Los elegidos para proteger los bienes incautados a la mafia, en cumplimiento de una política de Estado para quitarles a los capos sus fortunas adquiridas con dinero ilegal, han significado una lucha de más de 25 años. La Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) se creó en 1990 y una de sus misiones era administrar las propiedades que, después de pasar por un proceso de extinción de dominio, debían ser controladas por el Estado. Sin embargo, las mismas estructuras de corrupción que decían combatir terminaron contaminando a la DNE y por eso en 2011 dejó de existir. Tras las denuncias, el caso fue considerado un escándalo más y hasta hoy los responsables han esquivado de manera magistral las investigaciones de las autoridades.

A comienzos de este año, varias de las líneas de investigación de este caso cambiaron de fiscal. Al recibir y revisar las carpetas, la nueva funcionaria dejó en evidencia el poco o casi nulo avance en los expedientes en los que un testigo clave de la Fiscalía viene declarando desde 2013. Se trata de las irregularidades que existieron hace una década en la venta de cuatro predios que pertenecían al clan narcotraficante Nasser Arana.

Según Camilo Bula, el depositario de estos bienes y el único condenado en esta historia, hay por lo menos ocho personas que se beneficiaron gracias a un grupo de funcionarios que, a cambio de millonarias sumas de dinero, les vendían las propiedades a un precio más barato.

Los dos primeras son los esposos Isabel Cristina Vega y Jorge Alberto Urrea, quienes compraron los bienes Cuba y Casablanca, un predio de 780 hectáreas ubicado entre Barranquilla y Puerto Colombia, por un precio de $600 el metro cuadrado. Una cifra sospechosa, pues en esa zona el valor del metro cuadrado varía entre $15.000 y $150.000. Ambos fueron acusados del delito de fraude procesal. Sin embargo, en las carpetas que recibió la nueva fiscal hace casi seis meses se lee que el delito por el que son procesados es peculado por apropiación. Las irregularidades ya fueron denunciadas ante jueces, pero ni el Tribunal Superior de Barranquilla ni la Corte Suprema de Justicia enmendaron el error.

Otro de los casos que resaltó la nueva investigadora, y el más preocupante según la Fiscalía, es el expediente en contra de Carlos Albornoz, exdirector de la DNE. Según Bula, la cabeza de la entidad participó, junto con él, en varias reuniones con el empresario dueño de Fedco, Leo Eisenband, y su socio, Luis Fernando Vásquez, para cuadrar una comisión de éxito por cerca de $2.000 millones por la compraventa del centro comercial Villa Country, que fue vendido a un precio $22.000 millones menor que su avalúo comercial. Bula fue condenado en segunda instancia a 18 años de cárcel por este mismo caso. En cambio, Albornoz está libre y a la espera del avance de su juicio, que tampoco ha sido ajeno a los problemas.

La nueva fiscal encontró que, en la audiencia de imputación, la Fiscalía dijo que iba a investigar a Albornoz por ocho delitos: prevaricato por acción, falsedad en documento público, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, obtención de documento privado falso, concierto para delinquir, prevaricato por omisión y peculado a favor de terceros. Sin embargo, durante la acusación, el fiscal que llevaba el caso, Ricardo Santiago González, retiró cuatro delitos. Según la investigadora que lleva hoy el caso, su colega hizo el cambio “sin mayor motivación” y sin cumplir los requisitos legales para hacerlo.

Los hallazgos de la fiscal fueron detallados en un derecho de petición presentado por Camilo Bula con el objetivo de saber de qué ha servido su colaboración y qué hicieron las decenas de fiscales que han tenido en sus manos las investigaciones del escándalo. En ese documento, además de la desaparición inexplicable de los delitos en el caso de Albornoz, quien se encuentra libre por vencimiento de términos y luego de ser absuelto en otro proceso, se reseñaron más decisiones “incomprensibles”, que también fueron dadas a conocer por La FM. Por ejemplo, que el juez 37 penal de conocimiento de Bogotá rechazó pruebas claves recopiladas por el CTI, como testimonios e informes técnicos, para probar que los valores de venta de predios estaban amañados.

Además, señaló la fiscal, la juez del caso le ha impedido varias veces intervenir en las audiencias y vetó otros testimonios de funcionarios técnicos porque, en su opinión, eran complicados de entender. Para enmendar el rechazo de las pruebas, la investigadora presentó una nulidad y una tutela, pero ninguna sirvió para arreglar lo que considera un error del anterior fiscal, Ricardo Santiago González. Carlos Albornoz fue absuelto el año pasado por un caso similar. Sobre el expediente del empresario Leo Eisenband, tal y como lo reseñó El Espectador en su edición del 14 de julio pasado, las irregularidades tampoco han sido pocas.

El ente investigador ha intentado imputarle cargos en siete ocasiones y, pese a las diferentes pruebas y testimonios que hay en su contra, ha sido imposible. La nueva fiscal explicó que a comienzos de año el funcionario que llevaba este caso, Camilo Escobar, fue retirado y su despacho cerrado. El próximo intento de imputación se hará el próximo 5 de agosto. Sobre el resto de los procesos, la fiscal le aseguró a Bula que encontró otras irregularidades, como el hecho de que el fiscal Santiago González cambió la calificación jurídica de los delitos. En otras palabras, si los investigados fueron autores, coautores o intervinientes, lo que varía la gravedad de los hechos. Esto ocurrió en el caso de Jorge Iván Velásquez, empresario y dueño de la inmobiliaria Gavel.

Aunque en la audiencia de imputación la Fiscalía aseguró que Velásquez cometió el delito de peculado, cohecho y concierto para delinquir en calidad de coautor, el fiscal González cambió la tesis. Sin explicar la razón, le aseguró al juez, durante un encuentro posterior, que Jorge Iván Velásquez habría delinquido, pero como interviniente. Esto, en palabras menos jurídicas, significa que la pena en contra del empresario se reduciría. Según el proceso, desde 2018 el ente investigador ha intentado avanzar en la acusación, pero la defensa del empresario ha pedido aplazar los encuentros por lo menos en dos ocasiones.

Los otros tres casos de los que habló la fiscal en respuesta al derecho de petición de Bula son los relacionados con los empresarios William Escaf, exrepresentante a la Cámara y representante de la promotora Cosmos; Jorge Donado Sojo, avaluador, y Luis Rafael Hoyos, representante de la inmobiliaria Araújo y Segovia. Al igual que en el caso de Luis Iván Velásquez, el fiscal González cambió el estatus de los tres hombres y, delante del juez, explicó que no eran coautores de los delitos imputados sino cómplices. Esto, para la nueva fiscal, es una irregularidad grave dentro del proceso y ya pidió la anulación de lo hecho por Ricardo Santiago González.

El cambio de fiscal en estos procesos podría ser crucial para el avance de las investigaciones, que llevan seis años en mora. Mientras la nueva administración pone la casa en orden, determina qué material se ha perdido, como lo han denunciado varias fuentes que conocen del proceso, y aclara los pasos a seguir, las expectativas están puestas en la audiencia del próximo 5 de agosto. Ese día, por octava vez, la Fiscalía tratará de imputarle cargos a Leo Eisenband, quien se presume no está en el país.

Tomado de El Espectador