La Defensoría del Pueblo dio a conocer nuevos detalles sobre la situación del Bajo Cauca en su última alerta temprana. Lejos de tener datos alentadores, estamos obligados a contarle a nuestros lectores que la situación en esta región poco ha cambiado en los últimos meses, y parece que lo que ha cambiado ha sido para mal.
Para empezar, están empezando a figurar con fuerza los integrantes del antiguo Frente 18 de las Farc, disidentes de esta guerrilla que ahora manejan su propia agenda en los territorios. De acuerdo con testimonios de pobladores de la zona, un nuevo grupo de hombres armados y uniformados han visitado casas en veredas y corregimientos aledaños a Ituango, Puerto Libertador, Tierralta y Montelíbano.
Este grupo se ha presentado como “Nuevo Frente 18 Camarada Román Ruíz-Cacique Coyará de las FARC-EP”.
La zona de influencia de esta disidencia, según se ha conocido, son todas las tierras aledañas al Cerro del Paramillo, entre el norte de Antioquia y el sur de Córdoba. Esto los ha hecho entrar en confrontación directa con otros grupos armados, pues la zona ha estado en constante disputa entre grupos armados debido a las rutas a las que tiene acceso y por el alto número de cultivos de coca y cristalizaderos que hay dispersos por toda esta región.
Desde que las mayorías de los miembros de las Farc comenzaran su proceso de desarme y tránsito a la vida civil, algunas regiones del Bajo Cauca quedaron vacías, todavía con alto potencial para negocios ilícitos como el narcotráfico o la minería ilegal y muchos no-miembros de las Farc que aún trabajaban y trabajan en ello.
A pesar de que luego del Proceso de Paz unos cuantos efectivos de las disidencias de las Farc se quedaron en estos territorios, la estructura criminal que ahora tiene el control territorial por encima de las demás (disidencias de Farc, ELN y Caparrapos) son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también llamadas “Clan del Golfo”.
De acuerdo con lo que describe la Defensoría del Pueblo en su alerta, las poblaciones de los cascos urbanos y veredas de Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador e Ituango se encuentran en alto riesgo por estar en medio de las pretensiones territoriales de las AGC y el Frente 18.
El riesgo para los inocentes
La alerta temprana de la Defensoría del Pueblo enuncia que la población civil de los mencionados municipios y sus respectivas veredas y corregimientos “está expuesta a graves e inminentes riesgos de vulneración de sus derechos fundamentales”.
Esto se explica a través de sucesos recientes en el Bajo Cauca que la Defensoría enumera: incontables amenazas de muerte, registros de asesinatos a líderes sociales y defensores de los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito y también de asesinato a transportadores de botes y lanchas, moto taxistas y comerciantes.
Además, la misma población ha hecho denuncias de otros homicidios selectivos, desapariciones forzadas, accidentes por minas antipersona, reclutamiento forzado a menores de edad, violencia sexual y otros flagelos. Se sabe incluso de casos en los que civiles han sido arrastrados a las zonas de combate por miembros de las AGC para “transportar a sus heridos en hamacas” o para ayudar a curarlos. Todo esto, por supuesto, lo hacen bajo amenaza de muerte.
En toda esta zona del Bajo Cauca “hay restricciones para circular libremente”. Esto configura tanto la violación de un derecho fundamental a los ciudadanos como la cruda realidad de que estos prefieren estar escondidos o confinados por miedo de lo que pueda estar sucediendo afuera.
Tanto se ha agravado en los últimos meses la situación humanitaria de la población civil en esta región del Bajo Cauca que ya se han registrado cuatro desplazamientos masivos de civiles que buscan refugio. Esto comenzó a ocurrir el 21 de marzo de este año, y no se ha detenido.
Hasta el momento, la Personería de Puerto Libertador registra el desplazamiento de 2.046 personas. Y por solo nombrar una de las consecuencias inmediatas de estas situaciones, las familias desplazadas tuvieron que ocupar las instalaciones de la institución educativa Santa Teresita. Más de 1.200 estudiantes llevan casi un mes sin poder ir a clase.
Otra población que la Defensoría reconoce como en riesgo es la indígena, que abunda en esta zona. En los últimos meses han ocurrido asesinatos selectivos a varias autoridades tradicionales de los resguardos resguardos Embera Katío Quebrada Cañaveral y Zenú del Alto San Jorge.
Misma guerra, cada día cambian los actores
La abundancia de cultivos de coca hace del Bajo Cauca un lugar por colonizar. De acuerdo con otras investigaciones realizadas con anterioridad, los habitantes del Bajo Cauca ‘se quedaron esperando’ a los funcionarios del Estado, las carreteras, colegios, hospitales y demás luego de que las Farc abandonaron parte de estos territorios.
Antes de que cualquiera de estos llegara, cuentan los mismos habitantes del Bajo Cauca, ya habían llegado otros grupos armados a ocuparlos y hacerse cargo de sus negocios. No es sino echar un vistazo al desafortunado suceso del 20 de septiembre del año pasado. Tres geólogos fueron asesinados, de acuerdo con los sobrevivientes a esta masacre, por hombres que se identificaron como disidentes de las Farc. Esto sucedió en Yarumal –que ni siquiera es tan al norte- en el contexto de una disputa territorial entre grupos armados. El Ejército, se dijo en este momento, no tenía control sobre esta zona.
Iván Duque estableció una fuerza de 4.000 hombres del Ejército llamada “Fuerza Aquiles” en enero de este año. Les dio la “única misión” de “perseguir a las organizaciones criminales que operan en el bajo Cauca y sur de Córdoba”. No obstante, el defensor del pueblo Carlos Negret habla en la alerta temprana que esta solución de militarización no ha sido efectiva.
En este escenario, el Ejército representa un grupo más que se añade a la confrontación por la soberanía de este territorio.
Minas, balas, metralla y sangre
El escenario de guerra es el siguiente:
El nuevo Frente 18 de las disidencias, en su misión de expansión territorial, comenzó a utilizar tácticas de guerra de guerrilla al saberse superados en número por las AGC. Con mejor conocimiento del territorio, lograron incursionar pequeñas escuadras hasta sitios donde acampaban sus adversarios, o disparándoles desde lugares ocultos con francotiradores.
Posterior a esto, los exguerrilleros deshacían sus pasos y dejaban minas en el camino para que miembros de facciones contrarias cayeran en ellas cuando emprendieran la persecución contra ellos.
El objetivo de esto no fue solo tener un gran número de bajas en sus enemigos, sino minarles la moral. Se sabe de una confrontación del 9 de marzo que dejó 18 bajas a las AGC, entre heridos y muertos.
Las AGC han respondido, entonces, con sus propios campos minados para mantener alejados a los disidentes de las Farc. Lo curioso es que según informaciones del terreno, las AGC estarían haciendo esto con la ayuda de ingenieros de disidencias de las Farc, quienes los han asistido en el tema de explosivos pues las AGC se estaban causando bajas a sí mismos por no saber manipular los explosivos.
Además de esta situación, un grupo de las AGC bajó del Urabá con el objetivo de recuperar los territorios perdidos en las últimas semanas contra este Frente 18. Este grupo se presentó en la región como las “fuerzas especiales de las AGC”.
Los combates, a hoy continúan, y el conflicto escala.
La población civil, por supuesto, sigue en el medio de todo esto.
Oficio CIPRAT Monteliìbano, Puerto Libertador e Ituango rev JACC
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