La Procuraduría General de la Nación pidió al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo García, un informe sobre las acciones establecidas para la prevención de las violencias sexuales por parte de la fuerza pública, con evidencias de los protocolos de reacción inmediata puestos en marcha ante la comisión de estos delitos.
El Ministerio Público solicitó reporte de las acciones emprendidas desde el año 2015 a la fecha, para garantizar que los mandos superiores ejerzan medidas concretas para prevenir conductas de violencia sexual de sus subalternos, y asegurar que el personal bajo su supervisión sea consciente de que son inaceptables estos comportamientos y que no serán tolerados en ninguna de las fuerzas.
Así mismo, requirió precisar el estado actual de la política en derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva, equidad y prevención de la violencia basada en género del Ministerio de Defensa, y remitir informe sobre su implementación y evaluación, así como los mayores logros y obstáculos encontrados y el presupuesto asignado para su desarrollo.
El ente de control pidió información sobre las acciones desplegadas por el Ministerio de Defensa para fortalecer los procesos de formación en prevención de las violencias sexuales y el respeto por los derechos humanos, el avance del programa de acercamiento a la comunidad local para explicar la política de ‘Tolerancia Cero frente a la Violencia Sexual’, y el mecanismo establecido para que personas puedan presentar quejas en un entorno confidencial.
Además, solicitó reporte sobre el procedimiento de recolección de información de las quejas contra integrantes de las fuerzas armadas, por la presunta comisión de conductas que impliquen violencia sexual, y señalar el procedimiento de respuesta y seguimiento a cada una de ellas.
Finalmente, la Procuraduría pidió remitir el protocolo de reacción inmediata ante la noticia de un hecho de violencia sexual cometido por uno de sus integrantes, o en zonas que se encuentren bajo su control, para garantizar la aplicación coherente de los procedimientos disciplinarios, y el traslado inmediato de la denuncia a la justicia ordinaria para su correspondiente investigación.
Esta solicitud hace parte del seguimiento al cumplimiento de la Ley 1719 de 2014 – Ley de acceso a la justicia para víctimas de violencias sexuales-, que adelanta la Procuraduría General de la Nación desde su aprobación.
