Kabul, 20 de febrero de 2025.- El Gobierno de facto de los talibanes ha declarado este jueves su no reconocimiento de la Corte Penal Internacional (CPI), afirmando que la corte opera con sesgo político y ha fallado en abordar presuntos crímenes de guerra en Afganistán durante la presencia de las tropas internacionales.
El Gobierno de los fundamentalistas declaró que «no reconoce ninguna obligación con el Estatuto de Roma o la institución denominada ‘Corte Penal Internacional’ (CPI), que se establece en virtud del mismo», según un comunicado emitido por el portavoz talibán Hamdullah Fitrat.
La postura del gobierno de facto afgano, que denomina Afganistán como un «Emirato Islámico», se basa en su adhesión a «valores religiosos y nacionales» dentro del marco de la sharia islámica, según el comunicado.
El Gobierno talibán argumentó que Afganistán, que ha experimentado intervención extranjera y conflictos, no debería estar sujeto a una institución que, según afirma, ha ignorado en gran medida las presuntas atrocidades cometidas por fuerzas internacionales.
El comunicado acusó a la CPI de inacción con respecto a «los crímenes de guerra perpetrados en Afganistán por las fuerzas de ocupación y sus aliados», citando ejemplos como «la destrucción de aldeas, instituciones educativas, mezquitas, hospitales y ceremonias de boda».
Además, el Gobierno talibán señaló que varias grandes potencias mundiales no son signatarias de la CPI, cuestionando por qué Afganistán debería estar sujeto a su jurisdicción.
«Es injustificado que una nación como Afganistán, que históricamente ha sufrido intervención extranjera y conflictos, esté sujeta a su jurisdicción», afirmó.
Esta reacción de los talibanes se produce después de que, a finales de enero pasado, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitara a los jueces la aprobación de dos órdenes de arresto, una contra el líder supremo de los talibanes, Haibatullah Akhundzada, y otra contra el presidente de la Corte Suprema, Abdul Hakim Haqqani, por persecución por motivos de género en Afganistán.
El fiscal asegura tener “motivos razonables” para considerar a ambos “penalmente responsables” de un crimen de lesa humanidad en todo el territorio de Afganistán desde el 15 de agosto de 2021, el día en que los talibanes tomaron Kabul, tras derrotar a las tropas afganas en casi todas las provincias en una ofensiva fulminante derivada de la retirada de las fuerzas estadounidenses.
Desde su llegada al poder, los talibanes, sostuvo el fiscal, son responsables de perseguir a niñas y mujeres afganas, y a personas que los talibanes percibían como “no conformes con sus expectativas ideológicas de identidad o expresión de género”, o “como aliadas de niñas y mujeres”.
La postura del régimen que gobierna de facto Afganistán se produce en medio de la preocupación internacional por el historial de derechos humanos de los talibanes.
Desde su regreso al poder en 2021, numerosos informes de las Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos han documentado restricciones a los derechos de las mujeres, incluidas limitaciones a la educación y el empleo.
EFE