Bogotá, 16 agosto.- La masacre de nueve jóvenes en el departamento de Nariño encendió las alarmas en Colombia, que hace tan solo unos días fue sacudida por el asesinato de otros cinco adolescentes en Cali y teme que sean ellos el nuevo blanco de una violencia sin fin impulsada por economías ilegales como el narcotráfico.
La matanza ocurrió cerca de las diez de la noche del sábado, cuando un grupo de jóvenes estaba reunido en una casa de campo de la vereda (aldea) de Santa Catalina, del municipio de Samaniego, hasta donde llegaron hombres armados que les dispararon.
Horas antes de la masacre, una adolescente había sido asesinada a tiros en la misma zona, crimen que se suma al de los ocho muchachos.
«La ocurrencia de masacres en el país manifiesta el altísimo grado de crudeza con la que los actores armados ilegales se encuentran disputándose los territorios para someter a la población civil a regímenes arbitrarios de violencia», aseguró la Defensoría del Pueblo.
Lo sucedido en Samaniego y en Cali, principal ciudad del suroeste de Colombia, deja un mensaje «de desesperanza y sin futuro» a los jóvenes del país, según ese organismo, que ve que «la barbarie es el peor camino para una sociedad».
«Las autoridades deben abandonar la apatía, redoblar esfuerzos para detener este accionar criminal y someter a la justicia a los responsables. Nuestros niños, niñas y adolescentes necesitan garantías de que exista un futuro lleno de oportunidades», expresó esa entidad, que vela por la protección de los Derechos Humanos.
HIPÓTESIS SOBRE LO OCURRIDO
El mes pasado, la organización Human Rights Watch (HRW) advirtió que los grupos armados ilegales han impuesto un régimen del terror en al menos once regiones de Colombia aprovechando la crisis del coronavirus para cometer todo tipo de abusos contra la población civil.
Una de esas regiones es Nariño, donde, según aseguró este domingo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, operan las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas también como Clan del Golfo, y disidencias de las FARC.
Al respecto, el director de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), León Valencia, manifestó a Efe que estos grupos, así como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se están disputando el control territorial de la zona y cualquiera de ellos «pudo ser el que masacró a esos jóvenes».
«En medio de la pandemia se ha visto en las fronteras que los grupos ilegales (…) están controlando a la población y amenazando a quien no cumpla con la cuarentena, al que no se confine, y están haciendo una labor que debería hacer el Estado», explicó.
Para atender la situación, este domingo viajaron a la zona el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, y el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, entre otros, para «definir nuevas acciones y medidas» ante lo ocurrido.
«Todas las capacidades de nuestra fuerza pública, en materia de investigación y operacionales, están a disposición de las autoridades de Nariño y de la Fiscalía General de la Nación para que estos hechos sean esclarecidos pronto», expresó Trujillo antes de viajar.
EL CASO DE CALI
La masacre perpetrada la noche del sábado en Samaniego es la segunda en menos de una semana en Colombia luego de que el pasado martes fueran asesinados cinco menores, todos de entre 14 y 15 años, en un cañaveral ubicado detrás del barrio Llano Verde, en Cali, capital del Valle del Cauca.
Para investigar ese múltiple crimen fueron designados tres fiscales especializados en homicidios, 25 funcionarios del CTI y otros cinco expertos, según la Fiscalía.
El asesinato de esos cinco jóvenes, que fueron acribillados y encontrados con signos de tortura, generó el repudio de los colombianos que exigieron justicia.
En ese sentido, el director de Pares aseguró que una de las teorías sobre este crimen es que está relacionado con homicidio del gestor cultural Cristian Adrián Ángulo, perpetrado en marzo pasado.
«Hay una hipótesis que circula mucho en Cali y es que a Cristian lo mató la Policía y luego, para que no hablaran los cinco jóvenes que presenciaron el asesinato, matan a estos cinco jóvenes», expresó Valencia.
En ese sentido, asoció este hecho con un drama que vive el país: el asesinato de líderes sociales tras la firma del acuerdo de paz que -según un informe publicado el mes pasado por las organizaciones civiles Cumbre Agraria, Étnica y Popular; el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), y el movimiento de izquierdas Marcha Patriótica- son casi 1.000.
RECRUDECIMIENTO DE LA VIOLENCIA
El recrudecimiento del conflicto armado colombiano tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, en noviembre de 2016, se está haciendo más evidente con el paso de los días, en opinión de Antonio Navarro Wolff, exgobernador de Nariño (2008-2011) y actual presidente del partido Alianza Verde.
«Cuando las FARC se desmovilizan dejan un vacío con un atractivo, que es la economía ilegal, y la pelea por controlar esos territorios por parte de grupos nuevos es, sin duda, lo que está generando violencia en algunas regiones del país, sobre todo en el sur», dijo a Efe Navarro, quien también fue senador en dos periodos.
Igualmente achacó el crecimiento de la violencia a que durante las negociaciones de paz con las FARC se descuidó del tema de cultivos ilícitos.
«Empezó la negociación con 45.000 hectáreas (2013) de cultivos ilícitos sembrados y terminó con cerca de 200.000. Esos cultivos son dinero ilegal», expresó y agregó que «hay un descontrol del territorio, sobre todo en las zonas rurales, por parte del Estado».
Para combatir esta situación sugiere desarrollar proyectos similares a los programas de Presencia Integral del Estado en el Territorio (PIET) que ejecutó cuando fue gobernador de Nariño.
«No es solamente llegar con fuerza pública, sino darles programas de sustitución de cultivos, de construcción de vías nuevas, asistencia técnica, de acceso al médico y de intervención en salud a la población rural. Se necesita una presencia integral del Estado en el territorio», apostilló.
Jorge Gil Ángel
EFE
