Santiago de Chile, 8 agosto de 2021.- El proyecto de ley que debate el Congreso chileno para liberar a los manifestantes que fueron detenidos durante las protestas sociales de 2019 «parte de una premisa falsa, que tipifica como presos políticos a delincuentes comunes», dijo el ministro del Interior del país, Rodrigo Delgado.
«Los que están privados de libertad son personas que cometieron delitos, en un contexto de estallido social, pero delitos. El preso político en Chile no existe, porque nadie está privado de libertad por cómo piensa», señaló el secretario de Estado en una entrevista con el diario local El Mercurio publicada este domingo.
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«Es un proyecto que no corresponde y más que un indulto es una amnistía. Por lo tanto, el concepto no aplica», agregó Delgado, que no descartó llevar el proyecto al Tribunal Constitucional para evitar que pueda convertirse en ley.
El tratamiento del proyecto, impulsado por la oposición de izquierdas, se encuentra en su fase inicial y de momento solo se ha tratado en las comisiones del Senado, pero es uno de los temas que más controversia está generando en el país.
Varias manifestaciones se suceden cada semana en el centro de Santiago pidiendo la liberación de quienes consideran «presos políticos» y el asunto invade también el trabajo del órgano que redactará la nueva Constitución de Chile, que en una de sus primeras acciones aprobó una declaración pública para solicitar al Congreso que acelere la discusión del proyecto.
La Fiscalía Nacional contabilizó que hay 25 imputados por delitos cometidos en el contexto del estallido social entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, que actualmente están en prisión preventiva.
Todos ellos son adultos y están investigados por causas como la comisión de un homicidio consumado y tres frustrados, activación y/o lanzamiento de bombas molotov, robo con intimidación o violencia, delito de incendio o porte ilegal de armas.
El estallido social de octubre de 2019 contra el modelo neoliberal de Chile, la ola de protestas más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), dejó una treintena de muertos, así como miles de heridos y de detenidos por episodios de violencia extrema, vandalismo, saqueos e incendios, entre otros.
Al mismo tiempo, las fuerzas del orden del cuerpo policial de Carabineros y del Ejército quedaron en entredicho y fueron acusadas de ejercer represión y violar derechos humanos para sofocar las protestas.
