Desde su captura, la ahora sentenciada, se encuentra privada de la libertad. La pena impuesta tendrá que cumplirla en centro penitenciario.
Valle del Cauca, Colombia, 13 febrero de 2025.- Un juez penal del circuito de Tuluá condenó a Yajaira Andrea López a 19 años de prisión tras ser hallada responsable de los delitos de secuestro simple, tortura y hurto, todas las conductas agravadas.
La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas contundentes que evidenciaron la participación de López en los hechos ocurridos contra una menor de 17 años. De acuerdo con la investigación, la ahora sentenciada contactó a la adolescente y le exigió la entrega de un arma de fuego que supuestamente tenía en su poder. Para presionarla, le quitó las llaves de su motocicleta y, en compañía de otras tres personas, la retuvo contra su voluntad.
Durante el secuestro, la víctima fue sometida a tratos crueles e inhumanos. López utilizó un arma cortopunzante para herirla en 50 oportunidades, además de cortarle el cabello y las cejas. También introdujo su cabeza en una bolsa con límpido y jabón en un intento de asfixiarla. Posteriormente, la joven fue trasladada a orillas de un río, donde continuaron las agresiones antes de ser abandonada.
La menor fingió estar muerta para que sus agresores se marcharan, lo que le permitió sobrevivir. Posteriormente, fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial donde recibió atención médica.
Las autoridades capturaron a Yajaira Andrea López en febrero de 2023 en el barrio La Honda de Buga. Desde entonces, permanecía privada de la libertad hasta la reciente sentencia que la condenó a casi dos décadas en prisión.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.