Caracas, 20 de marzo de 2023 – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este lunes justicia por el «dinero robado» de las cuentas del país en el exterior por parte de la «ultraderecha» antichavista.
«Pido justicia también por el bandidaje, el ladronaje, de esa derecha bandida y corrupta», expresó durante una reunión con la dirección nacional del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), transmitida por el canal estatal VTV.
En este sentido, el mandatario llamó a luchar contra «el bandidaje y los corruptos estén donde estén», bien sea en el oficialismo o en «esa derecha bandida, desmoralizada, conspiradora» que «se robó miles de millones de dólares entregados por el Gobierno de Estados Unidos de las cuentas de Venezuela en el exterior».
«Esos bandidos fueron los que pidieron todas las sanciones que tanto daño le han hecho a nuestro país», dijo el jefe de Estado, quien acusó al exdiputado opositor Juan Guaidó de «bandido» e «hiperladrón», por lo que -aseguró- «debería estar detrás de las rejas» desde «hace tiempo».
Durante el encuentro con el PSUV, Maduro informó que ha «conducido personalmente» una serie de investigaciones, en conjunto con autoridades policiales, para «desmembrar» a las «mafias de corrupción que se han enquistado en importantes sectores del aparato económico, del aparato judicial y del aparato político».
Este lunes, VTV informó de la detención, por parte de la Policía Nacional Anticorrupción, del ahora exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) Joselit Ramírez, así como de dos jueces y un alcalde chavista, por estar implicados en presuntos hechos de corrupción administrativa.
Los detenidos, además de Ramírez, fueron identificados como Cristóbal Cornieles, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas; José Mascimino Márquez, juez de control en delitos asociados al terrorismo, y Pedro Hernández, alcalde del municipio Santos Michelena, del estado Aragua (centro).
Este cuerpo policial, creado en 2014, solicitó el viernes a la Fiscalía procesar judicialmente a un grupo de ciudadanos que «ejercían funciones» en el poder público y que «podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos».
EFE
