El referendo propuesto por la senadora del Partido Liberal, Viviane Morales, que busca prohibir la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo o madres y padres solteros, podría hundirse en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, debido a una serie de recomendaciones hechas por el Ministerio de Hacienda, en las que se resalta el altísimo costo para el Estado colombiano si se llegara a aprobar este referendo en su tercer debate.
El lento crecimiento de la economía colombiana en 2017 y otros gastos asumidos por el Estado —postconflicto y desastres ambientales— hacen de este mecanismo de participación, una carga adicional que el fisco nacional no es capaz de asumir en estos momentos. El costo del referendo propuesto por Morales sería de 280.000 millones de pesos, destinados a una negación de derechos reconocidos por la Corte Constitucional en noviembre del 2015.
Los jueces de dicha institución reconocieron el derecho a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, partiendo de la igualdad y el derecho a la familia, teniendo como centro de la sentencia a los menores de edad. Según la académica Catalina Botero: “Hay tres veces más niños en condiciones de adoptabilidad que solicitudes de parejas heterosexuales de adoptar”.
Por su parte, Gonzalo Gutiérrez Lleras, representante del Centro para el Reintegro y Atención del Niño (CRAN) demostró con cifras la inviabilidad de la propuesta de la senadora del Partido Liberal. “Hay más de 25 mil niños en hogares sustitutos y de esos 6.300 buscando hogar”, afirmó Gutiérrez.
El documento enviado a la Cámara de Representantes por parte del Ministerio de Hacienda y firmado por el ministro Cárdenas, expone:
“El referendo podría demandar recursos del orden de 280 mil millones de pesos, los cuales en la actualidad no están incluidos en el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación para el año 2017, ni en las estimaciones del Marco de Gasto de Mediano Plazo del sector”.
La discusión no solo se ha dado en términos presupuestales y fiscales, también se han sentado posturas que sostienen que el derecho a la familia por parte de parejas del mismo sexo y por parte de los mismos niños que esperan ser adoptados se negaría rotundamente de pasar el referendo en tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Sectores de la academia, de la comunidad LGBTI y de organizaciones sociales respaldan la sentencia de la Corte Constitucional en 2015. Mientras tanto, los sectores más conservadores del país, asociados a la militancia en diferentes iglesias pentecostales y al cristianismo en general, parten de argumentos morales para condicionar los criterios de adopción.
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