San Salvador, 10 febrero 2025 – El Colegio Médico de El Salvador se mostró este lunes preocupado por los riesgos «irreversibles» que supone la implementación de la minería metálica en el país centroamericano, esto tras la aprobación de una ley en la Asamblea Legislativa impulsada por el presidente, Nayib Bukele.
«Expresamos nuestra profunda preocupación por los graves daños a la salud que ocasionará la explotación minera, que se autorizó en nuestro país a través de la aprobación de la Ley General de Minería Metálica el pasado 23 de diciembre de 2024», indicó el Colegio en un comunicado.
El gremio advirtió sobre «los riesgos significativos y muchas veces irreversibles para la salud de nuestras familias y nuestro medio ambiente derivadas de esta actividad».
«Debemos tener presente que nuestro país tiene un territorio pequeño y densamente poblado, nuestros recursos hídricos son limitados, y ya están contaminados y dañados y que, al sumarle la minería, no hay duda de que el impacto a la salud será de gran magnitud», señaló la entidad.
Explicó que entre los riesgos a la salud se encuentran los ocupacionales por el uso de sustancias tóxicas que afectan directamente en las vías respiratorias, piel y sistema digestivo, provocando «daños neurológicos, insuficiencia renal y cáncer entre otras afecciones».
«La minería metálica, independientemente cómo se realice, impactará al medio ambiente y por ende a nuestra salud y la de nuestras familias. Nos unimos a las voces que expresan gran preocupación por los innegables daños a los que se está condenando a la población por la minería metálica en nuestro país», subrayó el Colegio Médico.
En diciembre pasado, el Congreso salvadoreño, dominado por el oficialista Nuevas Ideas, derogó la prohibición minera aprobada en 2017 y aprobó una nueva ley que permita dicha explotación.
El presidente Bukele aseguró a principios de diciembre que el país centroamericano posee los yacimientos de oro «con mayor densidad por km2 en el mundo», sin citar investigaciones o documentos concretos.
Ninguna institución del Gobierno ha presentado estudios técnicos que comprueben lo señalado por el mandatario y han declarado la documentación existente como «secreto comercial».
Las organizaciones ambientalistas estiman que la explotación minera afectaría a unos 4 millones de personas de la zona norte de El Salvador.
EFE