Más de 12.000 personas se han sometido a la Jurisdicción de Paz de Colombia

Bogotá, 3 noviembre.- Un total de 12.617 personas, entre ellas exguerrilleros de las FARC, miembros de la fuerza pública y terceros se han sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cuyo balance de tres años de gestión fue presentado este martes a la Procuraduría (Ministerio Público).

En ese periodo la JEP ha tomado más de 33.400 decisiones judiciales y acreditado a 308.000 víctimas del conflicto armado colombiano, señaló en su balance la magistrada Patricia Linares, hasta hoy presidenta de la JEP, cargo en el que la reemplazará Eduardo Cifuentes.

Linares entregó a la Procuraduría un documento con los avances que pese a las «dificultades» y «campañas de desprestigio» ha logrado el tribunal, creado por el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC.

«Nuestra tarea ha sido materializar y darle vía a una forma de justicia inédita en el mundo, tan esperanzadora como difícil y compleja», dijo Linares sobre la JEP que desde 2018 ha abierto siete macrocasos sobre graves violaciones a los derechos humanos durante más de 50 años de conflicto armado.

BÚSQUEDA DE LA VERDAD

La JEP además ha recibido las versiones de 736 comparecientes, de quienes Linares aseguró que esperan «una verdad plena que deberá ser detallada, exhaustiva, minuciosa, pródiga en detalles que alivie el dolor de las víctimas y dé vía a las certezas de una sociedad que ha vivido en las penumbras de la impunidad».

Además de las 308.000 víctimas que se han acreditado de manera individual y colectiva en los siete macrocasos, la JEP ha recibido 463 informes sobre violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

«Durante 34 meses hemos cumplido con responsabilidad y dedicación nuestra tarea inicial: llenar de contenido y hacer realidad esa noción de justicia restaurativa», subrayó la magistrada al recordar que si los comparecientes niegan la verdad perderán los beneficios de la justicia transicional, «pero sobre todo habrán perdido la oportunidad de aliviar el sufrimiento prolongado de las víctimas».

La JEP reconoció que en sus tres años «ha superado pruebas y dificultades, campañas de desprestigio y las incomprensiones propias de un país golpeado por la guerra», razón por la que seguirá administrando justicia «de manera responsable» para «arribar a la verdad plena, dignificar y visibilizar a las víctimas, y repararlas».

CRÍTICAS A INTENTOS DE DEROGAR LA JEP

El procurador general, Fernando Carrillo, destacó al recibir el informe que sin la JEP la paz «estaría coja» y criticó a quienes «quieren destruirla, arrasando de paso con otro par de cortes. Gran paradoja, cuando en este momento lo que Colombia necesita es más justicia».

Carrillo se refirió indirectamente a la propuesta del expresidente Álvaro Uribe, crítico acérrimo del acuerdo de paz, quien recientemente insistió en su propuesta de derogar o reformar a fondo la JEP.

Pese a reconocer las diferencias que en varios casos tuvo la Procuraduría con las decisiones de la JEP, Carrillo cuestionó a «los contradictores» del tribunal y pidió no acudir a lenguajes y dinámicas «bélicas, prosaicas del debate político» que buscan lesionar «la integridad de la jurisdicción».

PAZ POR ENCIMA DE LAS DIFERENCIAS

Para el procurador, el respeto hacia la JEP debe estar por encima de la fractura política que vive el país y no puede usarse como «arma política, preludio de un debate electoral».

«La JEP tuvo el reto de poner en marcha procesos misionales sin contar con el marco jurídico para ello», destacó Carrillo al recordar que esa jurisdicción comenzó a funcionar oficialmente en marzo de 2018 cuando solo tenía un reglamento interno con el «gran reto» de resolver la situación jurídica de más de 13.000 desmovilizados.

Finalmente, el funcionario aseguró que «la JEP le está cumpliendo a la paz, pese a muchas dificultades» y ha hecho «en tres años en materia de esclarecimiento de la verdad mucho más de lo que hizo la justicia ordinaria en 50 años».

«Con la autoridad que nos da el no haber compartido algunas decisiones de la JEP y haber sido críticos leales de algunas de sus acciones, termino pidiéndole al país desde este escenario que deje trabajar a la JEP en paz», dijo Carrillo.