Montevideo, 21 abril.- La detección de situaciones de maltrato en centros de atención de niños y adolescentes reflejada en un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) llama a un nuevo abordaje de la salud mental infantil en Uruguay.
Así lo aseguraron este miércoles durante la presentación del documento «La infancia que no queremos ver. Encierro y salud mental de niñas, niños y adolescentes» diversas autoridades y referentes en políticas en torno a niñez y derechos humanos, quienes reafirmaron el compromiso de cambiar la situación en los centros del país.
La representante de Unicef en Uruguay, Luz Ángela Melo, apuntó que el informe, elaborado por técnicos del Mecanismo de Prevención de la Tortura de la INDDHH con el apoyo del organismo internacional, constituye «un valioso insumo» hacia un plan que aborde la «transformación» de las instituciones.
Melo subrayó que, como detalla el documento, muchos de los más de 400 niños y adolescentes que residen en los centros de 24 horas del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) permanecen allí recluidos durante mucho tiempo: un 12,7 % de los menores de 12 años y un 19,4 % de los de 13 a 17 años pasaron de tres a nueve años allí.
«Son especialmente vulnerables no solo porque tienen una historia de vulneración y separación familiar, sino porque enfrentan mayores desafíos para la inclusión al sistema educativo, están más expuestos a situaciones de violencia y discriminación y tienen más dificultades a la hora de recuperar el cuidado familiar», remarcó.
Por su parte, la vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, aseveró durante su intervención que, si bien se trata de una dura realidad, ha sido testigo de cómo las instituciones del país han cambiado su abordaje y, en línea con la Ley de Salud Mental aprobada en 2017, han despertado una mayor conciencia social del tema.
A su vez, Argimón argumentó que el nombre del estudio no debería ser «La infancia que no queremos ver», ya que la participación de órganos del Estado en este monitoreo muestra su interés en buscar «transparencia» y dar visibilidad a la problemática.
En la misma línea, el presidente del INAU, Pablo Abdala, indicó que, una vez conocidos los resultados preliminares del monitoreo del INDDHH, que tuvo lugar entre 2019 y 2020 y da cuenta, entre otros problemas, de la privación indebida de la libertad y malos tratos verbales a los niños y adolescentes, se tomaron acciones para revertir la situación.
«Estamos ya concretando la circunstancia de que cada niño tenga un plan de atención personalizado (…), son indicios de cambios favorables, seguramente muy tenues, pero estamos caminando en la dirección correcta», concluyó.
