diseño durante la etapa de asesoría, el cual estuvo a cargo del Consorcio Generación Ituango (Integral – Solingral).
La empresa paisa Integral fue fundada en 1955 por seis ingenieros todos ellos egresados de la Escuela de Minas de la Universidad Nacional y con estudios en el exterior, que crearon esta firma dedicada a la ingeniería de consulta, permitiendo eliminar la dependencia que existía en compañías de ingeniería civiles extranjeras donde los colombianos eran simples contratistas o aliados. Integral contó con la oportunidad que el Banco Mundial empezó a exigir que se trabajará con entes privados nacionales para otorgar préstamos a empresas como EPM que también iniciaba operaciones, en estos años. Integral ha participado en casi todas las obras hidroeléctricas del país, en Panamá junto con Conconcreto construyó la hidroeléctrica de Bonyic de EPM que costó casi seis veces lo presupuestado, con serias irregularidades de ambas compañías según la Contraloría General de Medellín, donde la Junta Directiva de EPM se negó a realizar acciones jurídicas.
Con los diseños listos, la dirección de EPM convocó en octubre de 2011, a compañías colombianas y extranjeras para la licitación de la construcción de los Túneles de Desviación, del Túnel de Acceso y las Galerías de Construcción de la Casa de Máquinas del Proyecto Hidroituango.
Aunque al comienzo del proceso más de veinte empresas mostraron interés, sólo siete entraron en la puja. Una de esas irregularidades es que, dentro de los requisitos que EPM estableció, los proponentes debían tener un crédito y demostrar la forma cómo iban a financiar la obra. Este requisito dejaba en el camino a varias compañías, razón por la cual fue suprimido silenciosamente, sin mayor explicación.
La mayor crítica al proceso de adjudicación, se centró en el supuesto favorecimiento al consorcio ganador. Jairo Hoyos Gómez, uno de los miembros de la junta directiva de la firma Coninsa Ramón H. entre 2001 y 2011 había sido nombrado presidente de Integral en julio de 2009, empresa que tuvo a cargo los diseños. EPM tenía la posibilidad de eliminar al consorcio CCC Ituango por esta condición, pero prefirió solo preguntar si Hoyos Gómez había participado directamente en los diseños, ante una negativa, EPM permitió que CCC Ituango continuara.
Otra observación, tuvo que ver con la modificación del pliego de condiciones cinco días antes de cerrarse la licitación. El cambio se hizo sobre la experiencia de los proponentes, lo que afectó al segundo en competencia, la Unión Temporal Aoco donde participaban entre otros, la antioqueña El Cóndor S.A.
El ganador finalmente del proyecto fue Consorcio CCC Ituango, conformado por Construções e Comercio Camargo Correa S.A. del Brasil con un 55 % y Conconcreto con un 35 % y Coninsa Ramon H. S.A. con un 10 %. Consorcio que realizó la oferta más económica, por $ 1 billón 884 mil millones. Este mismo Consorcio había sido el seleccionado por EPM para la construcción de la central hidroeléctrica Porce III (Nordeste Antioqueña), cuyos sobre costos pasaron de USD 550 millones de presupuesto inicial a USD 1.300 millones.
El Grupo Camargo Correa es un conglomerado de empresas brasileñas de capital cerrado y control familiar con sede en Sao Paulo, fundado en 1939, y con presencia en el país hace más de 20 años. Según las investigaciones realizadas en Brasil, tanto en la Operación Castillo de Arena como Lava Jato, Camargo Correa era una de las 23 constructoras que operaban en forma de cartel para quedarse con la mayoría de las licitaciones en ese país, manipulando pliegos y sobornando a funcionarios entre otras prácticas.
Hasta principios del 2017, Camargo Correa publicaba avisos negando el pago de sobornos en Perú y Brasil, finalmente negoció un acuerdo con el Ministerio Público de Brasil para que 40 directivos se acogieran al programa de “delación premiada” y descubrieran a 200 políticos que recibieron $ 15 millones de dólares en sobornos de la empresa. Su acuerdo con el Gobierno supera en multa los USD$ 590 millones (entre enriquecimiento ilícito y pago de propinas para adjudicarse los contratos).
Conconcreto por su parte, nació a principios de los años sesenta cuando Darío Aristizabal Correa con otros cinco arquitectos se unieron para producir losas de concreto necesarias para la construcción de vivienda unifamiliar, pero muy pronto, la empresa quedó en las manos de Darío y sus dos hermanos menores J. Mario (Jota) y Luis Jorge Aristizabal.
Las primeras décadas estuvieron concentradas en la construcción de edificaciones y viviendas y en la creación de la hoy filial Industrial Conconcreto productora de los agregados, prefabricados y estructuras necesarias para la construcción. En los años 80s, Jota Mario tomó la decisión de ingresar en infraestructura y empezaron a participar en las grandes obras viales en Medellín. Bajo su liderazgo, Conconcreto se convirtió en líder nacional del sector, merecedora de varios premios nacionales e internacionales.
El siglo inició con la toma de control por parte de Juan Luis Aristizábal, hijo de Darío, quien venía de gerenciar varias empresas del sector y había trabajado durante 1992 en Conconcreto dirigiendo la línea de vivienda. Bajo su presidencia, la empresa ha efectuado procesos de venta acciones en busca de capital para mejorar la financiación de los diferentes de proyectos de infraestructura en que ha participado bien sea directamente, a través de promesas de asociación futura, consorcios o uniones temporales. Es así como en 2015, entró como socia con un 20 % la francesa Vinci S.A., líder en el mundo en construcción y concesiones.
La empresa ha recibido varios golpes a su reputación. Los inconvenientes en la entrada del proyecto de Hidroituango e informes de la Contraloría General de la República sobre presuntos problemas de construcción han generado ruido en el valor de su acción en la Bolsa de Valores de Colombia desde abril de 2018. Sumado a esto, la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC le formuló ese mismo año pliego de cargos por presunta cartelización empresarial en el proceso licitatorio del Tercer Carril Bogotá-Girardot, caso que fue archivado tres años después, en junio de 2020, sin encontrar méritos para sancionar a la empresa. Sin embargo, Conconcreto fue multado por la SIC en $ 21.601 millones por obstrucción a la investigación de dicho caso.
Los cuestionamientos al proyecto de Hidroituango no son nuevos. La mayor crítica ha sido la concejal de Medellín por el Centro Democrático desde 2016, Paulina Aguinaga, con su control político a las inversiones de EPM. Al respecto de la actual situación ha indicado: “Todos queremos mucho el proyecto de Hidroituango, queremos a EPM, pero no podemos desconocer que acá hubo serias y muchas irregularidades, que tienen el proyecto en el estado que se encuentra” .
La renuncia de la totalidad de los miembros de la junta directiva de EPM, es un símbolo del empresariado paisa que difícilmente puede pasarse por alto. Los mismos miembros de la junta venían pidiéndole a la gerencia que propiciara unos escenarios de conciliación con todas las personas y empresas que hacen parte de la construcción y funcionamiento del proyecto hidroeléctrico Ituango. La decisión tomada de reclamaciones judiciales sin consulta a la Junta Directiva y sin ningún análisis de matriz de riesgo, pone en peligro la entrada en operación de la hidroléctrica en 2022. Sin embargo, el alcalde Daniel Quintero y el Gerente de EPM Álvaro Guillermo Rendón indicaron que seguirán en su propósito que algunas de las empresas que intervienen en el proyecto resarzan los daños causados.
Tomado de Las2Orillas
