La Agencia de Prensa Análisis Urbano reproduce a continuación los comunicados que han sido enviados a nuestro medio sobre la difícil situación que atraviesan los mineros tradicionales que luchan por estabilidad laboral y que se encuentran participando activamente en el Paro Cívico que se desarrolla en los municipios de Segovia y Remedios enfrentando a la multinacional Gran Colombia Gold y el ESMAD de la Policía Nacional de Colombia.
Enviado por la Agencia de Comunicación Contemos Pueblo
Por Jandey Marcel Solviyerte
Desde las horas de la mañana de ayer 31 de julio de 2017 se vienen presentando repetidos disturbios en estos dos municipios del nordeste antioqueño, entre los mineros y el ESMAD, el cual, violando el Derecho Internacional Humanitario, tomó por asalto y como centro de operaciones para la represión -orquestada por las directivas de la multinacional-, la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Segovia, el único hospital del municipio, teniendo que ser trasladados los heridos surgidos de los choques entre la población minera y la fuerza pública, hacia Remedios para ser atendidos en el hospital de la población vecina, también afectada por los disturbios y por la problemática con la Gran Colombia Gold. El ESMAD, no contento con tomarse el hospital, atacó con gases a una ambulancia de la Cruz Roja, por lo cual la coordinación de esta entidad suspendió por falta de seguridad para el personal médico las misiones realizadas por la Cruz Roja entre los dos municipios.
Lo que al principio era una protesta pacífica por parte de los mineros tradicionales de los municipios de Segovia y Remedios contra los abusos que la multinacional realiza sobre su derecho al trabajo, en una tierra a la cual han pertenecido por generaciones, desde antes de que los advenedizos llegasen a expropiarlo todo, incluso el subsuelo (“A perpetuidad”) con el respaldo irrestricto de las autoridades locales, departamentales y nacionales, se ha tornado en una jornada de violencia que arroja varios heridos en los choques que aún no han parado y que se agudizaron en las horas de la noche del 31 y de la madrugada de hoy 1 de agosto; gracias a información suministrada por habitantes de Segovia, se conoce el caso de una bebé de 15 meses, en grave estado de salud al exhalar los gases que el ESMAD arrojó contra la población, la cual desde el 20 de julio mantiene un paro cívico minero, donde el comercio, los contratistas, los chatarreros y barequeros, así como propietarios de pequeñas minas legales e ilegales, pararon funciones y con ello la dinámica social de estos municipios azotados tantas veces por la violencia empresarial, estatal y paramilitar.
La tensión continúa, porque tras la ocupación del hospital por parte del ESMAD, según el informe de los voceros de la Mesa Minera de este municipio, algunas personas sin identificar atacaron al ESMAD atrincherado en el hospital, causando daños en las instalaciones de salud; como se ha dicho, las únicas del municipio de Segovia. En horas de la tarde en el corregimiento La Cruzada del municipio de Remedios, el ESMAD también atacó las instituciones educativas y lanzó proyectiles de gas lacrimógeno al interior de las casas. Según testimonios, lo que tampoco es un secreto en las poblaciones mineras, algunos habitantes como respuesta a la agresión del ESMAD hicieron uso de armas de fuego, luego de que la fuerza pública hiriera a algunos de los manifestantes con disparos de fusil (Ver evidencia de casquillos calibre 5.56 mm en video 1).
Gracias a información dada por un funcionario del servicio médico de Remedios, hasta el momento hay más de 20 heridos, ocho de ellos de gravedad, que fueron remitidos a Medellín. Se tiene conocimiento de que hay heridos en el la fuerza pública pero no se sabe la cifra exacta. (Ver video 2. Choques entre manifestantes y el ESMAD en inmediaciones del hospital San Juan de Dios).
La historia de los choques entre los mineros y la multinacional data del año 2010, cuando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez cerró la empresa Frontino Gold Mines, al declararla, según el propio exmandatario, no rentable, entregando los terrenos y las licencias de explotación a la Gran Colombia Gold, de capital canadiense, la cual nació de la fusión de las firmas Zandor Capital y Medoro Resources; de inmediato la nueva junta ordenó el despido de 1400 mineros generando el primer paro durante la administración de la multinacional. En la actualidad, la empresa mantiene la postura de cerrar todas las minas “ilegales” y propone a los mineros que todo el oro que extraigan tiene que ser vendido exclusivamente a la Gran Colombia Gold, obteniendo ésta una ganancia del 70% frente al 30% de ganancia de los mineros; situación que en la práctica tampoco se da, porque la multinacional, para no cumplir con lo establecido, argumenta que los valores del oro salieron bajos, lo que ha sido una constante desde el inicio del monopolio de la empresa canadiense en el territorio.
Desde hace 7 años esta problemática se ha agudizado, generando lo que en su momento el periodista Juan José Hoyos llamó como “La nueva guerra del oro en Antioquia”, donde han sido asesinados varios líderes sindicales y dirigentes de las distintas mesas mineras, así como líderes sociales. La primera víctima de este nuevo ciclo de violencia fue John Jairo Zapata Marulanda, quien fue atacado a balazos el 5 de junio de 2010, y que gracias a unos compañeros que lo encontraron y lo llevaron al hospital logró salvar su vida, teniendo que exilarse de la población a raíz de las constantes amenazas. Rafael Tobón, miembro fundador del Sindicato de Mineros de Segovia, fue abaleado el 26 de julio de 2011, siendo la primera víctima fatal. Durante el paro del año 2012, el día 27 del mes de julio, después de denunciar ante el canal Teleantioquia la situación en la región y las amenazas en su contra, fueron asesinados Jaminson Adrián Amaya y Nelson Cadavid, reconocidos líderes del paro. No se puede olvidar la masacre del 11 de noviembre del año de 1988, cuando un comando paramilitar denominado Muerte a Revolucionarios del Nordeste, asesinó a 43 personas y dejó heridas a medio centenar, por razones políticas y económicas, principalmente mineras.
Cabe recordar que la excanciller del segundo gobierno de Uribe Vélez, María Consuelo Araujo, actual funcionaria de la administración de Peñalosa en la Secretaría de Inclusión Social, fue hasta el año 2016 presidenta en funciones de la Gran Colombia Gold, y que la compañía minera, la de mayor producción en Colombia, cuenta -según información tomada de La Silla Vacía del 1 de agosto de 2016-, dentro de su cúpula en la Junta directiva con nombres como los de “Augusto López, ex presidente del Grupo Santo Domingo; Hernán Martínez, ex Ministro de Minas de Álvaro Uribe; y Mario Pacheco, ex presidente del Grupo Colpatria”. Uribe, Noguera, Araujo, son algunos de los apellidos funestos que han traído a estos municipios la nueva oleada de violencia generada por la guerra del oro en Antioquia.
El temor de los mineros no es única y exclusivamente por la pérdida de sus fuentes de empleo; los chatarreros y los barequeros no tienen a quién venderle lo que producen, y los dueños de los entables donde se procesa el mineral saben que las nuevas legislaciones no los favorecen, sino a las grandes empresas extranjeras; lo que buscan la empresa y el gobierno es su judicialización y no una concertación con la mediana y pequeña minería.
Mientras los medios de comunicación nacionales al servicio de los intereses neoliberales se centran en meternos hasta los tuétanos la “represión y el hambre” que vive el hermano pueblo venezolano, aquí en la bella y terrible Colombia tapan la represión y el hambre que los grandes señores hacedores de muertos y de miseria producen. Hoy Segovia y Remedios se levantan de nuevo en zozobra, o más bien, con la seguridad de nuevas agresiones, y ni por todo el oro del mundo podrán silenciar las voces que reclaman condiciones dignas para ejercer la labor que aprendieron desde niños en una tierra espléndida y rica, lo que también se ha convertido en su desgracia.
La guerra por el oro en Antioquia no es una guerra como tal, es una masacre contra los pueblos del nordeste, y es preciso que los antioqueños y los colombianos lo sepan para que no se acallen nunca más y ayuden a frenar esta ola de violencia, reiterativa e infame.
Comunicado público de Cahucopana
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