Este 2 de septiembre se conoció que el magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia César Reyes firmó un contrato por $574.674.360 en julio de 2016 con el Departamento Administrativo de la Presidencia, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
El documento, que está a nombre de la firma Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores Ltda., de la que Reyes era socio y representante legal, tenía como objeto “realizar una investigación de campo para establecer la situación jurídica y el estado de salud de las personas con medida de aseguramiento o condenadas. Relacionadas en los listados que entregue a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el delegado autorizado de las FARC-EP en el marco de la mesa de conversaciones que se adelanta en la Ciudad de la Habana, República de Cuba”.
El documento estableció que en esa investigación se entendieran por fuentes primarias las entidades públicas, los juzgados, fiscalías delegadas, oficinas jurídicas del Inpec; además, que se entendieran por fuentes secundarias los informes de prensa, de periodismo investigativo, textos históricos, sociológicos o de otro tipo de entrevistas, etcétera.
Es de recordar que en mayo de 2019 la Corte Suprema de Justicia designó a César Augusto Reyes como el magistrado de la Sala de Instrucción encargado de llevar los procesos contra el expresidente de la República Álvaro Uribe, luego que el alto tribunal aceptara la recusación que el senador Iván Cepeda hizo contra la magistrada Cristina Lombana y la apartara de dos investigaciones que se siguen a Uribe.
Lombana fue apartada en ese momento porque había trabajado con la oficina de Jaime Granados, abogado de Uribe Vélez.
Cabe señalar que el proceso contra el expresidente ya no está en manos del magistrado ni en jurisdicción de la Corte, sino que pasó a la Fiscalía General de la Nación tras la renuncia de Uribe al Senado de la República.
