Los procesados son un abogado del esmeraldero fallecido y un exportador de piedras preciosas, socio de Víctor Carranza.
Fiscalía General de la Nación,
Los terrenos adquiridos ilegalmente están ubicados en zona rural de Puerto Gaitán (Meta).
FGN
META, COLOMBIA (8 JUN 2024) – La Fiscalía General de la Nación ha imputado a dos personas cercanas al fallecido zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, por presuntamente haber realizado maniobras ilícitas para apropiarse de 26.939 hectáreas de terrenos baldíos en zona rural de Puerto Gaitán (Meta). Los procesados son el abogado Fernandel Alonso y el exportador de piedras preciosas Jaime Rojas García, ambos socios de Carranza.
La investigación, liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, reveló que en 1992 Carranza, a través de Alonso, obtuvo los terrenos aprovechando una norma del antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), hoy Agencia Nacional de Tierras (ANT). Esta norma permitía la entrega de terrenos baldíos a habitantes locales con la condición de no venderlos antes de 15 años.
Alonso habría conseguido que 27 personas, empleados y conocidos de Carranza, fueran reconocidos como locales, logrando así la adjudicación de los terrenos. En 2007, 12 años después, los terrenos fueron vendidos a cinco personas cercanas a Carranza: un médico veterinario, un escolta y tres esmeralderos, por un total de 743 millones de pesos. Los trámites de adjudicación, escrituración, registro y posterior venta se realizaron en una notaría de Villavicencio y en registros públicos de Puerto Gaitán.
La Fiscalía ha recopilado pruebas de que Jaime Rojas García también participó en esta negociación. Alonso y Rojas García han sido imputados por fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado. Alonso no aceptó los cargos, mientras que Rojas García se ausentó de la audiencia de imputación, lo que ha llevado a la Fiscalía a iniciar un nuevo proceso penal en su contra por impedimento o perturbación de la celebración de audiencias públicas.
La investigación también señala la posible implicación de varios empleados de una notaría de Villavicencio, quienes habrían avalado los trámites irregulares que permitieron la usufructuación de los terrenos por más de 20 años, hasta que en febrero de 2015 fueron anulados los actos administrativos que concedieron la adjudicación y posesión.
Se descubrió que muchos de los beneficiarios no residían ni tenían actividades económicas en la región y que se habrían utilizado poderes falsos, documentos firmados por personas fallecidas y huellas ilegibles. Estas maniobras habrían permitido a Rojas García incrementar su patrimonio injustificadamente en más de 6.000 millones de pesos.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
