El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, tendrá que responder por la firma de un contrato realizado en 2005, que sumado a sus dos otrosíes vale 69.990 millones de pesos. La Fiscalía acaba de dictarle medida de aseguramiento privativa de la libertad por peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La Fiscalía informó a Presidencia lo pertinente para la suspensión del cargo, lo cual, según la Ley 600, se debe dar de manera automática con ocasión de la medida de aseguramiento privativa de la libertad.
El contrato en cuestión tenía por objeto las mejoras de la vía Troncal de la Paz y se firmó con el Consorcio Troncal de la Paz, del cual es accionista mayoritario el Grupo Solarte. Cabe recordar que el ingeniero Carlos Solarte y su hija Paola Solarte están enredados judicialmente por las irregularidades en la firma del contrato para la construcción del interceptor de Tunjuelo-Canoas, obra para la cual se aliaron con Odebrecht. Paola fue sentenciada a seis años de prisión y su padre está en juicio.
Para el megacontrato en Antioquia, la Fiscalía cuestiona las dos adiciones que tuvo el contrato principal de 41.000 millones de pesos. Ambas adiciones suman 29.000 millones de pesos y fueron realizadas durante la administración de Gaviria. Se le cuestiona la relación de estas adiciones con el objeto principal del contrato. Puntualmente, la atención se centra en el otrosí firmado el 27 de diciembre de 2007, por $16.334 millones, para la construcción de un puente sobre el río Nechí. Este tenía como función conectar el municipio de El Bagre con la Troncal de la Paz.
La decisión fue tomada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien consideró que Gaviria Correa, en su administración 2004-2007, hizo cuestionables modificaciones al contrato principal. Y aunque esta contratación fue delegada en otros funcionarios, Gaviria responde como representante legal de departamento y ordenador del gasto, ya que era su función ejercer vigilancia y control.
Sobre este caso ya existen investigaciones en la Contraloría de Antioquia y la Procuraduría departamental, quienes pusieron la lupa dado que el otrosí para la construcción del puente de Nechí se firmó cuatro días antes de que Gaviria saliera de la gobernación. También se cuestiona el porcentaje del anticipo girado y las demoras en la ejecución de la obra, dado que sobrepasó los plazos.
Tomado de Semana
