Marcha Patriótica rechaza asesinato del líder campesino Oriolfo Sánchez, en Anorí, Antioquia

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La Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica Antioquia rechazó rotundamente el asesinato del campesino Oriolfo Sánchez Ruíz, ocurrido en el municipio de Anorí, y lo catalogó como “otro crimen de Estado contra los colombianos”.

El movimiento se pronunció a través de un escrito en el que denunció que desde el 7 de agosto del 2018 el gobierno del presidente Iván Duque Márquez declaró “hacer trizas los acuerdos de paz y su compromiso con los mismos. Se demuestra con el retorno de los vientos de guerra, la reedición de la política absolutista militar y el uso de las armas se mantiene en el poder y en contra de la democracia”, señaló.

Recordó la Comisión que organizaciones sociales y comunitarias de campesinos y campesinas de Anorí, Juntas de Acción Comunal Zona La Plancha y Dos Bocas y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana – COCCAM, habían advertido desde el 8 de mayo sobre el inicio de jornadas de erradicación forzada en el municipio de Anorí, Antioquia y las posibles agresiones que “sobrevendrían de la brutalidad policial y militar”.

Desde ese mismo día, estas comunidades habrían solicitado garantías para la movilización y la protesta social ante el incumplimiento de la implementación de los acuerdos del Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito establecidos por el Decreto PNIS.

Señaló la Comisión que las comunidades siempre buscaron el diálogo abierto y democrático con todas las instituciones municipales, departamentales y nacionales en donde expusieron todos los argumentos necesarios para su oposición.

Asimismo, el pasado 18 de mayo las comunidades alertaron de manera pública la presencia de uniformados del Ejército Nacional en las veredas Taca Mocho y Tenche Salino, que transitaban bajo capuchas que impedían su identificación.

Destacó que el hecho más grave ocurrió el miércoles 20 de mayo a las 10 a.m. “Las comunidades mencionan que mientras la fuerza pública realizaba operativos de erradicación forzada en las veredas los Tenches, del municipio de Anorí, se escucharon ametrallamientos indiscriminados en zonas muy cercanas donde se encontraba la población”.

En horas de la tarde de ese miércoles, una cuadrilla del Ejército, según el relato, llegó hasta el sitio en el que se encontraba el campesino Oriolfo Sánchez Ruíz, lo retuvieron junto a otras dos personas, los despojaron de sus teléfonos celulares y “dispararon una ráfagas de fusil contra la humanidad de este campesino hasta causarle la muerte. Posteriormente llegó un helicóptero de la fuerza pública que aterrizó con la intención de llevarse el cadáver. La comunidad se opuso de manera clara ante ese procedimiento, pues tenía conocimiento de similares eventos en los que las fuerzas militares presentaron a campesinos como guerrilleros muertos en combates”.

“Este crimen de Estado nos recuerda la ejecución premeditada de Dilmar Torres ocurrida el 22 de abril de 2019, en la vereda Campo Alegre, en el municipio de Convención (Norte de Santander), de la misma manera el caso recientemente ocurrido en el municipio de Cúcuta el pasado 18 de mayo, en el que la fuerza pública dispara contra varios campesinos asesinando al campesino Digno Emérito Buendía Martínez, la desaparición el 25 de febrero del 2020 y posterior hallado sin vida el campesino Didian Arley Agudelo en zona rural del municipio de Campamento, todos esos hechos ocurridos en similares circunstancias”, añadió la Comisión en su escrito.

Marcha Patriótica agregó que como organización social ha sido testigo de la existencia de gravísimos incumplimientos por parte del Gobierno Nacional hacia el Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito PNIS. “En el compromiso adquirido por el Gobierno durante la firma del Acuerdo Colectivo en Anorí, se acordó no erradicar hasta tanto no se avanzara de manera acordada en la implementación del programa y abrir espacios para que nuevas familias firmaran”, dijo.

Finalmente, Marcha Patriótica hizo un llamado de urgencia a la comunidad internacional, nacional, al movimiento social del país, para que de manera contundente rechacen estos crímenes cometidos por el Estado colombiano contra la población.

Exige “justicia y una verdadera investigación que determine las responsabilidades directas de la fuerza pública, clara infracción al Derecho Internacional Humanitario y una violación a los Derechos humano”.

Y solicita al Gobierno de Iván Duque que “cesen todas las formas de agresión y persecución contra las y los defensores de derechos humanos, depurar al interior del Estado todos los funcionarios y comportamientos que van en contravía de los derechos humanos”.

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