Cuando se cumple un año de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de México, el país no ha logrado resolver la grave crisis de derechos humanos, expresó la organización Amnistía Internacional (AI) en su informe «Cuando las palabras no bastan».

En el documento, que se presentó este miércoles en Ciudad de México, Amnistía Internacional reconoció que el Gobierno de López Obrador recibió un país con una profunda crisis en materia de derechos humanos.

Pero señaló que luego de un año AI sigue documentando «la grave situación de DD.HH. que atraviesa México y observa con preocupación la continuación de esta crisis».

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, consideró que el Gobierno de López Obrador «ha mostrado voluntad» por avanzar parcialmente en algunas iniciativas, sobre todo en el tema de desapariciones.

Aunque después de un año, indicó, «no se observan cambios sustanciales» en la sociedad mexicana, que enfrenta «una gravísima crisis en materia de derechos humanos que se ha prolongado por más de una década».

Guevara-Rosas sostuvo que los «altísimos niveles de violencia, que atentan contra el derecho a la vida, la tortura, aún generalizada, los alarmantes índices de violencia contra las mujeres y una estrategia de seguridad militarizada más viva que nunca son una muestra de la trágica realidad en México».

Según el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México registró 2.866 homicidios dolosos en octubre, 38 más que el mes anterior, y acumuló 28.741 casos en los primeros 10 meses de 2019.

AI destacó temas que el actual Gobierno «debe abordar de forma urgente», entre ellos los derechos de los pueblos indígenas y la protección de sus territorios, la situación de violencia que enfrentan las personas LGBTI, el acceso a derechos sexuales y reproductivos y el ejercicio de derechos sociales y económicos.

Además, señaló que el Gobierno de López Obrador, que se inició el 1 de diciembre de 2018, «no se ha alejado sustancialmente de la estrategia de seguridad altamente militarizada de sus predecesores» Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La organización destacó que el actual mandatario se ha negado a reconocer la tortura como práctica generalizada y ha endurecido la gestión migratoria.

Además ha restringido indebidamente y puesto en riesgo el ejercicio de la libertad de reunión pacífica y ha estigmatizado consistentemente a periodistas y organizaciones de la sociedad civil que han criticado sus políticas. Este escenario ha provocado «un ambiente hostil» contra periodistas y defensores de derechos humanos y sus organizaciones.

Recordó que en agosto el Gobierno anunció que México reconocería la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para revisar las comunicaciones sobre casos individuales, una de las reiteradas demandas de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de derechos humanos. Pero dicha medida aún no ha sido implementada.

GENERALIZADA VIOLENCIA CONTRA MUJERES

El informe apunta a que la violencia por motivos de género sigue siendo generalizada en México y las políticas estatales y los avances legislativos «han sido insuficientes para atender el creciente número de homicidios, desapariciones y otras graves violaciones a los derechos humanos en contra de mujeres y niñas en todo el país».

Precisamente en materia de violencia de género, la directora ejecutiva de AI-México, Tania Reneaum, dijo a Efe que el lunes un equipo del presidente reconoció las diferentes problemáticas que se enfrentan las mujeres en México.

«Tienen acciones concretas para erradicar la violencia de género y veremos si en el mediano plazo esas acciones ayudan a que el índice de feminicidios disminuya», expuso.

Recordó que de enero a septiembre de este año se reportaron 748 víctimas de feminicidio en México.

Reneaum expresó que López Obrador tiene una gran oportunidad de implementar una nueva política de derechos humanos porque cuenta con una alta aprobación.

Pero expresó preocupación de que el cuestionado proceso en el Senado para designar a la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, «pueda debilitar a la institución».

Amnistía consideró que, para lograr un cambio sustancial, el Gobierno de López Obrador, que concluirá en 2024, «tiene que dejar de culpar a las Administraciones anteriores de la situación y, en su lugar, aceptar la responsabilidad de lo que sucede en el presente».

Entre las recomendaciones que hizo la organización al Gobierno de México están las de desmilitarizar la Guardia Nacional y desarrollar una política integral de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas con enfoque colectivo y comunitario.

También pidió poner fin a las prácticas ilegales de devolución de migrantes en situación irregular, asegurando el acceso al asilo para personas cuya vida está en riesgo, y llevar a cabo investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre los asesinatos de mujeres por motivos de género.

EFE