La menor murió por golpes con objeto contundente, según dictamen forense
Medellín, Antioquia. 24 de Julio de 2025. –Una mujer fue judicializada por su presunta participación en el crimen y abuso sexual de su hija de dos años. Los hechos ocurrieron en el barrio Belencito Corazón de Medellín. La menor murió a causa de politraumatismos provocados con un objeto contundente, según el dictamen de Medicina Legal.
Unidades de la Policía Nacional capturaron a la procesada el pasado 22 de julio. Durante las audiencias preliminares, un fiscal de la Unidad Especial de Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó los delitos de homicidio agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. La mujer no aceptó los cargos.
Según la investigación, entre el 8 y el 10 de julio, la mujer de 25 años y su compañero sentimental habrían golpeado en repetidas ocasiones a la menor. Los ataques se centraron en la cabeza, tórax, dorso, pómulos y extremidades.
Además de los signos de agresión física, los médicos forenses encontraron evidencias claras de abuso sexual. Esta situación agravó la imputación por tratarse de una víctima menor de edad e indefensa.
El juez de control de garantías respaldó los elementos probatorios de la Fiscalía. Por eso, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa el proceso judicial.
Este crimen ha generado profunda indignación en la comunidad. También reabre el debate sobre la protección de la niñez en contextos de violencia intrafamiliar. Las autoridades avanzan en el esclarecimiento de la posible participación del compañero sentimental de la acusada.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.