Por: Pascual Gaviria
La Alcaldía de Medellín recibió en 2018 el encargo por parte del Departamento Nacional de Planeación para la actualización de los datos del Sisbén. El trabajo tardó cerca de dos años y terminó el 21 de diciembre del año pasado. La Alcaldía recibió un poco menos de $800 millones por el trabajo que era a la vez un insumo clave para sus propios programas sociales. La encuesta logró reunir información del 75 % de los hogares de estratos 1 y 2, y algunos más del estrato 3. Se podría decir que la administración actual recibió la mejor información del territorio y las familias más vulnerables que se haya tenido en la última década. Además, el 23 de marzo pasado la Presidencia entregó a todos los municipios la ubicación e identificación de los beneficiarios de programas como Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción e igualmente información relacionada con la afiliación a salud.
Sin embargo, la Alcaldía de Daniel Quintero consideró que esa información no era relevante o suficiente y decidió crear una plataforma propia para la entrega de ayudas en medio de la crisis por el covid-19. El 5 de abril se lanzó la plataforma Medellín Me Cuida para la inscripción voluntaria de familias con necesidad de ayudas. Si crear el Sisbén IV tardó dos años en el terreno y no se logró el 100% de la información, no es difícil imaginarse los logros de Medellín Me Cuida en familias sin conectividad alguna y con urgencias más acá de la big data. Pero 20 días después la plataforma se convirtió en una estrategia “para ganar esta batalla contra el coronavirus”. De modo que el 24 de abril la inscripción pasó a ser obligatoria. Los trabajadores tienen que inscribirse para poder salir y tener, por ejemplo, habilitación de su tarjeta del metro. La plataforma solicita información sensible sobre salud y pide registro de todas las personas que viven con quien se registra. Una de las exigencias legales en temas de habeas data es el consentimiento informado de quien entrega los datos, requisito borrado cuando negarse significa perder el trabajo. Sin contar que una persona puede entregar datos de todos sus familiares sin autorización expresa de ellos. Es imposible que el exviceministro de las TIC no conozca las exigencias de la ley estatutaria de habeas data de 2012.
El alcalde ha dicho que esa tecnología ha sido una herramienta eficiente en la contención de los contagios en la ciudad. Pero de ningún modo es clara esa eficiencia. Por ejemplo, se dijo que fue clave en el manejo del brote en la Plaza Minorista. Pero el primer caso en la plaza se diagnosticó el 10 de abril, cuando la plataforma aún era un juguete algo hueco. La verdadera tecnología se hizo con la búsqueda activa basada en entrevistas a quienes resultaron positivos. Me imagino que no esperaron el registro de los coteros para luego verificar con quién viven. Las cifras de la plataforma tampoco son claras, el alcalde dijo el 27 de abril que había 2,2 millones de inscritos y el 30 de abril El Colombiano afirmó, citando fuentes oficiales, que son apenas 700.000.
Medellín Me Cuida no cumple los mínimos requisitos de transparencia en la inscripción, restricción de uso de los datos y temporalidad que señala la ley. Tanto que la Alcaldía ha ido tapando huecos a partir de denuncias de organizaciones que vigilan la protección de datos y el derecho a la intimidad. El alcalde sabe para qué sirven los datos, ya en el 2014 tuvo una pelea en el Partido Liberal por una pequeña rapiña con los contactos telefónicos de líderes del partido.
Pero hay un último dato relevante. Juan Camilo Oliveros, el subdirector de Información y Evaluación Estratégica, fue el representante legal de Gauss, una empresa de asesoría e investigación estadística que acompañó a Quintero en la campaña. Sabe muy bien que esos datos valen plata en forma. Hoy es hombre clave en Medellín Me Cuida y el representante legal de Gauss pasó a ser su padre. Nunca se habló de conflicto de intereses. La línea entre el uso y el abuso de la tecnología es muy delgada
Tomado de El Espectador
