El blanco negocio de los quesos y lácteos sirvió de fachada al ELN para planear y ejecutar el sanguinario atentado contra la Escuela de Policía General Santander, en Bogotá. El 17 de enero del año pasado, a las 9:32 de la mañana, el carro bomba conducido por un terrorista suicida estremeció al país. La detonación dejó 22 cadetes muertos y 89 personas heridas. Menos de 24 horas después las autoridades revelaron el autor material: un curtido miliciano experto en explosivos llamado José Aldemar Rojas y conocido con los alias del Mocho o Kiko. Y capturaron a dos personas que le habrían prestado colaboración. Tres días más tarde esa guerrilla reconoció su responsabilidad en el acto. Quedaba pendiente llegar hasta los otros implicados, y eso pasó esta semana.
La segunda fase de la investigación llevó a las autoridades hasta varias queserías que funcionaban entre Arauca, Casanare y Bogotá. Un testigo protegido, exintengrante del ELN, reveló a la Fiscalía y a la Sijín de Bogotá que esos negocios servían de fachada y que tras los productos lácteos ocultaban cargamentos de droga, material de guerra, plata y hasta USB con información encriptada. “Una de las empresas, Lácteos El Arauqueño, tiene siete furgones, o sea siete vehículos con sus caletas. Las cavas tienen doble piso y transportan material de guerra, partes de armamento, fusiles y plata de las extorsiones”, dijo el informante.
El testigo explicó que, en la práctica, las queserías y sus vehículos eran los tentáculos del frente de guerra oriental del ELN, entre su retaguardia y el centro del país. Además, detalló que muchas veces al mover la carga por las carreteras la blindaban con una avanzada:
Testigo: Por ejemplo, entre Arauca y Bogotá se botan por el lado de Sogamoso, y por esa ruta ellos siempre mandan personas adelante, ¿si me entiende? Mandan gente que va descubriendo el camino, que no vaya a haber ejército, tropa o algo…
Investigador: Como campaneros, podríamos decir…
Testigo: Sí señor, así como campaneros, o la mosca, que le llaman ellos…
Y aún más. El informante precisó los nombres de seis personas que trabajaban en las queserías, que en realidad eran integrantes de la red de apoyo a la estructura oriental del ELN, comandada por el temido alias Pablito. Los investigadores entendieron que tenían algo gordo cuando el testigo hizo énfasis en dos personas que serían los líderes de la red de apoyo; al tiempo que sacó su celular, dijo: “Tengo fotos de ellos con armamento”. Efectivamente, les mostró varias imágenes de los dos sujetos, supuestos comerciantes de lácteos, en las que aparecían portando armas de fuego en un lugar muy parecido a un campamento guerrillero (ver imágenes). Se trataba de Álvaro José Mateus Vargas, alias el Quesero, y otro hombre llamado Mario José Astroza López.
Con sigilo, los investigadores rastrearon las claves aportadas por el testigo y lograron ubicar al Quesero. Siguieron sus pasos y así conocieron los locales fachada que frecuentaba en múltiples ciudades del país, además interceptaron sus comunicaciones vía celular. Luego ampliaron el radio de acción a los contactos sospechosos. Cuatro meses después del atentado, cuando el Quesero se disponía a salir hacia Venezuela, fue capturado en Cúcuta.
A partir de entonces las pesquisas siguieron en torno a los contactos detectados. Las autoridades allanaron varios locales y consiguieron información contable que les reveló los eslabones encargados de la estructura financiera del frente de guerra oriental. La Fiscalía asegura que esta red financió el atentado contra la escuela de cadetes, y que incluso algunos de los ocho capturados cumplieron misiones específicas para que el carro bomba explotara en el lugar, hora y día planeados.
El viernes, al cierre de esta edición, los fiscales a cargo adelantaban ante jueces las audiencias de legalización de captura e imputación contra los ocho nuevos implicados. Entre los detenidos están Jessica Catherine Barrientos, acusada de pertenecer a la comisión de finanzas del frente de guerra oriental del ELN. Andrés Felipe Oviedo Espinel, quien habría recibido órdenes directas del comando central relacionadas con el carro bomba. Carlos Arturo Marín Ríos y Angie Lorena Solano Cortés, ambos señalados de haber acompañado en motocicleta el vehículo minutos antes de detonar.
También capturaron a Miguel Antonio Castillo Rodríguez, alias Toño, propietario de dos empresas de quesos con locales en Arauca y Bogotá, que habrían servido para financiar el golpe. Y a Anyi Daniela Martínez Buitrago, empleada del establecimiento Lácteos El Aragüeño. Con ella cayeron Carlos Felipe Mateus Vargas, alias Carlitos; y Luis Sebastián Mateus Vargas, alias Sebas, hermanos del Quesero y presuntos lavadores de dinero para la organización. La Dijín, al detener a alias Sebas, encontró uniformes militares camuflados en uno de los carros trasportadores de queso.
La Fiscalía le imputa a los ocho detenidos los cargos de homicidio en concurso homogéneo (por la muerte de los 22 cadetes), tentativa de homicidio en concurso homogéneo (por los 89 heridos), acción terrorista, financiación de terrorismo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y rebelión.
Adicionalmente, le formulará nueva imputación a Álvaro José Mateus Vargas, el Quesero, por homicidio y actos de terrorismo. Al hombre clave del atentado, capturado en mayo de 2019, lo condenó a finales del año pasado un juez de Yopal a ocho años de cárcel por los delitos de rebelión, concierto para delinquir y financiación del terrorismo. Ahora, con la captura de su red de cooperantes, deberá afrontar una acusación más severa que podría significarle entre 25 y 40 años de cárcel.
Los agentes de la Sijín de Bogotá y los peritos de la Fiscalía también rastrearon bienes, giros y flujos en efectivo, relacionados con los capturados. Nueve inmuebles serán objeto de extinción de dominio. La investigación arroja que aunque las empresas queseras efectivamente producían y comercializaban lácteos con locales en diversas ciudades –incluso con venta al público–, en realidad eran una gran fachada funcional en dos dimensiones.
Los carros y bodegas, como señaló el testigo protegido, tenían caletas para camuflar armas y demás elementos militares. De otra parte, mediante las cuentas bancarias movían los recursos necesarios para abastecer a las estructuras urbanas del ELN en Bogotá, Arauca y en la zona de frontera con Venezuela. Las autoridades aseguran que ese entramado criminal, logístico y financiero permitió el doloroso atentado que enlutó a 22 familias el 17 de enero de 2019. Un acto demencial que jamás debe repetirse.
Tomado de Revista Semana
