Masacre en Tibú, masacre en Algeciras, . El nuevo paisaje colombiano, ¿hasta cuándo país?
La masacre ocurrida en Tibú el día de ayer 18 de julio del 2020, había sido anunciada por la Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT. Mientras no cesa la violencia en Colombia, repetimos estos hechos vividos en otrora con la total impunidad estatal. Este hecho fue precedidola masacre ocurrida el pasado 16 de julio en la vereda Quebradón, municipio de Algeciras (Huila) en donde fueron asesinadas cuatro personas, dos de ellas era familiares del firmante de la paz Nencer Barrera, hechos gravemente invisibilizados por el Gobierno colombiano y las autoridades del país.
En la cuenta de Twitter del Directivo de ASCAMCAT, miembro del Comite Operativo de la Marcha Patriótica, directivo de ANZORC, el señor Juan Carlos Quintero Sierra @catatumbol281 se denunció:
“según información preliminar de las comunidades, esta mañana se realizó una masacre de al parecer 8 personas por parte del grupo paramilitar los RASTROJOS ,en la vereda Totumito Carboneras del municipio de Tibú. Dentro de las víctimas se encuentra un miembro de @AscamcatOficia”
Horas más tarde, el comunicado oficial de la ASCAMCAT no deja lugar a dudas de que en en la vereda Totumito Carbonera, zona rural del municipio de Tibú, ocho personas fueron asesinadas por el grupo narcoparamilitares de Los Rastrojos.
Según fuentes, un grupo de aproximadamente 20 hombres armados llega vereda Totumito Carboneras del municipio de Tibú, allí seleccionan a 7 u 8 personas, son raptradas y llevadas hasta una zona alta cercana para posteriormente asesinadas.
Una de las víctimas de este crimen, fue Ernestor Águilar Barrreras de 34 años, miembro de un Comité Veredal Campesino de la asociación campesina y de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana –Coccam. Además, Ernesto era un campesino que se dedicaba a la agricultura en la vereda Vigilancia y parte de la Junta de Acción Comunal, hecho que suma las altas cifras de homicidios contra líderes sociales en el país.
La Fundación Progresar desde el pasado desde el 15 de julio había advertido al Estado colombiano sobre esta situación y su posible ocurrencia, según éstos, las operaciones operaciones militares del pasado 15 febrero, en donde las autoridades de Venezuela en el sector de Boca de Grita y Orope (Venezuela), replegaron a Los Rastrojos a estas zonas rurales de Cúcuta y Puerto Santander; esta presencia paramilitar incrementaron las violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, desplazamientos individuales y colectivos, confinamiento de comunidades, como las ocurridas en la vereda Vigilancia (Cúcuta), homicidios selectivos, reclutamiento forzado en jóvenes colombianos y migrantes venezolanos, amenazas contra comunidades, organizaciones locales y líderes sociales.
Ante esta profundización de la crisis humanitaria y la agudización d elos hechos de la violencia contra las comunidades, por lo menos 120 familias de la vereda La Vigilancia no han tenido otra opción que el desplazamiento forzado.
Los representantes de la Ascamcat nuevamente han solicitado la presencia de la Defensoría del Pueblo y y de las autoridades como la Fiscalía General de la Nación, advierten que la lectura del contexto territorial va a empeorar sino se toman acciones contundentes contra estos grupos que ha robado la tranquilidad y la seguridad de las comunidades.
Finalmete ASCAMCAT rechaza estos nuevos hechos que atentan contra las comunidades de esta zona, insisten en que son una sumatoria de un exterminio anunciado que ya ha derramado la sangre de 17 miembros de esta organización que han sido asesinados.
Responsabilizan al Gobierno colombiano de Iván Duque y a las autoridades no brindar las garantías a la vida, la seguridad, la permanencia de las comunidades en el territorio, por lo tanto, se demuestra el papel de la omisión a los principios constitucionales y a la alerta temprana 011-20 emitida por la Defensoría del Pueblo, que había advertido de todos estos riesgo.
Al igual que en Antioquia, mientras los grupos paramilitares y otros actores armados ilegales se siguen adueñando de los territorios, Análisis Urbano se pregunta: ¿Por qué al Gobierno Duque no actúa frente a las alertas de la comunidad y de la Defensoría del Pueblo?
Mientras a Iván Duque le siga haciendo falta la intención de gobernar con total control de las instituciones y en función de la sociedad, el país seguirá dando tumbos que agudizan la crisis económica, de seguridad, social, política y pierde nuestra democracia. ¿Hasta cuándo?
Nota: La Defensoría del Pueblo a esta hora hace presencia en el lugar, se evidencia el aterrador hecho que han denunciado las comunidades.