Más de 400 organizaciones sociales y 1.168 personas manifestaron este lunes en una carta su respaldo a la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) luego de que el presidente colombiano, Iván Duque, tachara su informe de «una intromisión en la soberanía» del país.
«El representante en Colombia de la ACNUDH, el señor Alberto Brunori, publicó el informe correspondiente al año 2019, el cual respaldamos y consideramos oportuno, serio, riguroso y ajustado a la realidad que vive Colombia en materia de derechos humanos», señalaron en la misiva.
En el informe, divulgado el miércoles pasado, el órgano de DD.HH. sugirió que la Policía pasara a depender del Ministerio del Interior y no del de Defensa, como ha sido siempre.
El encargado de responder fue el propio Duque, quien cree que hay «una intromisión en la soberanía de un país cuando se dice que la Policía debe pasar al Ministerio del Interior».
Los firmantes de la carta -entre ellos los senadores opositores Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo (PDA), y Julián Gallo, del partido FARC- tacharon de «indebida e injustificada la reacción del Gobierno» y demuestra «la falta de compromiso del Gobierno con los derechos humanos a nivel internacional».
«Las Plataformas y organizaciones sociales y de derechos humanos respaldamos el trabajo juicioso y documentado del señor Alberto Brunori y sus equipos de trabajo, nacional y regionales, y saludamos su permanencia en el país hasta el 2022», añadieron.
De igual forma instaron al Gobierno a atender las recomendaciones en el informe, pues creen que eso «contribuirá a enfrentar la creciente violencia en el país, y se adoptarán medidas verdaderamente efectivas para garantizar los derechos humanos de la población».
El informe de DD.HH. recoge cifras preocupantes, como que en 2019 fueron asesinados en el país 108 defensores, 66 indígenas del convulso departamento del Cauca (suroeste) y 45 miembros de la comunidad LGBTI.
El organismo también registró 36 masacres, la cifra más alta desde 2014, y que se da en medio de una tasa nacional de homicidios de 25 por cada 100.000 habitantes.
De igual forma habla sobre la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC en noviembre 2016.
El representante de la ACNUDH en Colombia considera que «el informe hace un balance sobre el acuerdo de paz, los aciertos como es la reintegración, el compromiso de los excombatientes con la paz y al mismo tiempo los retos que tiene» en temas como «la reforma rural integral, los asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos y de excombatientes».
EFE.
