Rabat, 1 junio.- El gobierno de Marruecos evitó hoy referirse a la primera comparecencia telemática del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, desde el Hospital San Pedro de Logroño (norte de España), donde se recupera de un caso agravado de covid-19.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tomó hoy declaración por videoconferencia a Gali, y anunció que no le retiraría el pasaporte ni impondría otras medidas cautelares al considerar que no hay «riesgo de fuga alguno» ni «elementos siquiera indiciarios» para creerle «responsable de delito alguno».
Dos ministros marroquíes, el de Exteriores, Naser Burita, y el de Interior, Abdeluafi Laftit, citaron hoy a la prensa extranjera en la sede de Exteriores, pero se refirieron únicamente al caso de los menores no acompañados en distintos países europeos, por primera vez en tres semanas, para decir que el rey había ordenado que se facilitara su vuelta a Marruecos.
Fuentes diplomáticas marroquíes dijeron hoy a Efe que la larga declaración emitida ayer por el ministerio de Exteriores sigue siendo válida tras lo sucedido hoy en la Audiencia Nacional: en ella, el ministerio consideraba que la propia comparecencia de Gali «es ciertamente una evolución de la que Marruecos toma nota», aunque «no constituye el fondo de la crisis» entre Marruecos y España.
Contrasta con este silencio marroquí el comunicado que hoy emitió la Presidencia Saharaui a través de su agencia de prensa SPS, en el que destacaba esta «decisión (de Gali) de cooperar positiva y plenamente con el poder judicial», y añadía que servirá para «exponer la naturaleza del uso de la falsedad, la falsificación, el engaño y el fraude detrás de la acusación promovida por el aparato del estado de ocupación.»
La SPS alude de este modo a que es Marruecos el que está detrás de las denuncias a Gali, presentadas por el ciudadano hispanosaharaui Fadel Breica y por la Asociación Saharaui de Defensa de los Derechos Humanos, una asociación basada en Canarias que reclama la responsabilidad de Gali en el maltrato sufrido en Tinduf «por los prisioneros de guerra» y por ciudadanos saharauis, «especialmente por los de origen español».
El juez Pedraz cree que las declaraciones de testigos prestadas hace años en el marco de esta última querella «no tienen prueba corroborativa y de ellas no se sigue una participación en los hechos» de Gali, y que no basta con decir que «entró en España ilícitamente».
Precisamente la supuesta entrada ilícita de Gali en España es lo que ha sublevado a Marruecos, que en distintas ocasiones ha acusado a España de «actuar por la espalda» por haber permitido la entrada fraudulenta y con documentos falsos de Gali; a esto, el gobierno español ha sostenido que Gali entró legalmente, con un pasaporte diplomático argelino pero que se inscribió en el hospital con un nombre falso.
Hoy se supo que un avión oficial argelino («un jet de Estado», dijeron a Efe fuentes de Enaire) había salido de un aeródromo militar desde el sur de su país y entrado en el espacio aéreo español, pero al llegar a la altura de las islas Baleares, dio la vuelta y regresó a su país por no tener permisos de aterrizaje.
Su trayectoria coincide con la que habría tenido si iba hasta Logroño, lo que ha hecho pensar que el único propósito del avión era repatriar a Gali a Argel o a Tinduf, sede de los campamentos del Frente Polisario.
Marruecos ha advertido repetidamente de que una salida «a escondidas» de Gali sería muy mal recibida, y el incidente del avión, aunque no ha sido comentado por Rabat, parece ir en esta línea.
El viaje frustrado del avión no ha merecido comentario alguno ni en los medios argelinos ni en los saharauis, pese a que parece significar un nuevo derrotero en esta crisis.
