Testigos afirman que la mujer fue atacada a quemarropa frente a decenas de personas
CUNDINAMARCA, COLOMBIA. (3 AGO 2025) – Un crimen que ha causado indignación nacional se registró en el municipio de Soacha, donde una mujer embarazada identificada como Liyela fue asesinada a tiros luego de negarse a pagar una extorsión impuesta por redes ilegales que controlan el transporte informal en la zona.
Conforme a los datos de Santa Marta Al Día. Testigos indicaron que dos sicarios se acercaron a la víctima y le dispararon a quemarropa frente a decenas de personas. Gravemente herida, fue trasladada al Hospital Cardiovascular, donde los médicos confirmaron su muerte cerebral. Su bebé tampoco logró sobrevivir pese a los esfuerzos realizados en la Clínica Avidanti.
De acuerdo con vecinos y familiares, Liyela sobrevivía vendiendo tintos y ayudando a conductores de transporte no regulado. El crimen, según versiones preliminares, se produjo porque se negó a pagar una cuota diaria de extorsión exigida por grupos ilegales, en su mayoría conformados por extranjeros.
El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico Jr., condenó el homicidio y lo calificó como “atroz”, al tiempo que pidió acciones urgentes a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional. Las autoridades confirmaron que se adelanta una investigación que apunta a redes de extorsión vinculadas a ciudadanos extranjeros que operan en el municipio.
La comunidad de Soacha exige mayor seguridad y medidas contundentes contra estas estructuras criminales que, según denuncian, llevan años intimidando a vendedores informales y trabajadores del transporte en la región.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.