Menos condenas a muerte, menos ejecuciones, más estados donde la pena capital se abolió o no se aplica y una mayoría de estadounidenses que prefiere la cadena perpetua como máximo castigo son algunos indicadores del informe 2019 del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC).
El reporte publicado este martes indica que hasta el 17 de diciembre 22 personas fueron ejecutadas y 33 fueron condenadas a la pena capital, cifras inferiores a las de 2018, pero que hasta fin de año pueden sufrir alguna variación, aunque no significativa.
De los 22 ejecutados en 2019 solo uno era hispano, Mark Soliz, que recibió la inyección letal en septiembre en Texas, doce eran negros y 17 blancos, señaló a Efe sin especificar el origen de los dos restantes Robert Dunham, director ejecutivo de DPIC, una entidad privada con sede en Washington.
Se trata del quinto año consecutivo en el que las ejecuciones no sobrepasan la treintena y las condenas la cincuentena.
La organización privada con sede en Washington destaca en el informe que desde los años 90, cuando se alcanzaron los máximos, se ha producido un descenso de más del 85 % en las condenas a la pena de muerte y de más del 75 % en el caso de las ejecuciones.
Desde 1991 el año en el que ha habido menos ejecuciones es 2016, cuando hubo 20, indicó Dunham.
En 2019 las ejecuciones se circunscribieron a siete estados. Texas estuvo a la cabeza por número de ejecutados (nueve), seguido de Tennessee (tres), Alabama (tres), Georgia (tres), Florida (dos), Dakota del sur (uno) y Misuri (uno).
En 32 estados la pena capital está abolida o no se aplica desde hace una década.
En 2019 Nueva Hampshire se unió a los «abolicionistas», que ya suman 21, Indiana cumplió diez años sin ejecuciones y California dejó en suspenso las que estaban pendientes.
En contraste con estos datos y con una encuesta de Gallup que reveló en 2019 que por primera vez desde 1985 hay una mayoría de estadounidenses (60 %) que prefiere la cadena perpetua a la pena de muerte, el Gobierno trató de reanudar las ejecuciones en el ámbito de la justicia federal después de un paréntesis de 16 años.
Dunham señala la importancia de ese 60 %, aunque matizó que la encuesta de Gallup consta de dos preguntas y que cuando se les interroga a los estadounidenses acerca de si están de acuerdo o no con la pena de muerte en general, un 56 % responde afirmativamente.
Además del intento de restablecer la pena de muerte en el ámbito federal, una medida que está en manos de los jueces y puede llegar a la Corte Suprema, un dato negativo que el Centro de Información sobre la Pena de Muerte señala en su reporte anual es la ejecución de condenados cuya culpabilidad no estaba demostrada totalmente.
«Dos presos fueron ejecutados este año a pesar de las dudas sustanciales existentes sobre su culpabilidad y James Dailey, en Florida, y Rodney Reed, en Texas, estuvieron cerca de ser ejecutados a pesar de la abrumadora evidencia de su inocencia», dijo Dunham, autor principal del informe.
Dunham afirma que una de las razones de que la pena de muerte pierda apoyo entre los estadounidenses es que «con demasiada frecuencia» los tribunales y los funcionarios públicos o ignoran «errores potencialmente mortales» o «a menudo» actúan «para obstruir la verdad».
Florida y Ohio fueron los estados donde más sentencias a muerte se impusieron en 2019, con seis cada uno. En total en solo ocho estados hubo más de una condena a muerte.
Menos condenas a muerte, menos ejecuciones, más estados donde la pena capital se abolió o no se aplica y una mayoría de estadounidenses que prefiere la cadena perpetua como máximo castigo son algunos indicadores del informe 2019 del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC).
El reporte publicado este martes indica que hasta el 17 de diciembre 22 personas fueron ejecutadas y 33 fueron condenadas a la pena capital, cifras inferiores a las de 2018, pero que hasta fin de año pueden sufrir alguna variación, aunque no significativa.
De los 22 ejecutados en 2019 solo uno era hispano, Mark Soliz, que recibió la inyección letal en septiembre en Texas, doce eran negros y 17 blancos, señaló a Efe sin especificar el origen de los dos restantes Robert Dunham, director ejecutivo de DPIC, una entidad privada con sede en Washington.
Se trata del quinto año consecutivo en el que las ejecuciones no sobrepasan la treintena y las condenas la cincuentena.
La organización privada con sede en Washington destaca en el informe que desde los años 90, cuando se alcanzaron los máximos, se ha producido un descenso de más del 85 % en las condenas a la pena de muerte y de más del 75 % en el caso de las ejecuciones.
Desde 1991 el año en el que ha habido menos ejecuciones es 2016, cuando hubo 20, indicó Dunham.
En 2019 las ejecuciones se circunscribieron a siete estados. Texas estuvo a la cabeza por número de ejecutados (nueve), seguido de Tennessee (tres), Alabama (tres), Georgia (tres), Florida (dos), Dakota del sur (uno) y Misuri (uno).
En 32 estados la pena capital está abolida o no se aplica desde hace una década.
En 2019 Nueva Hampshire se unió a los «abolicionistas», que ya suman 21, Indiana cumplió diez años sin ejecuciones y California dejó en suspenso las que estaban pendientes.
En contraste con estos datos y con una encuesta de Gallup que reveló en 2019 que por primera vez desde 1985 hay una mayoría de estadounidenses (60 %) que prefiere la cadena perpetua a la pena de muerte, el Gobierno trató de reanudar las ejecuciones en el ámbito de la justicia federal después de un paréntesis de 16 años.
Dunham señala la importancia de ese 60 %, aunque matizó que la encuesta de Gallup consta de dos preguntas y que cuando se les interroga a los estadounidenses acerca de si están de acuerdo o no con la pena de muerte en general, un 56 % responde afirmativamente.
Además del intento de restablecer la pena de muerte en el ámbito federal, una medida que está en manos de los jueces y puede llegar a la Corte Suprema, un dato negativo que el Centro de Información sobre la Pena de Muerte señala en su reporte anual es la ejecución de condenados cuya culpabilidad no estaba demostrada totalmente.
«Dos presos fueron ejecutados este año a pesar de las dudas sustanciales existentes sobre su culpabilidad y James Dailey, en Florida, y Rodney Reed, en Texas, estuvieron cerca de ser ejecutados a pesar de la abrumadora evidencia de su inocencia», dijo Dunham, autor principal del informe.
Dunham afirma que una de las razones de que la pena de muerte pierda apoyo entre los estadounidenses es que «con demasiada frecuencia» los tribunales y los funcionarios públicos o ignoran «errores potencialmente mortales» o «a menudo» actúan «para obstruir la verdad».
Florida y Ohio fueron los estados donde más sentencias a muerte se impusieron en 2019, con seis cada uno. En total en solo ocho estados hubo más de una condena a muerte.
EFE
