El ataque ocurrió en la madrugada del 31 de diciembre: el hijo y el suegro de la víctima resultaron heridos.
ATLÁNTICO, COLOMBIA, (1 ENE 2025) – Un atentado sicarial perpetrado en la madrugada del pasado martes 31 de diciembre dejó como saldo la muerte de Carolay Patricia Escobar Isaza, de 25 años, y heridas de gravedad a su hijo de 8 años y a su suegro, Franklin Enrique Ballesteros Altamar, de 72 años.
Informa el medio El Heraldo. El hecho ocurrió alrededor de la 1:10 a. m., cuando hombres armados ingresaron a una vivienda ubicada en la calle 60A con carrera 9L del barrio El Bosque. Los atacantes revisaron las habitaciones hasta encontrar a Escobar Isaza, contra quien abrieron fuego, causándole la muerte inmediata. Posteriormente, dispararon contra su hijo menor de edad y el adulto mayor antes de huir en la motocicleta en la que habían llegado.
El niño y el adulto mayor fueron trasladados al P.A.S.O. El Bosque, donde recibieron atención médica de urgencia. Ambos permanecen bajo observación, mientras las autoridades continúan investigando los motivos detrás del ataque.
Una de las principales hipótesis apunta a una posible disputa por el control del microtráfico en el barrio El Bosque. Según información preliminar, Carolay Patricia habría recibido amenazas previas por parte de un hombre conocido con el alias «El Mocho», relacionadas con la venta de estupefacientes en la zona.
La Policía Metropolitana de Barranquilla y la Fiscalía General de la Nación trabajan en conjunto para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Este violento suceso ha generado alarma entre los residentes del sector, quienes piden mayores medidas de seguridad para frenar la criminalidad asociada al narcotráfico.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.