Medellín 05-07-2016
Comunicado público
El 2016 ha sido llamado el año de la paz, el posconflicto y la reconciliación en clave de derechos humanos. Podría ser cierto si en verdad todos los colombianos fueran tenidos en cuenta en tan importantes acontecimientos, sin embargo, la no existencia de una voluntad real de paz con justicia social del Estado colombiano, que sea incluyente, nos deja perplejos. ¿Cómo hablar de paz, reconciliación y desarrollo social sí están dejando matar a los defensores de derechos humanos?
El 10 de diciembre de 2015, después de varios años, se pudo instalar la Mesa Territorial de Garantías, en la que tiene asiento la institucionalidad y el Proceso Social de Garantías. Se pensó que ella sería el espacio de interlocución legítimo para tratar los diversos temas que aquejan a Antioquia en materia de violación a los derechos humanos, pero a la fecha esto no funcona así, la mesa es una convidada de piedra que no es tenida en cuenta por la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín —y por ende las otras alcaldías de la región—. ¿Qué hacer ante esta situación, seguimos asistiendo al show mediático que solo sirve para lavar la imagen de un Estado irresponsable?
Durante más de seis años el Proceso Social de Garantías en Antioquia ha buscado que los DD. HH. estén en la agenda pública de las alcaldías y la gobernación de Antioquia, e igualmente que la institucionalidad respete, valore y proteja a los defensores. La respuesta ha sido nefasta y varios de ellos fueron asesinados vilmente; casos como el Judith Adriana Vergara, Alexánder Pulgarín, de Corpades, Haider Ramírez, presidente de Corapaz, Ana Fabricia Córdoba, entre otros, son muestra de esta situación de indefensión de los líderes sociales en el trabajo por la promoción de los derechos humanos.
En 2015, 12 defensores fueron asesinados en Antioquia, son ellos: Wilmar David Arías Delgado, Luis Fernando Wolff, Diomedes Domicó, Viviana Agudelo Zapata,Juan David Quintana Duque, Claudia Caicedo, José Alirio Prieto, Héctor Cortés, un Indigena Indigena Integrante del resguardo Indígena Enbera Katio de las Playas, Fernando Augusto Silva Henao, Guillermo Reinaldo Arias Osorio, Uriel Humberto Amaya Correa.
En lo que va de 2016 ya son 7 las víctimas mortales: Gilberto de Jesús Quintero, William Castillo Chima, Manuel Chimá Pérez, Ramón Eduardo Acevedo Rojas, Yolay Chica, Amado Gómez, Wilson Manuel Cabrera Mendoza.
Con esto se demuestra el abandono al que han estado sometidos los defensores en la región y esa parece ser la verdadera voluntad política que ofrece el Estado en los ámbitos local, departamental y nacional, no es otra cosa que desidia, ostracismo, intimidación y judicialización para finalmente dejar a merced del paraestado a los defensores y que así sus mercenarios cumplan la labor de eliminar física y moralmente a los luchadores populares.
Lamentablemente, interlocutar con un Estado miope es difícil, por no decir imposible; con contadas excepciones, cuando algunos funcionarios se tomaron en serio la tarea de fortalecer la interlocución entre defensores e institucionalidad. Cómo olvidar la loable labor del secretario de gobierno de Antioquia en el periodo de Sergio Fajardo, Santiago Londoño, y en la actualidad la que cumple Carlos Arcila Valencia, subsecretario de Derechos Humanos de Medellín, a pesar de estar bajo la presión constante de los intereses particulares que pululan en la administración del actual alcalde de la ciudad.
Hoy, 5 de julio de 2016, el Proceso Social de Garantías de Antioquia denuncia ante la opinión pública que el gobernador del departamento, Luis Pérez Gutiérrez, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el resto de alcaldes de la región poco hacen para legitimar, respaldar y proteger la labor de los defensores de derechos humanos.
¿Será que es posible alcanzar la paz cuando se persigue y asesinan líderes sociales? ¿Será que con la sola retórica se puede alcanzar la reconciliación nacional? ¿Dónde están los pronunciamientos de los mandatarios de Antioquia y Medellín que condenen los asesinatos, la persecución y la intimidación a los defensores de derechos humanos? ¿Qué ha hecho el gobierno del presidente Santos para reorientar el modelo de protección de la UNP, basado en desestimar las amenazas a los defensores y presentar estudios de seguridad sin ningún tipo de contexto que muestre la realidad que se vive en la región? ¿Qué papel cumple el Ministerio del Interior que permite tanta desidia e irresponsabilidad del órgano de protección en Colombia?
El Proceso Social de Garantías pregunta: ¿será que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos sí es el más comprometido con los derechos humanos? No. En este gobierno se siguen presentando asesinatos de defensores. Si existiera una verdadera política en la promoción y el respeto a los derechos humanos, muchas de esas muertes se habrían evitado.
¿Para qué sirve la UNP?
Es necesario que el actual director nacional, Diego Fernando Mora, realice con prontitud una reunión con los delegados del Proceso Social de Garantías para abordar los temas relacionados con la seguridad de los defensores y aclarar los serios indicios que hay sobre el desmonte de no menos de cuarenta esquemas en Antioquia.
Esperamos una respuesta positiva y contundente sobre el importante papel que desempeñan los defensores de derechos humanos, y que sea emitida por el presidente Juan Manuel Santos, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, el alcalde Federico Gutiérrez y el resto de alcaldes de la región, solo así sabremos si hay o no ambigüedad de ellos frente a la paz y la reconciliación en clave de derechos humanos.
Proceso Social de Garantías Antioquia
Temas relacionados
Defensores de Derechos Humanos: “Valen menos que la bala que los mata”
A pesar de las promesas gubernamentales continúan asesinando defensores de Derechos Humanos
No hay garantías reales para las y los defensores de Derechos Humanos en Medellín
Medellín asesina sus líderes. Y los olvida
