Bogotá, 17 mar – El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso aseguró este lunes que la política de seguridad del Gobierno de Álvaro Uribe funcionó porque los paramilitares la apoyaron.
«La política de seguridad democrática del presidente Uribe funcionó porque nosotros estuvimos detrás de ella», expresó Mancuso en una declaración durante el juicio que se le sigue al exmandatario por los supuestos delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal.
El exjefe de las AUC manifestó además que en 2009 solicitó a la exsenadora Piedad Córdoba que lo visitara en la cárcel donde estaba preso en Estados Unidos porque, consideraba, que buscaban silenciarlo con su extradición para que ocultara la responsabilidad del Estado en crímenes de guerra.
«Contacté a la senadora Piedad Córdoba porque con nuestra extradición se pretendía silenciarnos y callar u ocultar la responsabilidad que tenía el Estado en crímenes de guerra», afirmó.
Agregó: «Esos crímenes fueron cometidos por nosotros en las autodefensas en connivencia con el Estado».
Mancuso y otros 13 altos mandos de las AUC fueron extraditados a EE.UU. el 13 de mayo de 2008 en aviones de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), durante el gobierno de Uribe (2002-2010).
Uribe justificó su decisión alejando que los exparamilitares incumplieron los compromisos de la Ley de Justicia y Paz, siguieron delinquiendo desde la prisión y no merecían los beneficios de esa medida, destinada a los paramilitares que dejaron las armas hasta 2006.
El que fue el último jefe de las AUC regresó a Colombia el 27 de febrero del año pasado para rendir cuentas ante las salas de Justicia y Paz, tras ser deportado de Estados Unidos donde cumplió una condena de 15 años por narcotráfico.
Caso Uribe
La larga querella contra el exmandatario se remonta a 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Contrario a lo esperado por Uribe, la Corte Suprema de Justicia no abrió investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.
El juicio comenzó este año luego de que el Tribunal Superior de Bogotá admitiera como pruebas las interceptaciones que en 2018 le hizo la Corte Suprema a Uribe.
El expresidente renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria y entonces la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.
Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que fue negada tanto por los juzgados de primera instancia en los que fue presentada como por el Tribunal Superior de Bogotá, hasta que el año pasado la Fiscalía decidió acusarlo.
EFE