Desde finales de 2010 y principios de 2011, cuando ya se estaba terminando la confrontación entre las dos líneas militares que dirigían alias Valenciano y Sebastián, respectivamente, ambas adscritas a la Oficina de Envigado —actualmente conocida como la Oficina del Valle de Aburrá—, miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) empezaron a hacer presencia en la parte alta de la comuna 8 (Villa Hermosa), concretamente en los barrios La Sierra, Villa Turbay y una parte de Villa Lilian. Esta agrupación, conocida también como Clan del Golfo, se hacía llamar en ese entonces como Los Urabeños. Estos territorios estaban bajo el dominio de alias Valenciano.
Inicialmente, habrían ingresado por la alianza que tendrían con alias Valenciano y posteriormente, cuando concluye la confrontación armada de la Oficina, empiezan a fortalecer su presencia asumiendo en sus filas a buena parte del grupo criminal de la zona que estaba al mando de Yeison Smith Velásquez, alias el Rolo, quien fue recapturado en junio de 2011 en el barrio La Sierra. Este se había fugado de la cárcel El Pedregal el 31 de octubre de 2010.
A partir de ese momento empiezan a llamarse bloque Sierra de las AGC. La institucionalidad no reconoce aún la presencia de esta estructura paramafiosa en la ciudad metropolitana y los ha denominado la odín La Sierra.
Llega la confrontación entre AGC y la Oficina y es el bloque Sierra el que asume la tarea militar de enfrentar a la Oficina a partir de febrero de 2012, en las comunas 8 y 9, que tenía presencia allí a través de Los BJ —conocidos también como Los Chamizos—, que se convierten en el muro de contención que impide el avance. En julio de 2013 llega el Pacto del Fusil, y aunque se han presentado tensiones militares como la ocurrida en 2014, el acuerdo criminal se ha mantenido y hoy el bloque Sierra expande sus dominios a Media Luna, Santa Elena y el túnel de Oriente.
La institucionalidad, representada en la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, le ha propiciados golpes importantes al bloque Sierra, pero en ningún momento los ha desmantelado. Esta organización sigue intacta, creciendo y fortaleciéndose.
Hoy, nuevamente, vuelve a ser noticia criminal el bloque Sierra; denuncias llegadas a la Agencia de Prensa Análisis Urbano alertan que en el barrio La Sierra se ha desatado una fuerte presión sobre los migrantes venezolanos que allí habitan. «A muchos venezolanos que vivían en La Sierra, el grupo armado los están haciendo ir; a los que quedan les han dado el ultimátum para que abandonen el lugar», comentan las fuentes en el lugar. Al preguntarles cual sería la razón para desplazar forzadamente del barrio a estos migrantes, solo atinan a decir: «Desconocemos cuál sea la razón para que los echen del barrio, lo único que sabemos es que dicen que no los quieren ver más».
La situación que viven muchos de los migrantes venezolanos que llegan buscando un mejor modo de vida es difícil. Vienen a Medellín sin saber cuál es la realidad que se vive, el espejismo publicitario de creer que están arribando a una ciudad innovadora, pujante, próspera y en paz los atrae. Cuando llegan e inician el recorrido de llegar a las comunas y los corregimientos e ingresan a barrios como La Sierra, Villa Turbay, entre otros, se topan con el verdadero panorama, tienen que someterse al control criminal y, por ende, a las reglas que dictan los criminales que allí mandan.
Al parecer, los migrantes venezolanos estarían viviendo una situación parecida o peor que la de sus connacionales que habitan en la parte alta de la comuna 16 (Belén) y el corregimiento de Altavista. En el artículo Migrantes venezolanos serían víctimas y victimarios en Belén explicamos cómo está la situación allí.
Los denunciantes de La Sierra concluyen: «Es triste ver como la autoridad hace presencia a través de un CAI en medio del barrio y no sepa lo que pasa».
La ONG Corpades y la Agencia de Prensa Análisis Urbano hacen un llamado a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, al mando del brigadier general Eliécer Camacho; al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; a la Personería Municipal, al gobernador Luis Pérez Gutiérrez; y al Proceso Social de Garantías para que se verifiquen las denuncias y, de ser corroboradas, se ponga en marcha un plan de contingencia para atender a los migrantes venezolanos.
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