Unos 10.000 desmovilizados de las FARC y más de 2.000 miembros de la Fuerza Pública se han acogido a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que juzga los crímenes cometidos en el conflicto armado en Colombia, según un balance entregado este miércoles al cumplirse dos años de la creación de ese tribunal.
La JEP calificó como un «hito» el número de personas que se han sometido ante el tribunal en estos dos años en un acto en Bogotá, en el que su presidenta, Patricia Linares, apuntó que la tarea del organismo en su búsqueda de la verdad «apenas se inicia».
Linares destacó que uno de los avances principales fue el «cierre del proceso de diseño y aprobación del marco normativo» de la JEP, con la firma de la Ley Estatutaria que había sido objetada por el presidente Iván Duque el año pasado.
Con esa firma, la JEP pudo «agilizar al máximo sus operaciones para recuperar los diez meses largos en los que carecía de las herramientas» necesarias para el desarrollo de sus funciones, añadió la titular del organismo, al resaltar que «durante el 2019 se produjeron 16.500 decisiones judiciales» que marcaron jurisprudencia.
AVANCES EN CASOS DE SECUESTRO Y «FALSOS POSITIVOS»
El Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) firmó un acuerdo de paz con las FARC en noviembre de 2016, lo que luego dio paso a la creación de la JEP.
Según el balance presentado hoy, desde su creación hace dos años la JEP ha abierto siete macrocasos para investigar algunos de los hechos más atroces del conflicto armado colombiano, entre los que se encuentran los secuestros por parte de la guerrilla y las ejecuciones de civiles cometidas por militares.
Sobre los secuestros, la magistrada Julieta Lemaitre detalló que un total de 350 exintegrantes de la guerrilla han declarado por estos casos y 1.709 personas se han acreditado como víctimas.
Respecto a los «falsos positivos», eufemismo usado para referirse a las ejecuciones de civiles cometidas por militares para presentar mejores resultados a sus superiores, más de 200 integrantes de la fuerza pública han rendido versión en este tribunal especial y más de 300 personas se han presentado como víctimas.
La JEP pidió además medidas cautelares para 18 lugares del país, en cinco departamentos, en los que se presume que están enterradas víctimas de los «falsos positivos».
El caso más reciente relacionado con esas ejecuciones fue el hallazgo en un cementerio del departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia, de fosas en las que se cree que están enterrados al menos medio centenar de civiles.
Respecto a los beneficios concedidos dentro de la Justicia de Paz, los magistrados de esa corte mencionaron 63 decisiones «concediendo la garantía de no extradición».
La presidenta de la JEP también se refirió al rearme de un grupo de exlíderes guerrilleros en agosto del año pasado, un hecho que calificó de «traición» y sobre el que recordó que la JEP acudió a «los instrumentos jurídicos», «procediendo a su expulsión como desertores manifiestos del proceso».
El exlíder de las FARC Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez» y jefe negociador de paz de la hoy desmovilizada guerrilla de las FARC, publicó el 29 de agosto un video en el que anunciaba que volvía a las armas.
EFE
