La Comisión de Derechos Humanos Marcha Patriótica, Mapa Antioquia, denunció a través de un comunicado que la Fuerza Pública y otras autoridades “en su afán por mostrar resultados están recurriendo a montajes judiciales contra habitantes del municipio de Valdivia que violan, vulneran derechos humanos y el debido proceso”.

Afirma la Comisión que el pasado lunes 19 de agosto en el sector conocido como El Pital, situado entre Valdivia, corregimiento de Puerto Valdivia, Antioquia, bajo la modalidad de falso positivo judicial, fue capturado irregularmente el joven campesino Alexis Sepúlveda Gonzáles por orden del Ejército del batallón de Infantería Rifles de Caucasia.

Mientras el joven se desplazaba en una moto por esa zona, fue abordado por militares que sin orden de captura lo arrojaron al suelo, le apuntaron violentamente con armas, lo sometieron a tratos crueles para luego trasladarlo hasta la Fiscalía, del municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño.

“Extrañamente nunca fue llevado ante esa Fiscalía, nunca lo dejaron hacer las llamadas a familiares ni le permitieron asesorarse jurídicamente. Horas después conocemos que fue trasladado hasta el sitio conocido como Piedras para presentarlo ante medios como un delincuente”, asegura la Comisión en el escrito.

Denuncia que “la Sijín y el Ejército Nacional en ese sitio lo vistieron con camuflados y lo cargaron con material de guerra, acusándolo de ser un miembro y explosivista del Eln”.

Gracias a la reacción rápida, a los buenos oficios del Personero Municipal y del abogado de oficio, Alexis Sepúlveda fue puesto en libertad.

Advierte Mapa que hay “nuevamente un intento malverso de las autoridades militares y judiciales por mostrar resultados que nuevamente ponen en peligro a la población”.

Y añade que hechos como el que denuncia se pueden seguir presentando en la zona “por lo que se requiere una investigación contra los agentes estatales que se vean vinculados en estas modalidades delictivas”.

Exige Mapa que, en primer lugar, se investiguen y se sancionen a los agentes estatales “que incurren en viejas prácticas ilegales para mostrar resultados, además, que cesen todas las formas de señalamiento, estigmatización, persecución y otros contra las comunidades que viven en medio del conflicto”.

Finalmente, piden una fuerza pública acorde con la paz y la democracia “que no siga viendo enemigos en la población que ya hartamente ha estado victimizada”.