Mesa Territorial de Garantías para Defensores de DDHH, preocupada por situación en el Bajo Cauca

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Medellín fue el escenario este viernes 4 de mayo en el que se cumplió la Audiencia de la Mesa Territorial de Garantías para Defensores de Derechos Humanos del departamento de Antioquia.

La Audiencia, que contó con la asistencia de más de 120 personas, se centró en la revisión de las problemáticas correspondientes a la subregión del Bajo Cauca antioqueño en lo que respecta a los procesos de garantía para la defensa de los derechos humanos y se hizo un repaso a las alertas tempranas existentes en los diferentes municipios de la subregión.

En el Bajo Cauca corren un peligro real los defensores de derechos humanos, quienes denuncian las constantes violaciones que se cometen en las comunidades en general debido a la presencia de grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas, AGC, y los Caparrapos, una disidencia de la anterior y que ahora se disputan el control por el territorio.

El alto número de asesinatos y los constantes enfrentamientos, sumado a las amenazas de muerte, han hecho que sus pobladores se desplacen forzosamente hacia las cabeceras municipales de la subregión e inclusive a Medellín, ciudad capital a la que, según la Personería, han llegado 2.119 personas este año, procedentes del Bajo Cauca y de Ituango, municipio del Norte antioqueño.

Mientras la institucionalidad promete operaciones (Agamenón II), aumento del pie de fuerza y arribo de armamento pesado, en la zona se padece la guerra, las conminaciones, las fronteras invisibles, los toques de queda, agresiones directas y homicidios.

Análisis Urbano y Corpades estuvieron en la Audiencia de la Mesa Territorial y pudieron verificar la presencia en ella de delegados de la Gobernación de Antioquia, el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Consejería Presidencial de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, USAID, MAPP OEA, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Fiscalía General de la Nación, ONU, Policía Nacional y Ejército Nacional. Todos ellos reiteraron su compromiso en salvaguardar los derechos humanos de los antioqueños.

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